Tres integrantes del clan de los Moriña de Huelva cayeron este martes en una redada de la Guardia Civil para localizar a los implicados en el tiroteo en Isla Cristina del pasado 16 de agosto, en el que dos encapuchados que viajaban en moto mataron a tiros a dos mujeres y a un menor de edad en plena calle. Se está investigando si este suceso fue un ajuste de cuentas motivado por rencillas personales entre familias vinculadas al narcotráfico desde hace décadas.
Los tres detenidos, con edades comprendidas entre los 24 y los 36 años, permanecían, al cierre de esta edición, en dependencias de la Guardia Civil. Las fuentes del caso consultadas por EL MUNDO precisaron que los tres arrestados están vinculados con el clan familiar de los Moriña, enfrentado al de los Salazar, por otro tiroteo mortal en la barriada onubense del Torrejón en 2024.
El presunto autor de ese tiroteo es El Baba, del clan de los Salazar, y la víctima es Ramón, el hermano de su ex pareja, Saray, ambos de la familia de los Moriña. Los investigadores analizan si la muerte de Ramón -de la que el próximo 10 de septiembre se cumplen dos años- desencadenó el tiroteo de Isla Cristina del pasado 16 de agosto.
En él murieron, precisamente, dos familiares directos de El Baba: su madre, de 62 años, y su hermana de 39 años, que estaba embarazada de ocho meses. También falleció un menor de 16 años, ajeno por completo a las familias enfrentadas. El Baba está ahora en prisión, a la espera de que el 16 de octubre se celebre en la Audiencia de Huelva el juicio por el tiroteo en el barrio del Torrejón.
Según informó este martes la Guardia Civil, a las tres detenciones se llegó tras las investigaciones desplegadas en los veintitrés días transcurridos desde el tiroteo. El pasado 19 de agosto fueron localizadas dos armas que supuestamente fueron usadas por los encapuchados en Isla Cristina. Según pudo confirmar este diario, se trata de un rifle de guerra y un arma corta. Ambas están siendo analizadas por el Servicio de Balística de la Guardia Civil.
En la primera fase de la redada de contra los autores del tiroteo participaron más de 80 agentes que se desplegaron de forma simultánea para hacer cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.
En ellos, los agentes localizaron e incautaron un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que vincula a los arrestados con el tiroteo. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
A las tres personas arrestadas se le imputan cuatro delitos de asesinato -contando como cuarta víctima el bebé en gestación- y un delito de pertenencia a organización criminal. En los próximos días, los tres arrestados pasarán a disposición judicial en Ayamonte.
La investigación fue coordinada por la Policía Judicial de la Comandancia de Huelva, con el apoyo del Equipo de Ayamonte. Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, la operación requirió la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.
Falta de medios
La violencia de los clanes de la droga va in crescendo en la provincia de Huelva, ante la falta de medios de los agentes, denunciada estos días por asociaciones profesionales, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Apenas 24 horas después del tiroteo en Isla Cristina, unos traficantes que iban en una narcolancha cargada de droga abrieron fuego contra una patrullera de la Guardia Civil que los perseguía en aguas de Huelva. En el tiroteo, resultó herido un narco y diez personas fueron arrestadas.
La presión del narco no logra doblegar a los guardias civiles, muchas veces con medios insuficientes para afrontar pesquisas complejas sobre las redes de la droga. «Vamos a ir a por todas contra el narco en Huelva», dijo a este diario un agente de la Guardia Civil involucrado en las operaciones contra el narco que se están desarrollando en esta provincia. Un ejemplo de ello es la rapidez con la que se produjeron las tres detenciones vinculadas con el tiroteo de Isla Cristina y el tiempo récord que se empleó en esclarecer el ataque a la patrullera de la Guardia Civil en el mar, con la detención en apenas unas horas de diez narcotraficantes que ya están siendo investigados por la Audiencia Nacional.
Pugna política
Estos sucesos de violencia extrema relacionados con el narco provocaron un agrio enfrentamiento entre el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, y el Ejecutivo central, de Pedro Sánchez. Moreno pidió por carta el 23 de agosto a Sánchez que reactive la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico. Se trata del OCON-Sur, desmantelado hace cuatro años, a pesar de que cuando se mantuvo activo resultó «efectivo para contener a estas mafias», dice la misiva.
También las asociaciones profesionales de los guardias civiles reclaman que se reactive el OCON-Sur y señalan directamente a la cúpula del Ministerio del Interior y a Fernando Grande-Marlaska por el abandono operativo y humano que padecen los agentes destinados en el sur peninsular.
«Mientras se insiste desde los despachos oficiales en que la seguridad está plenamente garantizada, los guardias civiles en la calle seguimos enfrentándonos a organizaciones criminales fuertemente armadas con menos efectivos de los necesarios y con medios que llegan tarde», denuncian desde la asociación.
Mientras, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, trata de repeler las críticas alegando que ahora se invierte más que nuncia en la lucha contra la droga. Además, sostiene que el OCON-Sur era una «estructura temporal» y ahora hay un dispositivo «permanente».