La familia Pujol pidió a su asesor fiscal, Josep Anton Sánchez Carreté, que regularizara "deprisa y corriendo" sus fondos en Andorra el 7 de julio de 2014, el mismo día en que se publicaron sus movimientos bancarios y apenas semanas antes de que el ex presidente catalán confesara la fortuna oculta.
Carreté ha declarado este lunes como testigo ante la Audiencia Nacional, que ha reanudado el juicio que se inició en noviembre del año pasado contra el ex presidente Jordi Pujol y sus siete hijos, junto a una decena de empresarios, por el origen de la fortuna que mantuvieron oculta durante décadas en Andorra.
El papel de Sánchez Carreté resulta clave en el caso: en julio de 2014, semanas antes de la carta de confesión en la que Pujol desvelaba la fortuna oculta, se encargó de regularizar los fondos de la familia mediante declaraciones complementarias que, ha reconocido, se llevaron a cabo "deprisa y corriendo".
Además, en su despacho en Barcelona se intervino un "pendrive" con información bancaria sobre los Pujol que fue crucial para las acusaciones, un registro cuya nulidad plantea la defensa, argumentando que el auto judicial autorizaba únicamente a acceder a documentación sobre Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, no del resto de miembros de la familia.
Según Sánchez Carreté, que cuenta con dos condenas por delitos fiscales y de corrupción, los abogados Xavier Melero y Albert Carrillo concertaron una reunión con él el 7 de julio de 2014, para pedirle que regularizara los fondos que los hijos del expresident tenían en el extranjero, mediante declaraciones complementarias.
Ese mismo día, EL MUNDO había publicado un pantallazo sobre movimientos bancarios de cuentas de Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos en la Banca Privada de Andorra (BPA), documento que la defensa mantiene fue obtenido ilegalmente por la llamada "política patriótica" en el marco de la Operación Cataluña, lo que esgrime para plantear su nulidad.
Tras esa reunión, a la que según Sánchez Carreté asistieron casi todos los Pujol pero no así el ex presidente ni su primogénito, se le facilitó la documentación sobre las cuentas andorranas "única y exclusivamente" para que preparara las declaraciones complementarias para regularizar su situación. En agosto de 2014, Hacienda les abrió inspecciones tributarias.
Un año y medio después de esas gestiones, ha explicado el testigo, los abogados de los Pujol le entregaron un 'pendrive' con información de los bancos andorranos para que comprobara "si las complementarias que se habían hecho con documentación más parcial, deprisa y corriendo, estaban bien o había que rectificar".
Asimismo, le pidieron que llevara a cabo una "trazabilidad de los movimientos de fondos" de la familia a partir de la documentación bancaria facilitada, pero Sánchez Carreté ha confesado que se vio "incapaz" de llevarla a cabo y les recomendó que contrataran a un auditor.
El que fuera asesor fiscal de los Pujol ha echado un capote a su defensa al mantener que la justicia no debió incorporar a la causa toda la información que contenía el 'pendrive' que entregó en el registro ordenado en octubre de 2015 por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Según Sánchez Carreté, el magistrado "decía claramente" en su resolución que solo podía intervenirse información relacionada con Jordi Pujol Ferrusola y su ex esposa Mercè Gironès y que debía ser "apartada" aquella referida al resto de miembros de la familia: "Yo entregué el 'pendrive' en la creencia de que se iba a cumplir el auto".
En la sesión de este lunes ha declarado también como testigo Jordi Puig, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola y hermano de Felip Puig, que fue conseller en varios gobiernos de Jordi Pujol y de Artur Mas.
Puig, que compartió despacho y secretaria con el primogénito del ex president, ha sido citado a declarar para dar explicaciones sobre la facturación de su empresa a sociedades vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola, sin que conste prueba documental de los servicios prestados, por lo que la Fiscalía sospecha que pudo encubrir el blanqueo de fondos y el pago de comisiones ilegales.
El testigo ha admitido que no existió ningún tipo de contrato formal que amparara los 102 millones de las antiguas pesetas que su empresa facturó a la de Jordi Pujol Ferrusola entre los años 1996 y 1998.
Jordi Puig ha enmarcado su actividad comercial con Jordi Pujol Junior en labores de intermediación entre empresas españolas y gobiernos de países en vías de desarrollo para llevar a cabo proyectos de inversión, principalmente para la construcción de infraestructuras.
Otro de los testigos de este lunes ha sido el abogado Vicente Luis Agramunt Ciurana, que ha declarado que tramitó una sociedad con sede en Costa Rica para un proyecto en el que participaba Jordi Pujol Ferrusola, encargo que recibió de una gestoría mexicana.
Por su parte, el empresario Salvador Heras Cortés, quien ha manifestado que conoció a Jordi Pujol Ferrusola porque es amigo de la familia, ha justificado que una factura de 14,5 millones de las antiguas pesetas que le giró correspondía a sus labores de "intermediación" para proyectos en la zona de actividades logísticas y en el puerto de Barcelona.