El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Europa Press
Medios Los editores desmienten a Óscar López: "La ley de publicidad institucional no se ha hablado con el sector"La nueva norma busca adaptar el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA)
Más información: El Gobierno limitará al 35% la publicidad institucional de los medios y pondrá coto a las agencias y las redes sociales
Fernando Cano Publicada 25 febrero 2026 02:53hLas claves nuevo Generado con IA
"No se ha hablado con el sector". La afirmación es de editores y representantes de organizaciones de periódicos sobre el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
La nueva norma, que pretende limitar la publicidad pública en los medios al 35% de sus ingresos y definir nuevos criterios para el reparto de campañas institucionales, no ha sentado bien en el sector, no tanto por el detalle de su contenido, sino por las formas en las que se ha gestado.
Las fuentes con las que ha hablado EL ESPAÑOL-Invertia advierten de que el texto no se ha trasladado de manera oficial, ni se ha dialogado con ninguna de las asociaciones de prensa y de editores existentes en España.
El Gobierno limitará al 35% la publicidad institucional de los medios y pondrá coto a las agencias y las redes socialesSí reconocen que se han filtrado borradores desde hace meses, a algunos editores de manera puntual, pero solo a título informativo y sin establecer ningún tipo de interlocución, ni de intercambio de propuestas.
Es por ello que en el sector ha causado sorpresa que este martes el ministro de Transformación Digital, Óscar López, responsable del anteproyecto, haya indicado que para elaborar el texto normativo "se ha hablado con el sector".
Óscar López pide criterios "objetivos" para repartir la publicidad estatal soslayando al medidor oficial GfKActo seguido, el ministro señaló que no puede determinar a quién afectará (la limitación del 35% de los ingresos de la publicidad institucional) porque "falta transparencia" en este ámbito.
"No nos sorprende que no sepa a quién afecta la norma porque no le ha preguntado a nadie", dice un editor consultado por este diario.
El Gobierno entrega a la CNMC el registro de medios, que tendrán que revelar sus dueños y la publicidad institucionalDe hecho, las fuentes consultadas critican que el propio López ha indicado en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que uno de los grandes objetivos es "garantizar la transparencia de cara a los ciudadanos, y que puedan saber dónde van sus recursos, a qué campañas de información y a qué medios de comunicación".
"Pero ellos no cumplen con esta transparencia, ya que ni han informado formalmente al sector, ni han pedido nuestra opinión", dicen los editores consultados.
Sánchez pide "transparencia" a los medios pero reparte la publicidad institucional de forma opaca y discrecionalEl anteproyecto -según López- también "garantiza la independencia de los medios de comunicación", en su objetivo de adaptar el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) en vigor desde agosto del año pasado.
Y para ello establece una limitación del 35% de publicidad institucional en todas las administraciones como límite de ingresos totales de cada medio. Todos aquellos que hayan recibido publicidad institucional de cualquier organismo del sector público de los tres niveles de la Administración y superen el límite fijado, no podrán optar a publicidad estatal.
Este límite no se aplicará a los medios de comunicación y plataformas en línea cuya cifra de negocios no supere los dos millones de euros y cuya audiencia se concentre, al menos en un 70%, en el ámbito de tres Comunidades Autónomas limítrofes como máximo.
Ley de Castilla y León
"Un medio privado con un 50, 60 o 70% de financiación pública no es un medio de comunicación, será otra cosa", dijo López, aunque en los medios de comunicación hay diversidad de opiniones respecto de estos límites, en especial en las administraciones locales.
En el sector se reconoce que no demasiados medios tienen gran dependencia de la publicidad institucional, pero pocos creen que establecer límites fijos sea la mejor solución.
De momento, el único antecedente que hay es la ley de publicidad institucional de Castilla y León, promulgada el año pasado. Una norma que fue recurrida en octubre ante el Tribunal Superior de Justicia autonómico por 25 medios locales por considerarla "inconstitucional".
Reclamación judicial
La reclamación judicial solicitaba la aplicación de medidas cautelares contra la modificación aprobada el pasado verano "por contravenir en varios supuestos de inconstitucionalidad". Los denunciantes calificaron la norma como un ataque a la libertad de prensa, al derecho a la información y al pluralismo informativo.
Los 25 medios que representan a nueve provincias de Castilla y León sostienen que la aplicación práctica de la nueva norma supone posibles vulneraciones de contratación pública que afectan a los medios más pequeños.
Las fuentes consultadas por este medio indican que efectivamente hay muchos medios que opinan lo mismo a nivel nacional y que prefieren la autorregulación. Incluso muchos de ellos creen que se materializa una persecución a medios críticos que reciben ingresos de administraciones vinculadas al Partido Popular (PP).
Titularidad de los medios
No obstante, también reconocen que hay muchos otros periódicos y editores que están a favor de estas limitaciones, lo que impide tener un posicionamiento común en las patronales del sector.
En cuanto al resto de la norma los medios de comunicación y plataformas en línea que quieran recibir publicidad estatal deberán hacer pública su denominación, los nombres de sus titulares directos o indirectos que posean paquetes accionariales y el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado.
Como ya había adelantado este diario, la planificación y difusión de las campañas se realizará preferentemente, a través de soportes de medios de comunicación de carácter informativo, esto es, "aquellos que ofrezcan noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad y con responsabilidad editorial sobre la elección del contenido informativo".
Empresas públicas
Asimismo, la regulación exige a los medios el uso de sistemas de medición de audiencia que cumplan con la norma europea que obliga a que sus metodologías sean transparentes.
La futura ley regulará no solo la publicidad institucional vigente desde el año 2005, sino también la publicidad de carácter industrial, comercial o mercantil. Es decir, la de las empresas públicas del Estado como Renfe, Correos o Loterías y que tienen un presupuesto equivalente al de los ministerios.
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