El famoso software que encargó y utilizó Begoña Gómez al margen de su legítimo propietario, la Universidad Complutense, constituye el gran problema de la esposa del presidente del Gobierno y el que ha terminado de hundir sus posibilidades de evitar el juicio. Sí lo evita, por ahora, su aliado el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque éste se ve abocado a pieza separada, porque también se ven indicios suficientes de irregularidades en contratos públicos.
Los cinco magistrados de la Audiencia Provincial que ven indicios de delito en Begoña Gómez otorgan a trece indicios relacionados con el desarrollo software "una fuerza incriminatoria más que consistente como para hacer avanzar el procedimiento". Son los recopilados por el juez instructor Juan Carlos Peinado que, si bien ha sido corregido y desautorizado en otros puntos del caso, no en éste. La Audiencia Provincial no retiran el delito de apropiación indebida a Gómez, porque no se haya quedado con el software, sino porque ven este hecho mejor recogido en el delito de malversación, que conlleva, además, penas más duras. Se pueden agrupar en diez.
INMATERIAL PERO EXISTENTE
Todo arranca con el deseo de Gómez de aprovechar la cátedra universitaria para dotarse de un activo que es inmaterial, pero existente. "Existen indicios verosímiles por los que Begoña Gómez, codirectora de la Cátedra, y por ello con capacidad de acceder a los bienes materiales o inmateriales generados por la misma, desvió este activo hacia su esfera de exclusiva disponibilidad". La que debía ser guardiana de los bienes públicos de la UCM, los malversó presuntamente desviándolos a su interés personal, según los jueces. ¿Cómo llegan a este misil a la credibilidad de Moncloa?
DESDE LA UCM...
Gómez persiguió este software desde el paraguas público de la UCM, lo que le facilitó poder pedir ayuda técnica a empresas reguladas como Telefónica y Google o participadas por el Estado como Indra. Ese software iba a garantizar el funcionamiento de una nueva página web ofrecida a las pymes desde, teóricamente, la cátedra, para que pudieran evaluar si estaban cumpliendo objetivos sociales y ambientales.
...PERO SIN LA UCM
"La plataforma desarrollada en el seno de la cátedra estaba alojada en el dominio transformatsc.org", que no es registrado a nombre de la UCM.
ROTA LA COMUNICACIÓN
El 6 de octubre de 2022, la UCM emitió a Begoña Gómez y a su asistente -teóricamente en Moncloa y no para la cátedra- Cristina Álvarez "el contrato de cesión de derechos sobre el software a favor de la Universidad". Pero no hubo respuesta y, "tras este suceso, las investigadas rompen la comunicación" con el centro público.
POR SU CUENTA
"El 10 de octubre de 2022, Gómez solicitó el registro a título personal de la marca 'Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org', incluyendo el dominio en la propia solicitud y diseño gráfico". No informó de ello a la UCM, que se ha personado como perjudicada en el caso y reclama 115.000 euros a la esposa del presidente.
TAMBIÉN EL DOMINIO.
"El dominio transformatsc.org, en el que se alojaba la plataforma, pasó a figurar a nombre Gómez el 13 de julio de 2023", antes de las difíciles elecciones generales.
LA EMPRESA
Gómez fue entonces probando la nueva página web y montó un empresa de nombre similar. "Consta que el dominio transformatsc.org coincide con la denominación empleada en la marca registrada el 10 de octubre de 2022 y con la denominación social de la mercantil Transforma TSC, S.L., constituida el 21 de noviembre de 2023".
OCULTACIÓN
La UCM siguió sin ser informada de estos movimientos.
VALOR ECONÓMICO
Las aportaciones fueron 128.442 euros por parte de Indra, 50.000, por parte de Telefónica y 110.000,00 por parte de Google, desglosadas en una primera partida de 70.000 y una segunda de 40.000Asimismo, consta el mencionado gasto directo de la UCM que reclama a Gómez.
FUNCIONA
"Consta en las actuaciones que la web transformatsc.org estaba plenamente operativa en marzo de 2024, exactamente un mes anterior a la incoación de las presentes actuaciones". El escándalo frenó el lanzamiento de la web que, aunque iba a ser teóricamente "gratuita para las pymes", incluía una pestaña para empresas más grandes. En todo caso, apuntan los jueces: "Como todos sabemos un software puede ser totalmente gratuito para el usuario, pero detrás de su gratuidad siempre existen diferentes modelos de negocio que financian su existencia de los cuales se puede extraer un beneficio económico". Y además, recalcan que se puede delinquir sin que haya habido ganancia al final. "Cabe la posibilidad de que se cometa el delito si no se obtiene el beneficio perseguido porque los bienes o activos no sean rentables o en menor forma a la pretendida". En todo caso, queda desmentido lo que dijo el presidente del Gobierno de que en este caso "no hay nada reprochable"-