- I. F.
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La controversia fiscal sobre el cash pooling (gestión centralizada de tesorería) lejos de resolverse, se agrava.
David Cañabate, socio de fiscal de PKF Attest, alerta de una peligrosa interpretación que se está extendiendo en el mercado tras la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de julio de 2025. Aunque el Alto Tribunal especificó que su doctrina aplicaba a un caso muy concreto dada la diversidad de estas operativas, la Administración ha optado por una vía más agresiva.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su resolución de octubre de 2025, ha decidido extender los criterios restrictivos del Supremo a todo tipo de supuestos, yendo más allá de la cautela judicial. Esto anticipa una inminente campaña de regularización por parte de la Inspección en 2026 y un repunte de la litigiosidad. "Se está trasladando un mensaje erróneo al asumir que el fallo del Supremo es un estándar obligatorio para todos, cuando el propio tribunal lo niega", advierten los especialistas, que instan a no dar la batalla por perdida antes de tiempo.
En positivo, el panorama se aclara respecto al IVA en los ajustes de precios de transferencia (facturas rectificativas). La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes septiembre de 2025 (caso Acromet) pone fin a la inseguridad, facilitando la deducibilidad del impuesto frente a las trabas formales de Hacienda.
Un ejercicio decisivo
Las empresas afrontan un 2026 decisivo en el que deberán blindar documentalmente sus operativas financieras ante la previsible ofensiva inspectora. Con la Administración dispuesta a generalizar las regularizaciones y los tribunales matizando caso por caso, el aumento de la litigiosidad parece inevitable.
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