El juicio por la operación Kitchen ha quedado este martes visto para sentencia, tres meses y medio después de su arranque en la Audiencia Nacional. Tras concluir los informes de las defensas pidiendo la absolución, el tribunal ha ofrecido a los acusados intervenir en el turno de última palabra. Tanto el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como el ex secretario de Estado han declinado enviar un último mensaje al tribunal.
Sí ha querido hablar el ex chófer de Luis Bárcenas, acusado por Anticorrupción y la familia del ex tesorero del PP por participar en lo que consideran labores de espionaje para impedir que hiciera llegar al juzgado material comprometedor para el PP y sus dirigentes. Sergio Rías ha seguido la línea principal de las defensas: que siempre creyó que era una operación legal y que cómo iba él a no colaborar con las Fuerzas de Seguridad.
Que se pongan en mi situación. Cualquier ciudadano normal, cuando se identifican agentes de la autoridad, qué hubiera hecho. Siempre he creído que había que actuar con los agentes de la autoridad como la ley marca. Jamás he tenido conocimiento de que esto fuera ilegalidad alguna [...] Siempre he creído que era para un operativo licito totalmente".
También ha intervenido el comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los que participó en la captación del chófer. Lo ha hecho para restar relevancia a las anotaciones en sus agendas y a los audios que forman parte del material incriminatorio. "Mis anotaciones de mis diarios eran temporales, para recordar. Ahora mismo ni siquiera podría explicar por qué anoté determinadas cosas". En cuanto a las grabaciones, les ha querido restar valor al describirlas como "conversaciones en ambientes distendidos".
También el comisario Andrés Gómez Gordo ha hecho uso de la última palabra. "No he tenido ninguna participación en la ideación y ejecución de esta operación", dijo, añadiendo que llevaba cinco años suspendido de empleo y sueldo.
El resto de acusados no han intervenido y el tribunal ha declarado el visto para sentencia. El ex ministro y el ex secretario de Estado afrontan una petición de Anticorrupción de 15 años de cárcel, los mismos que Gómez Gordo y el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. La petición más dura es para Villarejo: 19 años. Al chófer se le reclaman 12 años y cinco meses. Las cifras bajas sustancialmente para el ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas (dos años y medio). A un octavo acusado, el ex comisario José Luis Olivera, no le señala Anticorrupción, sino la familia Bárcenas.
La última intervención antes del turno de última palabra ha sido la de la Abogacía del Estado, para pedir al tribunal que no le considere responsable civil subsidiario de las condenas que puedan imponerse a los funcionarios policiales. La abogada del Estado ha indicado que "la finalidad de los acusados" era "atender intereses personales, partidistas o particulares". Se trató de "una actuación radicalmente extramuros de las que competen al Ministerio del Interior; hay una clara desviación de poder", añadió.
Para el caso de que el tribunal no comparta ese criterio, ha alegado también que la familia Bárcenas no ha precisado como se requiere por qué conceptos concretos y en qué proporción pide indemnización para el tesorero, su mujer y su hijo por las actividades policiales enjuiciadas.