Las cloacas de Ferraz trataron de amedrentar a la UCO a través de distintas vías, que incluyeron la apertura de investigaciones internas para amedrentar a sus miembros y presiones directas de los mandos políticos de la Guardia Civil sobre el contenido de los informes que perjudicaban al PSOE y el Gobierno.
El atestado principal de la UCO que dio lugar a las entradas y registros de la semana pasada sitúa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como una pieza clave en esas maniobras. También señala a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo (DAO) con ambos, Manuel Llamas.
Según el informe, el 10 de diciembre de 2024 «se observan los primeros elementos de los que se evidencia que Leire estaría haciendo llegar a la Directora General de la Guardia Civil información derivada de la actividad aparentemente delictiva que en ese momento venía desarrollando» contra la unidad.
Según consta en el sumario, hubo, al menos, tres reuniones entre González y la considerada fontanera del PSOE Leire Díez. También se cruzaron whatsapps que fueron eliminadas porque la directora tenía activado el borrado automático. «La directora de la Guardia Civil es de mi confianza»; «Recuerda que tengo amistad con la Directora General de la Guardia Civil», se jactaba Díez.
En una agenda intervenidas a la fontanera se localizó esta anotación: «Investigación interna G.C. para filtraciones». Previamente, la fontanera del PSOE había escrito en sus whatsapps: «Es la manera de armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo».
La UCO subraya que, «al menos desde el mes de abril de 2025, Leire Díez habría comenzado a preparar una vía a través de la Directora General de la Guardia Civil» contra esta unidad. Esas investigaciones internas se materializaron, con la intervención clave de la directora del Instituto Armado. Fuentes de la investigación explican a EL MUNDO que fue Mercedes González quien ordenó abrir tres informaciones reservadas para «depurar responsabilidades» contra la UCO por presuntas filtraciones. Dos las firma el DAO y otra, ella directamente.
Por indicación suya, el DAO designó a dos generales como instructores, a los que la semana pasada se tomó declaración. En el foco de las informaciones reservadas se situó a dos generales ex responsables de la UCO, Alfonso López Malo y Rafael Yuste. También se citó al teniente coronel Balas, al que Leire Díez quería ver «muerto» por ser el azote de la corrupción socialista.
Los agentes afirman que se puso en marcha una «campaña de desprestigio» contra la UCO mientras «el conocimiento de estos hechos se puede atribuir a la Directora General de la Guardia Civil, al menos, desde el 8 de mayo de 2025».
El pasado jueves, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que «la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona», ni «Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo». «La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento al trabajo de la Guardia Civil», sostuvo el titular de Interior en clara defensa de González.
El miércoles de la semana pasada, mientas otros agentes se dirigían a Ferraz para reclamar documentación, Yuste detallaba a los investigadores las presiones que recibió mientras dirigía la UCO.
El general de brigada explicó que el 12 de julio de 2024 mantuvo una reunión con el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos; con el jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo; y con el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas. El motivo del encuentro había sido una solicitud de correos que la UCO había presentado a la juez del caso Hermanísimo.
El entonces director general afirmó que ese requerimiento era «totalmente prospectivo y malintencionado», añadiendo que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba «por los suelos». El mando reclamó que en una semana el informe sobre los correos debía estar «analizado y que no haya nada».
Según el acta de su declaración, dos días después el DAO se presentó en las dependencias de su unidad. Se reunió con él y con agentes relacionados con la investigación a David Sánchez. «Se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa».
Los investigadores del caso Cloacas también tomaron declaración como testigo al jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. López Malo recordó la primera reunión mencionada por Yuste: «El Director General concluyó indicando que se elaborara cuanto antes el informe de los correos, en el que se concluyera 'que no había nada' y, si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera».
Unas horas antes, el mando había sido convocado personalmente al despacho del director general. Leonardo Marcos «le manifestó que estaba enfadado y contrariado, respecto al informe emitido por la UCO» sobre David Sánchez.
En la misma comparecencia ante los agentes de la unidad que anteriormente había dirigido, Yuste fue preguntado por su relación con varias investigaciones internas abiertas a raíz de informaciones sobre el contenido de la investigación que perjudicaban al Gobierno.
Entre ellas, los mensajes cruzados entre José Luis Ábalos y Koldo García que publicó EL MUNDO. Por ellos le preguntó el instructor de uno de esos expedientes, que le dijo que iba a interrogar a los responsables de la investigación del caso Koldo. Cuando el testigo le recomendó que no lo hiciera, el instructor se justificó con que el DAO estaba recibiendo «muchas presiones políticas» por esas investigaciones.
Yuste explicó que a lo largo de su carrera nunca había sido testigo de ninguna información reservada de ese tipo, pero que unos meses se pusieron tres en marcha.
A Yuste también se le ordenó en septiembre de 2025 que enviara al DAO «un organigrama» de la UCO en la que constara «aquella parte de la estructura que tenga relación directa con las investigaciones vinculadas al Presidente del Gobierno». Debía identificar «nominativamente a sus integrantes». Estas presiones siguieron pese a que, según declaró el jefe de la Policía Judicial, al DAO se le hizo ver que la UCO no había podido filtrar los mensajes publicados por este diario, puesto que algunos de ellos eran posteriores al material incautado por la Guardia Civil.