- AMAYA MENDIKOETXEA
Treinta universidades españolas entre las mil primeras no demuestran que nuestro sistema sea excelente.
Cada agosto, la publicación del Ranking de Shanghái provoca un pequeño terremoto en el sistema universitario español. Se cuentan las universidades que entran, las que salen y las que suben o bajan. Este año, España cuenta con 30 universidades entre las mil primeras del mundo, frente a las 36 de la edición anterior. La conclusión ha tardado poco en aparecer: la universidad española retrocede.
Pero antes de convertir un ránking en un diagnóstico sobre todo un sistema universitario convendría preguntarse qué mide realmente. El Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como Ranking de Shanghái, nació en 2003 con una finalidad muy concreta: permitir a China conocer la distancia que separaba a sus universidades de las grandes universidades de investigación del mundo. Ese origen explica también su metodología. El ARWU no aspira a medir la calidad de una universidad en todas sus dimensiones. No evalúa de manera significativa la docencia, la experiencia de los estudiantes, la empleabilidad, la transferencia de conocimiento o la contribución social de las instituciones.
Mide, sobre todo, capacidad científica, a través de indicadores como los premios Nobel y las medallas Fields -aspecto en el que la mayoría de las universidades españolas ya empezamos con un 30% menos de puntuación-, los investigadores altamente citados, las publicaciones en Nature y Science o los artículos indexados en determinadas bases de datos internacionales. Es, por tanto, un instrumento útil para observar una parte de la realidad universitaria, pero solo una parte. Su metodología favorece a las universidades grandes, intensivas en investigación y con fuerte presencia en determinadas disciplinas científicas.
Hecha esta precisión, los resultados españoles merecen analizarse con más calma de la que permiten algunos titulares. España mantiene este año 30 universidades entre las mil primeras: 29 públicas y una privada. En 2025 eran 36: entran dos y salen ocho. Pero de ahí no puede deducirse que en doce meses ocho universidades españolas se hayan convertido en peores universidades.
Hay una razón bastante elemental: mil son mil. El número de instituciones que pueden aparecer en el ránking es limitado y la competencia internacional aumenta. Los movimientos en torno a las posiciones de corte pueden producir cambios importantes en el número de universidades representadas sin que exista un deterioro equivalente de su actividad científica.
Y, sobre todo, el mapa mundial de la investigación está cambiando. En 2026, 234 de las 1.000 universidades que publica el Ranking de Shanghái son de China continental, a las que habría que sumar otras 23 de Hong Kong, Macao y Taiwán, hasta llegar a 257, un número que no ha dejado de crecer, frente a las 187 de Estados Unidos. Además, 16 universidades chinas figuran ya entre las cien primeras, tres más que el año anterior. Estos resultados no son sino consecuencia de una apuesta sostenida durante décadas por la ciencia, las universidades, las infraestructuras y el talento. Shanghái evalúa más de 2.500 instituciones, pero solo publica las primeras mil. El avance de unos sistemas desplaza necesariamente a otros. Por eso, que España pase de 36 universidades en 2025 a 30 en 2026 no permite concluir, por sí solo, que nuestras universidades hayan empeorado. También debe leerse en un escenario de competencia científica internacional cada vez más intensa y de desplazamiento hacia Asia del centro de gravedad de la investigación mundial.
Rigor en el debate político
Esto debería servir para introducir algo de rigor en nuestro debate político. Atribuir los resultados de Shanghái de 2026 al éxito o al fracaso de leyes recientes significa desconocer los tiempos de la investigación. Una universidad no construye un grupo científico excelente en una legislatura. Un país no forma investigadores altamente citados en tres años. Los resultados científicos que hoy medimos son, en buena medida, consecuencia de decisiones tomadas hace diez, veinte o treinta años. La investigación exige algo especialmente difícil en sociedades acostumbradas a los ciclos electorales: continuidad. Continuidad en la financiación y en las políticas científicas.
Cuestionar interpretaciones catastrofistas del ranking no significa, sin embargo, que debamos sentirnos satisfechos. Al contrario. Shanghái debería servirnos para plantear una pregunta bastante más importante que la del número de universidades entre las mil primeras: ¿qué estrategia científica queremos para España durante las próximas dos décadas? Porque nuestro problema no es únicamente de recursos. Es también de organización. España dispone de una considerable capacidad científica, pero está extraordinariamente fragmentada. Investigamos en las universidades, pero también en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), en hospitales e institutos sanitarios, en centros autonómicos y en numerosas estructuras creadas en las últimas décadas. Otros sistemas han optado por modelos en los que una mayor parte de la capacidad investigadora se concentra en las universidades o se articula más estrechamente alrededor de ellas. No significa necesariamente que produzcan mejor ciencia, pero sí que sus universidades acumulan mayor masa crítica y que esa potencia resulta más visible en rankings construidos para medirla.
Madrid y Cataluña permiten observar dos formas distintas de afrontar este problema. Cataluña mantiene una posición especialmente sólida. La Universidad de Barcelona continúa siendo la primera española en Shanghái y la Autónoma de Barcelona se sitúa también entre las instituciones españolas mejor clasificadas. Pero probablemente lo más interesante sea el ecosistema construido durante décadas: universidades, centros de investigación, el sistema Cerca e instrumentos como Icrea para la captación y consolidación de talento. La fortaleza del sistema catalán se refleja también en los resultados de las convocatorias competitivas nacionales y europeas. No es un modelo necesariamente trasladable de forma automática, pero responde a una idea reconocible de política científica mantenida en el tiempo.
Madrid presenta una realidad diferente. Cuenta con universidades de enorme potencia investigadora, cinco de sus seis universidades públicas están en el ránking, y concentra una parte extraordinariamente importante de la capacidad científica española. Pero esa capacidad se encuentra distribuida entre universidades y una gran variedad de instituciones científicas. Madrid tiene ciencia. Mucha ciencia. La cuestión es hasta qué punto dispone de un sistema capaz de convertir toda esa capacidad en una estrategia compartida.
Ahí se encuentra, quizá, una de las principales lecciones de Shanghái. España no necesita diseñar su política universitaria para subir puestos en una clasificación internacional. Sería un error convertir el indicador en objetivo. Pero sí necesita decidir qué lugar quiere ocupar en el mapa mundial del conocimiento.
Eso exige financiación suficiente, estable y plurianual, pero también políticas ambiciosas para atraer y retener talento; infraestructuras competitivas; menos burocracia; instituciones con mayor autonomía; mecanismos rigurosos de evaluación; universidades capaces de definir prioridades y especializarse; y una relación mucho más estrecha entre universidades, OPIs, hospitales y centros de investigación. Sobre todo, exige abandonar la fragmentación y construir objetivos comunes.
Los rankings son imperfectos. Simplifican realidades complejas. Pero precisamente por eso deberían servir para algo más que elaborar una clasificación de ganadores y perdedores. Treinta universidades españolas entre las mil primeras no demuestran que nuestro sistema sea excelente. Que el año pasado fueran 36 tampoco demuestra que ahora sea peor. La pregunta importante no es dónde estaremos en el Ranking de Shanghái del próximo agosto. Es qué tipo de universidades queremos y qué decisiones estamos tomando hoy para determinar dónde estará la ciencia española dentro de veinte años. Porque las posiciones que ocuparemos entonces no se decidirán entonces. Se están decidiendo ahora.
Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA).
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