El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que limita al 35% el porcentaje que la publicidad institucional podrá suponer como máximo en la facturación de los medios de comunicación.
Ha pasado casi año y medio desde que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo la puesta de largo de su anunciado a bombo y platillo Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta con 31 medidas destinadas, según el Ejecutivo, a "restaurar plenamente la confianza en la democracia, hacerla más libre y más limpia" frente a la desinformación y los bulos, y a impulsar una mayor transparencia en los medios de comunicación.
Dentro de ese marco, con un recorrido limitado hasta la fecha, el Consejo de Ministros ha dado este martes un paso importante al aprobar en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que no solo restringirá el máximo de publicidad institucional (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos...) que puede recibir una empresa de comunicación, sino que también obligará a los medios a desvelar públicamente quiénes son sus propietarios.
En concreto, la futura norma, a la que aún le quedan meses por delante para someterse al filtro del Congreso (debe lanzarse a consulta pública, recibir los pertinentes informes de los órganos consultivos del Gobierno y retornar al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta), limitará al 35% el porcentaje que la publicidad institucional (de todas las Administraciones Públicas) podrá representar en los ingresos totales de los medios de comunicación.
El foco, en los medios pequeños
A priori, ninguno de los grandes grupos de comunicación del país alcanza ese porcentaje, por lo que el mayor impacto de la norma, si logra los apoyos necesarios para salir adelante en el hemiciclo, se producirá entre los medios más pequeños, aquellos sin músculo económico propio y que dependen casi exclusivamente de los ingresos que les proporciona la publicidad institucional. Esto es, el foco se orienta hacia esos pequeños medios, la mayoría digitales, contra los que el Gobierno de Pedro Sánchez viene arremetiendo desde hace meses y a los que califica de "pseudomedios".
"Ustedes entenderán que un medio privado de comunicación que tenga un 50%, 60% o 70% de financiación del sector público no es un medio de comunicación, será otra cosa", señaló el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde añadió que "la publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios".
Para el ministro, impulsor de esta ley, que busca al mismo tiempo transponer al ordenamiento jurídico español el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (European Media Freedom Act), que entró en vigor en la UE en agosto pasado, la norma tiene un doble objetivo. De un lado, "garantizar la transparencia de cara a los ciudadanos", para que conozcan a qué se destinan sus recursos. Y de otro, "garantizar la independencia de los medios de comunicación".
Además de por razones de transparencia e independencia, López defendió la necesidad de actualizar la normativa vigente en la materia, que data de 2005, porque en estos últimos años "ha cambiado todo el mercado publicitario; han aparecido nuevos actores, básicamente las plataformas digitales, que compiten hoy en el mercado publicitario con los medios tradicionales". Un sector que, según el ministro, mueve alrededor de 13.000 millones de euros anuales (13.080 millones en 2024), de lo que alrededor de 2.700 millones son inversión pública de todas las Administraciones Públicas.
Registro de medios en la CNMC
El anteproyecto de ley, que hoy inicia el periplo hacia su tramitación parlamentaria, también obligará a los medios de comunicación a hacer públicos los datos sobre su propiedad; es decir, a desvelar cuáles son sus dueños y su estructura accionarial. En este sentido, se creará un registro estatal de medios que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y que será obligatorio "para que puedan constar como medios de comunicación", señaló el titular de Transformación Digital.
En dicho registro, las empresas también deberán desvelar los fondos públicos que le son asignados anualmente en publicidad institucional, en un contexto en el que entre los principales objetivos de la norma figura conocer la inversión que tanto el Estado como, sobre todo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos realizan en los medios de comunicación por la vía de la publicidad institucional y, por ende, su grado de dependencia de esos ingresos públicos.
La norma también hará mas exigentes los estándares de transparencia tanto en los sistemas de medición de audiencia como en las tarifas publicitarias.
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