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El Estado ha recuperado dos obras importantísimas para el patrimonio español tras más de dos siglos de conflictos legales con la actual Altadis.
En 1789, Sevilla se engalanaba para celebrar la llegada al trono de un nuevo rey, Carlos IV. Con motivo de la ocasión, Francisco de Goya recibió el encargo de pintar dos retratos -el del propio monarca y el de su esposa, María Luisa de Parma- para presidir un monumento efímero que debía erigirse ante la fachada de la Real Fábrica de Tabacos de la ciudad hispalense. Más de dos siglos después, aquellas dos pinturas acabarían protagonizando una de las batallas judiciales más singulares del patrimonio español.
Tras los festejos, los retratos se quedaron en la propia Fábrica de Tabacos, integrados en el patrimonio de la Corona y, más tarde, del Estado. Allí permanecieron sin sobresaltos hasta 1887, cuando España cambió el modelo de explotación del monopolio estatal de fabricación y venta de tabaco. Lo que hizo fue encomendar su gestión a una empresa pública, la Compañía Arrendataria de Tabacos, cuyo principal accionista era el Banco de España.
Junto a fábricas, depósitos y mobiliario, el Estado cedió a la nueva arrendataria una colección de cuadros y retratos reales entre los que se encontraban los elaborados por Goya, con una función puramente decorativa: adornar los edificios de la nueva compañía.
Junto a Carlos IV, Goya también retrató a su esposa María Luisa de Parma.La tranquilidad duró apenas nueve años. En 1896, una Real Orden reclamó a la empresa la devolución de aquellas obras. Los cuadros de las Fiestas Reales tendrían que entregarse al Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla y los retratos reales debían remitirse al Ministerio "para que, en vista del estado de conservación en que se hallen", se determinase su destino.
Los retratos de Carlos IV y María Luisa viajaron entonces a Madrid. Sin embargo, en un giro que acabaría siendo clave para definir el litigio más de un siglo después, no acabaron en ningún museo ni despacho ministerial, sino colgados en las paredes del nuevo edificio que la Compañía Arrendataria de Tabacos acababa de comprar en la calle Barquillo, donde pasaron a decorar el despacho de su director.
Allí siguieron, casi en el olvido, durante décadas. En 1945, tras la Guerra Civil, el sistema de arrendamiento dio paso a uno de concesión y nació Tabacalera, la heredera de la Compañía Arrendataria de Tabacos y de sus cuadros, que también se hizo con el edificio de Barquillo donde colgaban ambos retratos.
La compañía mantuvo el monopolio del tabaco hasta 1986, cuando España entró en la Comunidad Europea y se vio obligada a liberalizar el modelo. En aquel momento, el Estado transfirió a Tabacalera buena parte de los bienes que hasta entonces le había cedido para la explotación del negocio, a cambio de acciones de la nueva sociedad anónima. Los dos cuadros de Goya quedaron expresamente excluidos de ese reparto, puesto que un informe jurídico del Estado de 1985 ya los consideraba de su propiedad.
No obstante, Tabacalera nunca dejó de comportarse como su dueña. Sus servicios jurídicos defendieron en 1986 que los retratos le pertenecían y, de hecho, los exhibió en muestras nacionales e internacionales presentándolos como parte de su colección. En 1999, Tabacalera y el Ministerio de Educación y Cultura firmaron un contrato en el que, hasta cuatro veces, se afirmaba que la compañía era "propietaria" de ambas obras, cedidas en préstamo gratuito mientras las partes negociaban su futura titularidad estatal. Aquel documento, redactado para resolver el problema, se convirtió en la prueba central de la disputa.
El desenlace llegó por una vía inesperada: una exposición en la Biblioteca Nacional. La empresa, convertida ya en la actual Altadis tras su fusión con la francesa Seita, cedió las obras para una muestra bajo el contrato firmado en 1999, pero los retratos nunca regresaron a la sede de la compañía. Por ello, en 2017 la compañía demandó al Estado reclamando la propiedad de las obras, alegando que un siglo de posesión ininterrumpida había consumado, una figura legal del derecho español que permite adquirir la propiedad u otros derechos reales de un bien mediante su posesión continuada durante un tiempo determinado.
El Juzgado de primera instancia número 82 de Madrid dio la espalda a Altadis en 2019 y la Audiencia Provincial confirmó el fallo en 2021. El pasado 25 de marzo, el Tribunal Supremo cerró definitivamente el círculo: ni el traslado a un edificio privado, ni las exhibiciones, ni el propio contrato de 1999 bastaban para desplazar la titularidad de unos bienes que, por ley, son inalienables e imprescriptibles. Casi 240 años después de que Carlos IV y su esposa posaran para Goya, la propiedad de ambas obras fue recuperada por el Estado y se exponen en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
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