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Pedro Sánchez acelera la ratificación de los decretos para forzar a sus socios a que los respalden. Las medidas se han vuelto a negociar a espaldas del sector y de las comunidades autónomas.
El Gobierno escenificó ayer la puesta en escena de una respuesta ágil a la crisis del mercado del alquiler y el malestar social aflorado con el desahucio la semana pasada de una anciana en el centro de Madrid. Lo cual resulta irónico tras más de ochos años de Pedro Sánchez en el poder, y casi tres desde que el presidente del Gobierno, al ser investido de nuevo en noviembre de 2023, proclamase que ésta sería “la legislatura de la vivienda”. No lo está siendo para quienes tienen cada vez más dificultades para acceder a un hogar, ya sea en régimen de compra o, sobre todo, en alquiler, puesto que las medidas en materia de vivienda aprobadas en esta etapa han dado el resultado contrario al prometido: en vez de aumentar el número de pisos disponibles han provocado un hundimiento histórico de la oferta, generando una subida en espiral de sus precios. Reincidir en las medidas que han conducido al colapso del mercado inmobiliario sólo servirá para acentuar los problemas que se han agravado desde 2018 y para aumentar la frustración de la ciudadanía.
Solución precipitada
El empeño por exhibir una respuesta célere a las demandas de quienes han vuelto a acampar en la madrileña Puerta del Sol reclamando políticas aún más radicales e intervencionistas en materia de vivienda llevó al Ejecutivo a precipitar una propuesta dividida en dos decretos ley, que además se someterán a ratificación al Congreso de los Diputados este mismo viernes. Algo nada habitual en el mandato de Sánchez, que habitualmente apura el plazo legal de un mes para convalidar las medidas en apariencia urgentes que aprueba mediante reales decretos para tratar de sortear así la falta de apoyos en las Cortes. Con esta maniobra, Moncloa busca elevar al máximo la presión social sobre los grupos parlamentarios que han sostenido a Sánchez durante la legislatura, varios de los cuales, principalmente Junts y Podemos, desde posiciones ideológicas antagónicas, tienen reticencias respecto a las soluciones poco novedosas alumbradas por un Consejo de Ministros que, de nuevo, tuvo que retrasarse por la falta de acuerdo entre PSOE y Sumar sobre las medidas que finalmente debían ver la luz.
Recetas fallidas
Más allá de las disputas partidistas, lo cierto es que ni en el origen ni en el planteamiento las soluciones planteadas a los cuellos de botella en el alquiler son acertados. Primero, porque los decretos se han redactado a espaldas de quienes deben aplicarlos: las empresas del sector inmobiliario y los gobiernos autonómicos que tienen las competencias en la materia. El mismo error que ya se cometió con la Ley de Vivienda estatal de 2023. Segundo, porque demoniza la inversión profesional, empleando incluso calificativos gruesos como el de “carroñeros” que utilizó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para referirse a los propietarios del piso que protagonizó el desalojo mediático. Tercero, se prolonga el desequilibrio en la protección jurídica entre propietarios e inquilinos que ha llevado a numerosos caseros a retirar sus pisos del mercado, extendiendo hasta el año 2030 el veto a los desahucios de las personas consideradas vulnerables.
Improvisación injustificada
Finalmente, se anuncia en adelante una prohibición de compra de vivienda para los fondos de inversión de dudosa constitucionalidad, pero sin concretar quienes serían los vehículos vetados para operar en el mercado inmobiliario español. Un signo de improvisación para una medida de tanto calado que es inquietante. Sin embargo, dado el escaso peso de los mismos en el mercado, tendrá mínimos efectos en el parque de pisos en caso de ponerse en marcha. Por contra, son escasas las medidas puestas sobre la mesa en esta ocasión que pueden contribuir a incrementar la oferta, en parte porque no se aborda la reforma postergada de la Ley del Suelo, y los incentivos a propietarios resultan poco ambiciosos. En suma, una nueva oportunidad perdida para enmendar de buena fe los errores cometidos con la regulación ultraintervencionista de la vivienda durante los últimos ocho años.
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