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Cristóbal Montor Efe Los exsocios de Montoro piden anular la causa sobre 'leyes a la carta' tras siete años de «parálisis» judicialEquipo Económico denuncia ante la Audiencia Provincial de Tarragona que el juez prorrogó la instrucción sin esperar a sus alegaciones y a pesar de un informe de la UCO que descarta el delito
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Miércoles, 4 de febrero 2026, 17:14 | Actualizado 17:29h.
... para conseguir modificaciones legislativas favorables (leyes a la carta) durante la etapa del expolítico del PP como ministro de Hacienda, ha interpuesto una batería de recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona. En ellos exigen, entre otras cuestiones, la nulidad del auto de 26 de enero de 2026, que prorroga la instrucción otros seis meses. Los letrados denuncian una vulneración flagrante de derechos fundamentales y una «inactividad jurisdiccional» que mantiene el caso en un limbo jurídico tras más de siete años de pesquisas.Según el recurso de los exsocios de Montoro, el juzgado otorgó cinco días para alegar el 15 de enero, pero el auto de prórroga se firmó el día 26, cuando el plazo para las defensas aún estaba vigente. «Eso significa que el auto se ha dictado antes de que finalizara el trámite de alegaciones, esto es, sin haber agotado el tiempo conferido a las partes para ser oídas», reza uno de los escritos. Los abogados califican esta maniobra como un «absoluto desprecio al derecho de defensa» y denuncian que se ha resuelto con una «más absoluta indiferencia a lo que las partes alegaran».
El caso, que se inició en agosto de 2018, ha pasado la mayor parte de su existencia bajo un estricto secreto de sumario que las defensas tildan de «prolongación desmesurada e innecesaria». Para los recurrentes, resulta paradójico que, tras siete años de «instrucción de espaldas a los investigados», el juez pretenda ahora justificar más tiempo basándose en que las partes deben «instruirse perfectamente» del contenido de las actuaciones. «La instrucción ha estado completamente paralizada en los últimos seis meses», sostiene la defensa, subrayando que ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados ni se han tramitado los recursos de apelación pendientes ante la Audiencia Provincial.
Los imputados también basan sus alegatos en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para atacar la instrucción del juez Rubén Rus y las acusaciones de la fiscal Carmen García Cerdá. En ese documento, fechado en febrero de 2025, la UCO concluyó que no había anomalías en el cobro y empleo de los 673.500 euros que empresas gasistas pagaron al despacho fundado por Cristóbal Montoro y que la mayoría de esos fondos terminó en cuentas de los socios, usados en gastos habituales.
Acusación «desvirtuada»
Los abogados de Equipo Económico subrayan que la UCO analizó 516 productos bancarios y concluyó que los ingresos procedentes de empresas gasistas «no muestran una operativa diferenciada o destacable» y que los fondos se utilizaron para «cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales». Según el escrito, «la base de la imputación ha quedado absolutamente desvirtuada» al no identificarse ninguna derivación de fondos hacia funcionarios públicos.
La defensa carga duramente contra la «falta de diligencia» del juzgado, que justifica la demora por la «gran dificultad para la diligenciación» de decenas de escritos tras el levantamiento del secreto. Los letrados responden con contundencia: «alegar la falta de práctica de la declaración de los investigados resulta manifiestamente inconsistente... dicha actuación depende exclusivamente del propio órgano judicial». Critican que el juez intente presentar como «garantismo» lo que es una «inacción voluntaria», permitiendo que la instrucción se convierta en un proceso «ad aeternum» que somete a los investigados a un «permanente escarnio público».
Finalmente, los recursos solicitan a la Sala que declare la nulidad de la prórroga y, en consecuencia, el sobreseimiento de la causa. Argumentan que el tiempo procesal no es un mero formalismo, sino una «garantía sustantiva que limita el poder punitivo del Estado». «Si el plazo caduca sin prórroga válida, la instrucción se extingue», recuerdan los abogados invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Tarragona deberá ahora decidir si pone fin a esta macrocausa o si permite que la investigación sobre el equipo económico del exministro continúe en busca de indicios que, según las defensas, no existen.
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