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Los papeles del 23-F: Interior criticó la "mortificación pública" de Pedro J. Ramírez al ser expulsado del juicio por el golpe

Los papeles del 23-F: Interior criticó la "mortificación pública" de Pedro J. Ramírez al ser expulsado del juicio por el golpe
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Un informe desclasificado del Ministerio del Interior califica la decisión como "asumible" y "prudente", y niega que sea "blanda". Más información: Los golpistas admitieron tras el 23-F que su "primer fallo" fue "dejar al Borbón libre" cuando debía ser "objetivo a batir".

Portada del 'Herald Tribune', con la imagen de Pedro J. Ramírez tras ser expulsado del juicio del 23-F.

Política LOS PAPELES DEL 23-F Los papeles del 23-F: Interior criticó la "mortificación pública" de Pedro J. Ramírez al ser expulsado del juicio por el golpe

Un informe desclasificado del Ministerio del Interior califica la decisión como "asumible" y "prudente", y niega que sea "blanda".

Más información:Los golpistas admitieron tras el 23-F que su "primer fallo" fue "dejar al Borbón libre" cuando debía ser "objetivo a batir".

Publicada 26 febrero 2026 02:44h

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Un año después del intento de golpe de Estado del 23-F, el juicio contra los militares responsables se vio marcado por uno de los episodios más tensos y reveladores sobre la relación entre la Justicia y la libertad de prensa: la retirada de la acreditación a Diario 16 y a su director, Pedro J. Ramírez.

Los documentos desclasificados por Moncloa este miércoles también se hacen eco del suceso. Lo hacen mediante unas "anotaciones" emitidas por el Ministerio del Interior que, sin firma, valoran "cuestiones del procedimiento".

A grandes rasgos, el documento, fechado el 25 de febrero de 1982, califica de "justa" la sentencia a los implicados en el golpe.

En un apartado separado, se refiere a la retirada de la credencial a Diario 16, concretamente al periodista y ahora director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez. Asegura que esa decisión de suspenderle la acreditación y expulsarle del juicio provocó su "mortificación pública".

El redactor anónimo del informe sostiene que la "forma de materializar" la retirada de la acreditación le produce reparos.

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"Ni exigencias ni motivos de prudencia aconsejaban audiencia pública, con la doble y lamentable consecuencia de la pública constatación de la presión de los acusados y las discutibles valoraciones de sus Defensas, así como mortificación pública del expulsado de la Sala, por un hecho no acaecido en la misma", afirma.

Este documento de Interior subraya, además, que la decisión de retirar la credencial a Pedro J. Ramírez parece "asumible", pues de todas las alternativas "de peligrosa secuencia", consideran que se optó por la más "prudente", "aunque muchos la tachen de la más blanda".

El responsable del Ministerio del Interior critica la "conducta inadecuada" del público en la sesión, por algo que había ocurrido fuera de la sala: la publicación de un artículo de Diario 16.

Del mismo modo, indica que el acuerdo de suspensión al periodista no puede mantenerse indefinidamente y, una vez cumplido el objetivo inicial, "debe ser revocado cuanto antes".

Además, asegura que Diario 16, "a su manera", había ofrecido reparación pública.

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El documento del Ministerio del Interior explica que "el capital disponible de prudencia del Tribunal ha quedado muy menguado". "Para lo sucesivo deberá hacerse a la idea de que se verá compelido a utilizar otras alternativas de dureza, inclusive si al devolver la credencial a Diario 16 se repitiera un incidente parecido", añade.

Según el informe, la medida, aunque "asumible" para evitar la paralización del juicio, terminó mostrando la debilidad de la autoridad judicial.

La historia

La credencial para cubrir la información del juicio del 23-F le fue retirada a Diario 16 a raíz de la publicación, el día del aniversario del intento de golpe de Estado y con la vista del juicio en marcha, de un artículo titulado Así asaltamos el Congreso.

El artículo estaba firmado por Adolfo Salvador y en él recogía el testimonio de uno de los policías militares que penetraron en el Congreso bajo las órdenes del capitán Álvarez-Arenas.

