La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), promotora de la acción judicial contra el sistema de inmersión lingüística, no va a quedarse de brazos cruzados contemplando cómo el Govern de Salvador Illa evita acatar la última orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) favorable a que el español y el catalán compartan la condición de lenguas vehiculares en las escuelas de la región.
La AEB pasa al ataque para intentar forzar la ejecución de la orden judicial que el Govern pretende sortear después de que el alto tribunal catalán acordara hace una semana la ejecución de su sentencia del pasado mes de septiembre que anulaba parcialmente el decreto que la Generalitat aprobó tras las elecciones autonómicas de 2024, bajo la presidencia en funciones de Pere Aragonès (ERC), para blindar el modelo monolingüe. Y, sobre todo, después de que el president socialista reaccionara al fallo del pasado lunes con una comparecencia pública en la que quiso «dejar claro el compromiso del Govern con la defensa de la lengua y del modelo de escuela catalana».
La entidad presidida por Ana Losada «revisará los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Cataluña y requerirá a aquellos que mantengan un modelo monolingüe en catalán que adapten sus proyectos al principio de cooficialidad, incorporen el castellano como lengua vehicular y eliminen instrucciones del uso restrictivo del castellano». Y, «en el caso de que los centros no procedan a la revisión de sus proyectos lingüísticos y no adapten su programación al modelo de conjunción lingüística en el que las lenguas oficiales son lenguas vehiculares y de uso normal en los centros educativos, [la AEB] interpondrá los correspondientes recursos administrativos y contencioso-administrativos» contra esas escuelas.
Es decir, la AEB demandará a los colegios que no acaten la última orden del TSJC para acabar con la inmersión lingüística. Esta decisión queda reflejada en el «Plan para la Aplicación de la sentencia del TSJC que anula parcialmente el decreto 91/2024 del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña». En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la entidad constitucionalista también prevé «ejercer las pertinentes acciones penales por prevaricación administrativa y coacciones en los casos extremos de persecución sistemática o de abuso de autoridad» por parte del Departamento de Educación o de las direcciones de los centros que impidan «el uso del castellano en el sistema educativo catalán». Es decir, que la organización presidida por Losada también actuará judicialmente contra los funcionarios de la Generalitat que, bien por decisión propia o bien siguiendo órdenes del Govern de Illa, coarten a profesores que deseen dar cumplimiento a la orden del TSJC contra la inmersión lingüística.
El documento de la AEB sostiene que, tras la última sentencia del TSJC, «el modelo monolingüe queda provisionalmente expulsado del ordenamiento» y que, por ende, «el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular y los proyectos lingüísticos que contemplan el catalán como única lengua de enseñanza carecen de base normativa».
Tras el fallo judicial, el Departamento de Educación de la Generalitat sostuvo que la decisión del TSJC no tiene «ninguna afectación inmediata» y «no altera la actividad ordinaria en los centros» y puso a trabajar a sus servicios jurídicos para «dar respuesta a la resolución».
En el auto publicado el pasado lunes, el TSJC desestima ordenar al Departamento de Educación de la Generalitat que emita una instrucción general a todos los centros porque no se puede «diseñar un sistema de control de la Generalitat a través de los tribunales». La AEB instó al Govern a «que cumpla de forma inmediata la ejecución provisional de la sentencia y dicte instrucciones claras a los centros educativos», pero, consciente de que no lo hará, empezó a elaborar inmediatamente la estrategia judicial que pone a los centros educativos en la diana para buscar la ejecución del fallo.
Pendientes del TC y el 25%
Hay otras dos normas autonómicas sobre las cuales la Justicia debe dar una última respuesta. El Tribunal Constitucional (TC) tiene aún pendiente resolver la constitucionalidad de las dos leyes del año 2022 con las que el Govern de Aragonès esquivó la sentencia firme del TSJC de impartir, como mínimo, un 25% de horas lectivas en español.
Por un lado, el decreto ley de la Generalitat que vetaba la fijación de cuotas en la enseñanza, validado en el Parlament por ERC, Junts y los comunes. Y, en segundo lugar, una ley parlamentaria para ratificar la vehicularidad del catalán que contó con el apoyo de esos tres estos partidos más el PSC. Este segundo texto legal señala que el castellano debe tener "una presencia adecuada en los currículos y proyectos educativos", pero sin más concreción.