Ya hemos sugerido aquí alguna vez que lo fundamental no es preguntarse por qué Pedro Sánchez se rodeó de tales compañeros de viaje. Planteada así la cuestión la respuesta es sencilla y de algún modo reforzaba inicialmente la narrativa de Sánchez, forjada en torno al llanero solitario que derrotó al establishment del PSOE reclutando descontentos, supervivientes, desplazados, dolidos u ofendidos y renovó las siglas con las bases y juventudes, también las de Podemos: «Me equivoqué al tachar a Podemos de populistas, el PSOE tiene que trabajar codo con codo con Podemos», aseguró el hoy presidente en 2016, tras su deposición como secretario general del partido.
Expuesta a la inversa, la incógnita gana muchos matices y nos conduce hasta hoy: ¿Por qué todos ellos, Ábalos, Cerdán, Koldo... Juan Manuel Serrano, su amigo; y María Jesús Montero, Gaspar Zarrías, Óscar Puente, Leire Díez, Mercedes González... escogieron a Sánchez? La pregunta es pertinente también para los que se sumaron después, con el agravante de que cuando antes lo combatieron, ya lo conocían y habían compartido primeras ambiciones: Patxi López, Antonio Hernando, Óscar López... Zapatero... En noviembre de 2016, todo el partido conocía los preliminares tejemanejes de Sánchez, que declaró, falsamente afligido y con cuajo, mientras se financiaba opacamente: «La intención de algunos de mis compañeros es quitarme recursos para el proceso de primarias».
Diez años después, Sánchez tiene 126 imputados a su estrecho alrededor. Entre ellos, una es su mujer y otro su hermano, a quien uso para ganarse el silencio y apoyo de la federación extremeña: la colocación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue uno de esos pequeños favores sin importancia que le facilitaban el control del territorio. La organización criminal creada en torno a Sánchez se incrustó en la cúpula de la Administración.
Esta semana, distintas redadas han conducido a la imputación de 25 cargos de Hacienda, la Sepi -entre ellos su presidenta- y otros organismos públicos. El Estado participa del sector privado a través de la Sepi. La trama penetró en el sistema de inversiones del Estado. La organización criminal es una termita que ha pretendido corroer el Estado de Derecho y construir un estado paralelo al margen de la ley. También ha sido imputada la presidenta del TACRC que, dependiente de Hacienda, resuelve contenciosos sobre contratos con la Administración. En su almibarada carta de presentación, en 2021, ella se comprometía a agilizar el trabajo del Tribunal sin poner en peligro la calidad de sus resoluciones. La absorción de los fondos europeos «nos pondrá a prueba», aseguró. Sin duda. Ha llegado el momento. Eso fue el lunes.
El jueves, el juez Pedraz imputó a los infiltrados de la trama en la Guardia Civil: su directora, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas; ambos, por prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia. Pedraz sospecha que utilizaron abusivamente su potestad disciplinaria para intimidar a sus subordinados y provocar en ellos el «efecto desaliento». Presionaban a los agentes de la UCO para que no investigasen la corrupción vinculada a la familia de Sánchez. Mercedes González elaboró una lista y abrió expedientes a los miembros de la UCO que hacían su trabajo. Muchos escogieron al Sánchez que ya conocían, él se dejó ungir; así que todos se ataron y sometieron al presidente del Gobierno.