Entre las frases que se recogían del capitán Álvarez-Arenas destacaban algunas como: "Al que dé un paso atrás le disparo personalmente en la nuca".

Los militares consideraron que era un "claro y grave insulto a la dignidad de un Oficial" y, junto a sus abogados, anunciaron que no comparecerían ante el Tribunal mientras los corresponsales del diario permanecieran en la sala.

El entonces presidente del tribunal, el teniente general Luis Álvarez Rodríguez, decidió la expulsión de la sala de Pedro J. Ramírez, que venía cubriendo la información de las sesiones para su periódico, y con ello pudo reanudarse el juicio.

Hasta el día 11 del mes siguiente no decidió el Consejo Supremo de Justicia Militar devolver las acreditaciones a Diario 16, y cuando lo hizo fue bajo la condición de que ni el director del periódico ni Adolfo Salvador pudieran hacer uso de ellas.

Posteriormente, el 3 de junio, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dictó sentencia por la que otorgaba el amparo solicitado por el director de Diario 16, y anulaba la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar que había suspendido la credencial de Pedro J. Ramírez.

"El protagonista"

En su libro, Palabra de Director, Pedro J. Ramírez relata este hecho.

Todo empezó con una llamada del general Antonio Rodríguez Toquero, encargado por el Ministerio de Defensa de las relaciones con la prensa.Ahí le explicó que el juicio estaba bloqueado y que él tenía que "ayudar" a resolverlo.

Fue al inicio del juicio, cuando Ramírez se dio cuenta de que los acusados se negaban a salir de sus celdas y una mujer le increpaba: "No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza".

Minutos más tarde, le propusieron a Ramírez retirarse voluntariamente de la cobertura del juicio. Ante su negativa, y tras escuchar insultos como "sinvergüenza o desgraciado" se sentó en la segunda fila reservada a los medios.

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Tras el alegato del letrado del capitán Álvarez-Arenas y el fiscal togado José Manuel Claver Torrente, el hoy director de EL ESPAÑOL esperó a que se reanudara el juicio. "Pero entonces alzó la voz el coronel Salvador Escandell quien aseguró que el artículo de Diario 16 es una injuria gravísima a la totalidad de la institución militar".

Tras esas palabras y vítores y aplausos de familiares y militares presentes, actitud que ahora critica el Ministerio del Interior, el general Luis Álvarez Rodríguez decretó la expulsión del director de la sala.

"Ni había faltado el respeto a los jueces ni había cometido acto punible alguno en aquel sitio, pero dos miembros de la Policía Militar, con sus metralletas en ristre, me conminaron a que recogiera mis cosas y saliera del recinto", relata Pedro J. Ramírez en el libro. Todavía recuerda como le gritaron "hijo de puta" y "sinvergüenza" a su salida.

Ramírez relata en sus memorias el apoyo de sus compañeros de la prensa nacional y también de la extranjera, como Le Monde, Herald Tribune o Corriere della Sera, entre otros. Aunque no todo fueron apoyos: "la España conservadora y los cenáculos políticos madrileños" daban la razón al Tribunal.

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Pedro J. Ramírez explica que "el Gobierno era consciente de la pésima imagen internacional que lo ocurrido proyectaba sobre una España que quería entrar en la OTAN"; por ello, desde la expulsión, buscaron formas de paliar la situación.

La credencial le fue devuelta a Diario 16 aunque a condición de que Pedro J. no cubriera más el juicio para evitar otro plante de los golpistas. Luis María Ansón fue el encargado de canalizar las gestiones.

Tras varias presiones, el 21 de abril, casi dos meses después de la expulsión del juicio, se hizo pública la resolución en la que se plasmaba un claro desafío a la prensa: la acreditación para cubrir el juicio "no constituye ningún derecho procesal, sino que supone una concesión privilegiada".

La partida "parecía definitivamente perdida", recuerda Pedro J., hasta que el 2 de junio de 1982 el Tribunal Constitucional otorgaba el amparo solicitado por el director de Diario 16 y anulaba la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Era la primera vez que un tribunal civil anulaba una resolución de la Justicia militar desde el final de la Segunda República.

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