La Comisión Europea tiene importantes reservas ante la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno va a iniciar ya el mes que viene. En apenas unos días, si se cumplen los plazos apuntados por el Gobierno. Bruselas sostiene que aunque se trata de una decisión nacional y la responsabilidad en esta materia recae en los países, el proceso puede tener importantes consecuencias sobre el resto de Estados miembros. Y el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, avisa en declaraciones a EL MUNDO que si un inmigrante regularizado en España se intenta asentar en otro país de la Unión Europea, será devuelto a territorio español.
"La decisión de regularizar la situación de nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular en un espacio sin fronteras interiores puede tener un impacto en otros Estados miembros. Podría suponer un problema para los demás Estados miembros si, por ejemplo, esa persona se da a la fuga", explica Brunner a este periódico.
"Un permiso de residencia no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. Si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España", añade el comisario austríaco.
Brunner ya señaló en febrero en el Parlamento Europeo que "el permiso de residencia no es un cheque en blanco". "La migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea. Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembros y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión", sostuvo, matizando así unas declaraciones que él mismo había realizado previamente y en las que sólo apuntó que la regularización se trata, efectivamente, de una cuestión nacional.
Pero su postura y la de la Comisión se ha endurecido, en parte por la presión del Partido Popular durante la cumbre popular anual que tuvo lugar en febrero en Zagreb. En esa cita, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó a la responsable del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, su preocupación ante el proceso que el Ejecutivo de Sánchez va a llevar a cabo y consiguió introducir su postura en las conclusiones del PPE. "La legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria", se recogió en ese documento final.
Y desde Bruselas se van a vigilar con especial atención esas consecuencias negativas que el proceso podría tener para el resto de países miembros, tal como confirman las palabras del comisario Brunner, quien también pertenece a la familia popular. Ahora está por ver si realmente se cumplen esas fechas previstas por el Gobierno, ya que como, se ha apuntado, el proceso debía comenzar en abril pero todo hace indicar que se podría retrasar. La fecha límite para solicitar la regularización es el 30 de junio y se podrían beneficiar entre 500.000 y 800.000 personas.
Centros Meloni
El proceso de regularización masiva no es, además, el único punto del ámbito migratorio en el que España se desmarca de la UE. O, más bien, en el que se queda prácticamente sólo. Porque el Ejecutivo se ha mostrado totalmente en contra de los centros de deportación fuera de la Unión, medida que ya ha sido aprobada por el Parlamento y que ha sido ampliamente apoyada por la inmensa mayoría de países.
Esta medida permitirá que los Estados miembros envíen inmigrantes a centros en terceros países, distintos a los de su origen, y con los que se haya suscrito un acuerdo previo y respeten el principio de no devolución. Es, básicamente, el modelo que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha impulsado ya en su país mediante la construcción de centros en Albania.
"Europa finalmente va en la dirección justa y siguiendo una línea que Italia ha defendido con fuerza. Con los centros de retorno se amplía la posibilidad de hallar una nación de repatriación de los inmigrantes irregulares, incluyendo no solo los países de origen, sino también otros", afirmó la propia Meloni en su perfil de la red social X después de que la medida fuese aprobada en el Parlamento.
"Es un paso importante para hacer más eficaces las repatriaciones, reforzar el control de las fronteras y dar a Europa una política migratoria finalmente creíble", añadió. Y aunque la medida en el caso de Italia está paralizada por la Justicia y desde las instituciones europeas han señalado en numerosas ocasiones que existen importantes diferencias entre lo que la UE va a llevar a cabo y los centros Meloni, la dirección en política migratoria en Europa es muy evidente y va justo en sentido opuesto a lo que defiende el Gobierno de Sánchez.