- ANA DE LA HERRÁN
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Mantener los fraccionamientos de las haciendas tributarias deriva en unos auténticos agujeros negros en el sistema de control tributario.
La mañana del 9 de enero, con el año recién estrenado y en un contexto de temperaturas gélidas, la ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, presentó su propuesta de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas de régimen común. Su intervención, formulada en términos aparentemente esperanzadores, fue presentada como un "regalo de Reyes" tras un largo período sin reforma de un sistema que, pese a haber sido diseñado con revisión quinquenal desde su aprobación en 2009, se encuentra en la actualidad, claramente caducado.
Sin embargo, este regalo corre el riesgo de convertirse en un caramelo envenenado, salvo que la ministra desconozca el alcance real de lo que propone, hipótesis que haremos el esfuerzo de descartar. Si no se trata de ignorancia, la conclusión es inevitable: la propuesta adolece de olvidos imperdonables que, en un ejercicio de sensatez, parece necesario poner de relieve para que los ciudadanos cuenten con toda la información relevante.
El primer olvido es clamoroso: la ausencia total de referencia a la situación de los territorios forales del País Vasco y Navarra. Aunque no están dentro de este régimen común, afectan, sin duda, a la financiación de España. Cuatro provincias (Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) que, a diferencia del resto, recaudan la totalidad de los impuestos generados en su territorio, ostentando competencias normativas también sobre todos sus tributos y compensando los servicios prestados por el Estado en esos territorios a través de una aportación -el denominado "cupo" o "aportación"- cuya cuantía se vota en las Cortes en lectura única, sin posibilidad de enmiendas al articulado. En términos de financiación este régimen singular supone, según los últimos datos consolidados revisados, una diferencia per cápita de País Vasco y Navarra, respectivamente, de 6.614,38 euros y 5.879,47 euros con respecto, por ejemplo, a la peor comunidad financiada, Murcia, que refleja el dato de 2.910,96 euros. Es decir, que un murciano recibe 3.703,42 euros menos que un vasco. Hablar de financiación autonómica en España sin mencionar este hecho supone ignorar deliberadamente una realidad que afecta de lleno a la solidaridad interterritorial, tantas veces invocada retóricamente, pero de la que estos territorios permanecen siempre al margen.
Además, en el plano de la gestión tributaria, también se conoce el dato de que gestionar el sistema foral vasco y navarro es un 80% más caro que gestionar el resto del sistema por el Estado. Y, en la concreta materia de lucha contra el fraude, el colectivo de Inspectores de Hacienda del Estado ha señalado hasta la saciedad que mantener estos fraccionamientos de las haciendas tributarias deriva en unos auténticos agujeros negros en el sistema de control tributario. No hace falta ser muy listo para comprender que fraccionar es justo lo contrario a ser eficientes (ergo, gastar menos).
Ocultamiento
El segundo despiste, igualmente grave, afecta a la gestión del propio sistema tributario. Casi al final de su intervención, y de manera aparentemente incidental, la ministra afirmó que el nuevo modelo podrá combinarse con una mayor cesión de competencias gestoras por parte de aquellos territorios que tengan mayor vocación de autogobierno (léase en clave, Cataluña). Esta afirmación, que puede haber pasado desapercibida para muchos, no lo ha hecho para quienes conocemos en profundidad el funcionamiento de la Administración tributaria.
Una vez más, se ha ocultado a los ciudadanos el coste real que tendría una posible cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria. Este coste también debería computarse en ese nuevo sistema de financiación que se ha presentado en sus líneas generales, si es que al final se pretende, como parece haber señalado, realizar esa cesión.
El antedicho coste lo pagarían (los españoles) en dos monedas especialmente caras:
En primer lugar, en términos de eficiencia en la gestión ordinaria de los impuestos, siendo el ejemplo paradigmático la campaña anual del IRPF. Un hipotético traspaso de su gestión a las comunidades autónomas convertiría este proceso en un auténtico caos, retrasando devoluciones que hoy se realizan con rapidez precisamente porque existe un único organismo gestor, la Agencia Tributaria, y no diecisiete.
En segundo lugar, el precio también se pagaría en términos de lucha contra el fraude fiscal. Resulta difícil comprender cómo alguien puede sostener, con un mínimo de rigor, que fragmentar la gestión tributaria permitirá combatir eficazmente el fraude. No existe argumento técnico alguno que respalde un modelo fraccionado; por el contrario, todo apunta a que facilitaría la labor de los defraudadores, en perjuicio de los contribuyentes cumplidores.
A estos temas no sabemos qué respondería la ministra de Hacienda, pero lo que sí sabemos es que, de momento, las normas publicadas durante los meses de julio y agosto por la Generalitat de Cataluña (Decreto 142/2025 y Decreto Ley 15/2025) que hacen referencia a la implementación de la "financiación singular de Cataluña" van, precisamente, por ese camino: fraccionar la gestión tributaria nacional en pro de una comunidad que se considera más singular que el resto.
Vivimos tiempos de demagogia, en los que no se habla con claridad, se ocultan verdades que son evidentes y se repite hasta la saciedad la consigna de que cualquier reforma "mejorará la vida de la gente". La realidad es que muchos ciudadanos están cansados de que se invada su esfera vital bajo ese pretexto, mientras año tras año ven frustradas sus expectativas en muchos ámbitos. Por el contrario, la aspiración ya no es "mejorar", sino simplemente mantener una vida digna, en paz y con estabilidad económica y laboral. Tampoco es tan difícil de entender.
Ana de la Herrán. Presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado
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