Un collage con siete imágenes de etarras que han accedido al tercer grado o al artículo 100.2. Eva Calzadilla/Arte E.E.
Reportajes Más de 7.000 años de condena que no cumplirán 66 terroristas en semilibertad: "Todo es culpa del PSOE, lo pactó con ETA"Casi 40 de estos miembros de la banda terrorista tienen sentencias por delitos de sangre. Según datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), al 54% de estos internos se les ha aprobado el tercer grado o el artículo 100.2.
Más información: La consejera vasca de Justicia del PSOE da un tercer grado a un etarra cada 11 días: entre ellos, los asesinos de Buesa.
José Ismael Martínez Publicada 21 febrero 2026 01:52hLlueve frente a la cárcel de Martutene (San Sebastián), como en esos días en los que ni siquiera el cielo quiere que amanezca.
Es lunes, 9 de febrero de 2026. No han dado todavía las ocho de la mañana, pero una comitiva de periodistas se prepara para captar la salida del etarra Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', del centro penitenciario.
El interés del momento no reside solo en que un terrorista que acumula una pena de 377 años de prisión por todos sus delitos salga a la calle amparándose en el artículo 100.2 que le concede la semilibertad a cambio de trabajar o hacer voluntariado.
'Txeroki', saliendo de prisión por primera vez para disfrutar de su régimen de semilibertad. UNANUE/ Europa Press
La polémica está en que no muestra arrepentimiento por la veintena de delitos de tentativa de asesinato y estragos terroristas que cometió para ETA.
La indignación que generó esta noticia tampoco se debe solo a su liberación, sino también en que se trata de uno más en la lista de los 66 etarras a los que el Gobierno euskaldún ha concedido regímenes de semilibertad.
[Ekaitz Sirvent, el jefe de ETA convertido en profesor de Ética de niños entre 12 y 16 años en el instituto de Elgoibar]Solo una parte de los que han formado parte de la banda critican esta medida.
Es el caso de Javier Elorrieta, que formó parte del grupo durante sus inicios, antes de que comenzara con la lucha armada: "Esta liberación de presos es el resultado de las negociaciones que mantuvo el PSOE con ETA para poner fin al terrorismo".
"Ambos pactaron la futura liberación de presos", detalla el vasco.
Una foto de archivo de Javier Elorrieta.
Sin embargo, buena parte de quienes se integraron en ETA no comparten esta opinión.
Ni siquiera se identifican como 'internos terroristas', sino como 'presos políticos'.
Así lo explica a este diario Joseba Garitaonandia, que cumplió una condena de cuatro años y medio por pertenecer a ETA: "Como preso político vasco que he sido, para mí este tema tendría que estar zanjado desde hace mucho tiempo, después de todos los años que han pasado tras la desaparición de la actividad armada".
"Esta situación es una consecuencia nefasta que están pagando una serie de personas que no tendrían por qué sufrirla, porque las cosas no se hicieron personalmente, sino dentro de un colectivo".
"Y por la otra parte hemos visto cómo están impunes todos los torturadores, la gente que financió los GAL, quienes han apoyado el terrorismo de Estado...Algunos de ellos, con unos privilegios muy grandes", añade Garitaonandia.
"Viendo cómo han transcurrido las cosas, para mí hacía mucho tiempo que deberían estar todos los presos en la calle. Sigo teniendo que ir a visitar a gente a la cárcel, es una cosa anacrónica", concluye.
En total, según un informe del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), quedaban 125 internos de ETA en los centros penitenciarios del país al cierre de 2025.
Imagen fechada en 2017 en la que una pintada en una pared de Iturmendi (Navarra) ensalza a ETA. Efe
De ellos, 54 ya disponen del tercer grado, y 12 se han acogido al artículo 100.2, una medida que les permite salir en un horario determinado, y -en la teoría- solo para ir a trabajar y realizar voluntariado.
Algunos de quienes se benefician de estos regímenes cuentan a sus espaldas con delitos cuyas penas alcanzan varios cientos o incluso miles de años.
Sin embargo, el artículo 76 del Código Penal establece un máximo efectivo de cumplimiento en prisión.
Por esta razón, 'Txeroki', condenado a 377 años de prisión por los delitos que la Justicia logró atribuirle, debía pasar solo 25 recluido en un centro penitenciario.
Etarras en tercer grado
En esta misma situación hay múltiples terroristas, muchos de los cuales no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento en público.
Pintada a favor de ETA EFE
Juan Jesús Narváez Goñi, conocido como 'Pajas', fue condenado en 2016 a 296 años, de los que debía cumplir 30, tal y como establece el Código Penal. Se le concedió el tercer grado a principios de 2025.
José Antonio Borde Gaztelumendi, alias 'Putxe', también fue condenado a 200 años pero con un límite de cumplimiento de 30.
Las autoridades le detuvieron en 2002, y la Justicia demostró su participación en tres atentados en los que fallecieron 16 personas. Pese a ello, obtuvo el tercer grado el año pasado.
Por otro lado, es especialmente llamativo el caso de Henri Parot, condenado a 4.592 años, de los que debía cumplir 40, por los asesinatos de 39 personas.
Ingresó en prisión en 1995. Sin embargo, redactó una carta en la que reconocía el "dolor ocasionado" y renegó de la violencia, por lo que se le concedió un régimen especial de semilibertad en junio de 2025 que le permite salir a la calle seis días.
Otro de los casos más recientes de terceros grados es el de Asier Arzalluz Goñi, alias 'Santi', que fue condenado a finales de 2024 por el asesinato de un periodista y debía pasar 30 años en prisión.
Pese a que el Gobierno vasco le concedió este régimen, la Fiscalía presentó este mes de febrero un recurso que paralizó el proceso .
