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Begoña Gómez y Pedro Sánchez durante la visita esta semana a la Universidad de Tsinghua, en China Borja Puig (Efe) Los jueces madrileños se unen en defensa del juez del 'caso Gómez' frente a los ataques del GobiernoLos magistrados de instrucción de la capital apuntan directamente contra Bolaños por «socavar» la «confianza» de los ciudadanos en la Justicia
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Jueves, 16 de abril 2026, 11:25 | Actualizado 11:47h.
'caso Begoña Gómez'. Los togados ... suscribieron este jueves una declaración oficial de apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41. El acuerdo, adoptado tras una junta de magistrados, supone una respuesta directa a las recientes críticas vertidas desde el seno del Poder Ejecutivo contra el instructor que en los últimos días ha dado por concluida la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, situándola a un paso del banquillo de los acusados. elevada tensión entre el Gobierno y la Judicatura.Esta declaración institucional pone el foco de manera explícita en las manifestaciones realizadas por miembros del Gabinete de Pedro Sánchez. Los jueces de instrucción manifiestan su «rechazo» a «las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes por quienes ostentan cargos en el Ejecutivo». La nota señala directamente al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, cuyas palabras —calificando de «vergüenza» la actuación del instructor— han sido el detonante de este malestar. Para los magistrados, estas críticas, «lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces».
«Respeto»
El posicionamiento de los jueces de Madrid se produce apenas 48 horas después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se pronunciara en una línea de protección a la labor judicial. El órgano de gobierno de los jueces, presidido por Isabel Perelló, hizo un llamamiento este martes al «respeto» hacia las resoluciones judiciales, recordando que en un Estado de derecho existen mecanismos reglados para la revisión de las mismas sin necesidad de recurrir al descrédito institucional.
El clima de confrontación se ha agudizado tras las declaraciones del propio ministro Bolaños y de otros titulares de cartera como Óscar Puente o Elma Saiz, quienes han secundado las críticas contra Peinado. Frente a esta corriente, la judicatura madrileña se reafirmó este jueves en la obligatoriedad de cumplir el ordenamiento jurídico vigente. «La ley es igual para todos, sin privilegios», subraya la nota oficial, que concluye con el compromiso de los firmantes de seguir «desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos».
Este respaldo en bloque se suma asimismo a las quejas previas de asociaciones profesionales como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que ya tildaron de «inadmisible» el cuestionamiento del instructor, consolidando un frente común de organizaciones conservadoras de la carrera judicial ante lo que perciben como una injerencia del poder político en la labor de los tribunales.
No es la primera vez que los jueces madrileños salen en defensa de Peinado. Ya en junio de 2024, a las pocas semanas de empezar la instrucción de la causa contra Gómez, la junta de jueces de instrucción de la capital reaccionó con una declaración institucional ante los «ataques profesionales, personales y familiares» que estaba recibiendo el magistrado. En aquel momento, los jueces denunciaron un «cuestionamiento permanente» de su independencia judicial derivado de una «investigación concreta», rechazando tajantemente las descalificaciones procedentes de quienes ostentaban cargos en el Ejecutivo, incluido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aquella movilización de 2024 sentó un precedente de unidad en la magistratura madrileña al alertar de que los señalamientos a «jueces concretos» buscaban «socavar la confianza de los ciudadanos» en la Administración de Justicia. Con la declaración emitida este jueves, los magistrados reiteran que la crítica legítima a las resoluciones judiciales no debe derivar en un descrédito que «erosiona gravemente» la democracia. Al recordar que «la ley es igual para todos, sin privilegios», los jueces de instrucción insisten en su compromiso de actuar con independencia, ajenos a las presiones políticas que, según denuncian, han persistido desde el inicio de las diligencias.
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