El fallo es el resultado de más de dos años de litigio, periodo en el que el Departamento de Justicia de Nuevo México buscó atribuir responsabilidades a la compañía “por su falta de honestidad y por decisiones de diseño que afectan a los menores”, según la fiscalía. Durante el juicio, la parte demandante acreditó que diversas características de los productos de Meta no solo facilitaron que depredadores sexuales explotaran a niños y adolescentes en sus servicios, sino que además la empresa “estructura intencionalmente sus plataformas para generar dependencia en los usuarios jóvenes y exponerlos a contenidos dañinos vinculados con trastornos alimenticios y autolesiones”.
Un día después, en Los Ángeles, California, otro jurado determinó que Meta y Alphabet (empresa matriz de Google) incurrieron en negligencia en el diseño de sus servicios digitales. El veredicto responde a una demanda presentada por una mujer de 20 años, identificada como KMG, quien afirmó que comenzó a utilizar Instagram y YouTube antes de los 10 años y desarrolló una adicción que derivó en ansiedad y depresión. Como resultado, ambas compañías deberán cubrir una indemnización conjunta inicial de 6 millones de dólares.
La defensa
En ambos procesos, las empresas implicadas adelantaron que impugnarán los fallos. Su principal argumento es la ausencia de evidencia científica concluyente que establezca una relación causal directa entre el uso de redes sociales y los problemas de salud mental en menores, un punto en el que, efectivamente, la comunidad científica aún no alcanza consenso.
Hace dos años, Vivek Murthy, ex cirujano general de Estados Unidos, advirtió que la exposición prolongada a plataformas digitales durante la infancia puede asociarse con trastornos psicológicos, alteraciones del sueño y dificultades en la interacción social. No obstante, un informe de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) señaló que el uso de redes sociales “no es inherentemente beneficioso ni perjudicial para los jóvenes”, aunque subrayó la necesidad de profundizar en la investigación para comprender mejor sus efectos.
Las compañías también sostienen que han invertido recursos significativos en el desarrollo de herramientas de seguridad y sistemas de moderación de contenido. Asimismo, argumentan que la responsabilidad de garantizar entornos seguros no recae únicamente en las plataformas, sino también en los propios usuarios. Para respaldar esta postura, invocan la legislación estadounidense de 1996 conocida como la Sección 230 de la Communications Decency Act, que establece que los intermediarios digitales no son responsables del contenido generado por terceros.
Los efectos secundarios
Durante años, demandas relacionadas con los posibles daños causados por las redes sociales a menores fueron desestimadas en gran medida gracias a esta normativa. La mayoría de esos casos se centraba en los algoritmos de distribución de contenido. Sin embargo, los litigios recientes en Nuevo México y Los Ángeles pusieron el foco en decisiones de diseño deliberadas y en los efectos inherentes al producto, lo que permitió sortear la protección que otorga la Sección 230.
Este cambio de enfoque ha sido clave. Analistas consideran que estos fallos podrían influir en el desenlace de otros procesos similares que Meta y diversas empresas tecnológicas enfrentan en distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
declaraciones retomadas por la agencia AP.Tus datos, su negocio: el costo real de la inseguridad digitalCada día, mientras revisas tu correo, pagas en línea o simplemente navegas por internet, una guerra silenciosa se libra por tu información. México está en el epicentro. En WIRED en Español, lanzamos nuestro especial de ciberseguridad.
ArrowActualmente, compañías como Meta, Google, Snapchat y TikTok enfrentan una demanda colectiva presentada por aproximadamente 16,000 personas en Estados Unidos. Los demandantes alegan que estas empresas diseñaron productos adictivos que contribuyeron al aumento de la depresión, las autolesiones y otros problemas de salud mental entre menores. Este proceso ha sido impulsado por más de 350 familias y cerca de 250 distritos escolares.
En paralelo, la ciudad de Nueva York y otras jurisdicciones han iniciado acciones legales contra plataformas digitales por presunta negligencia y por su impacto negativo en la salud pública infantil.
Consecuencias a futuro
Más allá de las cifras económicas, los veredictos contra Meta y Alphabet podrían redefinir la responsabilidad de las empresas tecnológicas respecto al bienestar emocional de los usuarios. Algunos especialistas comparan este momento con las resoluciones judiciales de la década de 1990 que transformaron la industria tabacalera, al demostrarse que las compañías ocultaron información sobre los efectos nocivos del consumo. Si bien aquellos fallos no resultaron en la prohibición del tabaco, sí derivaron en regulaciones más estrictas y mayores restricciones para proteger a los consumidores.
Mike Proulx, director de investigación en Forrester, señaló que estos dos fallos consecutivos representan un “punto de inflexión” en la percepción pública sobre las redes sociales. “Durante años se ha acumulado una percepción negativa hacia estas plataformas y ahora finalmente ha estallado”, afirmó.
Según una encuesta del Pew Research Center realizada el año pasado, el 48% de los adolescentes considera que las redes sociales tienen un impacto perjudicial en las personas de su edad, una cifra superior al 32% registrado en 2022.
prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, sentando un precedente internacional. A partir de entonces, países como España, Francia y Portugal han implementado o analizan medidas similares. En México, algunos gobiernos estatales también han comenzado a explorar iniciativas en esta línea.Por su parte, la Unión Europea y Brasil han optado por regulaciones centradas en modificar el funcionamiento de las plataformas para hacerlas más seguras. En la práctica, esto implica obligar a las empresas a incorporar medidas de protección desde la fase de diseño de sus servicios, incluyendo ajustes en algoritmos y funciones clave.
Aún es temprano para determinar si los fallos recientes obligarán a las compañías tecnológicas a introducir cambios sustanciales en sus productos o si impulsarán la adopción de marcos regulatorios más estrictos. Sin embargo, como señaló Nikolas Guggenberger, profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, “por primera vez, los tribunales han responsabilizado a las plataformas por la forma en que el diseño de sus productos puede perjudicar a los usuarios. Se trata de un terreno legal inexplorado que podría transformar una industria que durante años estuvo protegida por la Sección 230. Las empresas tendrán que replantear su enfoque centrado en maximizar la interacción a cualquier costo, un modelo que parece haber llegado a su límite”.