El etarra Asier Arzalluz, conocido como 'Santi', tras su detención. Policía Nacional
El que sí consiguió que se le reconociera fue Harriet Iragi Gurrutxaga, condenado a 128 años de cárcel de los que debía cumplir 30 por formar parte de un comando que asesinó a un concejal del PP. Fue detenido en el 2000 y se le concedió el tercer grado en 2024.
También accedió a este régimen penitenciario Luis Mariñelarena. Fue detenido en 2001 y se demostró su participación en el atentado con coche bomba que asesinó al político Fernando Buesa (PSE) y a su guardaespaldas, Jorge Díez Elorza.
La Audiencia Nacional le condenó a 100 años de prisión, y en 2007, a otros 22 por el intento de asesinato del presidente de la Diputación de Álava, Ramón Rabanera. Su pena máxima se limitó a 30 años, pero en octubre de 2024 se le aprobó el acceso al tercer grado.
Un año después, en julio de 2025, también se le concedió a Francisco Javier Gallaga Ruiz, condenado en 2006 por dos asesinatos y por herir a casi 20 personas en dos atentados.
Sus delitos ascendían hasta los 343 años de pena, de los que debía cumplir 30.
Negociaciones con ETA
Los anteriores son solo siete de los casi 40 casos de etarras condenados por delitos de sangre que han accedido al tercer grado o al régimen de semilibertad del artículo 100.2 y que este diario ha podido constatar
Estos beneficios penitenciarios generan una gran controversia, porque suelen venir acompañados de celebraciones y más exigencias de libertad por parte de sus afines.
En cambio,los sectores críticos contra el terrorismo ven esos actos y reclamos un agravio a la memoria de las víctimas y sus familias.
Uno de esos críticos es Javier Elorrieta.
Este hombre se integró en ETA a mediados de los 60, cuando era solo un movimiento ideológico que no había comenzado con la lucha armada.
"Yo era un chaval que no llegaba ni a los 20 años. En aquel momento, en un contexto de dictadura franquista donde no se tenía acceso a toda la información que hay en estos días, cuando alguien quería oponerse al régimen lo que tenía más a la mano era el comunismo"
Tres miembros de ETA encapuchados alzan el puño.
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"Todas las referencias intelectuales eran de izquierda. Si hubiéramos leído más a personalidades de otro sector ideológico, la historia habría sido muy diferente".
Su adhesión a la banda le trajo consecuencias durante la dictadura franquista.
Fue detenido una semana después de que un miembro de ETA cometiera el primer asesinato de la historia del grupo armado: el del guardia civil José Pardines, en 1968.
"Tras aquello, la situación en la banda empezó a cambiar, y yo tuve que enfrentarme a tres tribunales militares y fui a prisión simplemente por estar integrado en el grupo".
Al poco tiempo acabó abandonando ETA, y hoy condena enérgicamente toda su actividad armada.
"Los peores tiempos de la banda no vinieron durante la dictadura, sino contradictoriamente en democracia".
Carteles exogiendo la libertad de presos etarras, fotografiados en julio en Donostia.. COVITE
Sus palabras se amparan, además, en su integración en el Partido Socialista de Euskadi como diputado independiente en el Parlamento Vasco.
Además, fue uno de los impulsores de Foro Ermua, un colectivo dedicado a promover el reconocimiento de las víctimas del terrorismo.
PREGUNTA.– ¿Cómo valora la concesión de terceros grados y regímenes de semilibertad a los presos de ETA?
RESPUESTA.– Es consecuencia de lo pactado en las negociaciones para la disolución de ETA entre el PSOE y la banda terrorista.
Otra cosa es la articulación formal, es decir, cómo esto se va llevando a cabo.
Pero Otegi ha sido muy claro, él dijo: 'Tenemos que liberar a los 200 de los nuestros que están todavía en las cárceles'.
Es meridianamente claro que esto es parte de la negociación del apoyo al sanchismo.
Aparte de que no se cumple ningún requisito de lo que sería fundamental para llegar a conceder el tercer grado.
Es decir, hay más de 300 asesinatos sin esclarecer, no se ha emitido ningún tipo de perdón, siguen diciendo que el terrorismo ha sido fundamental... Formalmente, no hay nada que avale esta política penitenciaria del Gobierno.
Este razonamiento se alimenta de las noticias que están trascendiendo en las últimas semanas.
A finales de enero, el Gobierno de España sacó a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.
Además, en promedio, el Ejecutivo vasco ha concedido un tercer grado a un etarra cada 11 días, aproximadamente (si se excluyen del conteo los sábados y los domingos, días en los que no se firman estas resoluciones).
La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, en una imagen de archivo. Europa Press
La Consejería de Justicia vasca, sobre la que recae esta competencia, está en manos del Partido Socialista. En concreto, de María Jesús San José.
P.– ¿Usted teme que estas medidas puedan suponer un incremento de las tensiones políticas en el País Vasco en un futuro?
R.– Si hay una cosa cierta es que el nivel de polarización que hay ahora mismo es tremendo. Lo veo incluso en mi entorno más próximo.
Hay mucha movilización, muy poca gente se arrepiente de lo ocurrido.
Mi perspectiva de futuro es una terrible incógnita. Sobre todo porque es la primera vez en la historia de la democracia que las perspectivas sobre el futuro no apuntan a que las cosas van a ir a mejor en los próximos años.
Es todo lo contrario. Las perspectivas sugieren que, a nivel general, vamos a peor.
Y al hablar de la derrota del terrorismo ocurre algo especialmente llamativo.
Cuando en todos los actos que se han publicitado sobre la negociación con ETA, los afines a la banda muestran una gran alegría y las víctimas una gran decepción, hablar de derrota es algo que no está tan claro.
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