Mañueco aplaza su pacto con Vox en Castilla y León para sacar la "prioridad nacional" de la campaña andaluza

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, entre Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, en un acto de precampaña. EP

El presidente de Castilla y León protege la reelección de Juanma Moreno: cuanto más tarde se firme el polémico sintagma en Castilla y León, menos munición tendrá el PSOE contra el candidato moderado del PP.

Más información:El PP refuta a Vox: extranjeros con arraigo tendrán el mismo derecho que los españoles al aplicar la "prioridad nacional".

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Alfonso Fernández Mañueco no cerrará el acuerdo con Vox para su investidura hasta después de que se celebren las elecciones en Andalucía, el próximo 17 de mayo. Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes cercanas al presidente en funciones de Castilla y León.

El objetivo del candidato popular a la reelección es sacar la polémica de la "prioridad nacional" del foco de la campaña en la que Juanma Moreno se juega revalidar su mayoría absoluta frente a la socialista María Jesús Montero.

La medida, exigida por el partido de derecha extrema para los pactos en Extremadura y Aragón, forma igualmente parte de las negociaciones por fin abiertas en la región castellano y leonesa.

A pesar de la "incomodidad" que el concepto le provoca al propio Mañueco, no tendrá opción de evitarlo. Pero sí pretende diluir el debate, aun a precio de retrasar su propia investidura, para evitar no alimentar, él también, esa baza de campaña al PSOE, hundido en las encuestas andaluzas.

En Castilla y León, ni el Estatuto ni el Reglamento de las Cortes marcan una fecha tope para el primer pleno de investidura, lo que concede a Mañueco un margen de maniobra del que no disponía, por ejemplo, Jorge Azcón en Aragón.

Por ahora, la única fecha fijada es el 7 de mayo. Ése es el último día para que el nuevo presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, proponga a Mañueco como candidato. De modo que ese calendario laxo permite al líder popular castellano y leonés jugar con las fechas y administrar los tiempos de su negociación con Vox.

La orden que ha dado a sus colaboradores, es aguantar "más allá de las andaluzas" sin formalizar un acuerdo que inevitablemente alimentaría la polémica de la "prioridad nacional" como centro del debate nacional.

"Medida puntual"

La decisión no obedece sólo a una cuestión de táctica parlamentaria, sino a una "incomodidad" política de fondo con el concepto. Mañueco ha rebajado en público la "prioridad nacional" a "medida puntual" y ha repetido que en Castilla y León "nadie se queda sin ayudas", una forma de marcar distancias con el marco de "los españoles primero" que Vox proclama en Extremadura y Aragón.

En paralelo, la dirección del PP y la Junta de Castilla y León son conscientes del efecto que la polémica tiene en la campaña andaluza. Cada vez que se pronuncia el sintagma, Moncloa y el PSOE lo convierten en sinónimo de "ciudadanos de primera y de segunda", y atan al moderado Moreno a los pactos con la ultraderecha.

Por eso, si el acuerdo de Mañueco con Vox se firma antes del 17-M, el PSOE tendrá un ejemplo fresco de "prioridad nacional" para llevarlo a los mítines de Montero. Y en Génova se celebra que el presidente castellano y leonés mantenga la negociación abierta, pero discreta, hasta que se cierren las urnas en Andalucía.

La paradoja del PP

En el cuartel general de Feijóo, la paradoja que se comenta en voz baja resume bien el momento: una mayoría absoluta de Juanma Moreno es el mejor antídoto contra la polémica de la "prioridad nacional".

Si el presidente andaluz revalida su resultado de 2022, no tendrá que incluir ese concepto en su programa de gobierno ni sentarse a negociar con Vox un texto que le incomoda tanto como al resto de barones populares.

Aunque ese escenario, admiten en la cúpula popular, dejaría al descubierto la verdadera naturaleza del término. Evidenciaría que la "prioridad nacional" no forma parte del ADN del PP, sino que es una imposición de Vox que los populares aceptan al no tener más remedio que ceder alguna baza para formar determinados gobiernos autonómicos.

Un dirigente de la dirección nacional lo resume sin rodeos al comparar la situación de los territorios en juego: "Si Guardiola quiere evitarse cosas así, que saque mayoría absoluta, como Alfonso Rueda en Galicia o Juanma Moreno en Andalucía".

Y no es casual que en esa lista de modelos a seguir no aparezca Isabel Díaz Ayuso, pese a que la presidenta madrileña también goza de mayoría absoluta.

En Madrid, la presidenta acaba de aprobar un decreto de vivienda que "prioriza" a los beneficiarios, precisamente, por unos criterios de arraigo prácticamente iguales a los firmados en Extremadura y Aragón, salvo por un detalle político decisivo: no incluye el sintagma "prioridad nacional".

Y pese a que en política las palabras importan, en el entorno de Alberto Núñez Feijóo sentaron mal las declaraciones de la lideresa madrileña, al día siguiente del pacto extremeño. Para desmarcarse de su denominación, evidentemente impuesta desde Vox, Ayuso puso en duda la "legalidad" de una medida basada "punto a punto" en la suya.

Interpretaciones opuestas

Mientras Vox hace del lema su bandera, el PP intenta envolverse en la idea de arraigo, de empadronamiento y de antigüedad "en el territorio", para evitar el choque frontal con la Constitución y con el discurso de igualdad de derechos entre todos los ciudadanos.

Ése es, de hecho, el nudo de la polémica que recorre también las conversaciones en Castilla y León.

Mañueco, presidente en funciones de Castilla y León, abraza a Guardiola, durante su toma de posesión como presidenta de Extremadura, el pasado sábado en Mérida. EP

El PP defiende que la "prioridad nacional" se traduce en baremos de residencia, cotización y vínculos familiares con la Comunidad, abiertos a cualquier persona que cumpla la ley, tenga o no pasaporte español. "No cabe interpretar cuando el texto está claro, y si la ley no distingue no cabe distinguir", explican fuentes cercanas a Feijóo. "Pactar cosas de acuerdo con la ley es el mejor seguro".

Vox, en cambio, vende a su electorado que los acuerdos con los populares garantizan que "los españoles estarán por delante" de los extranjeros en ayudas y vivienda social.

Esa interpretación choca con el marco jurídico estatal y con la propia redacción de los pactos, que hablan de “arraigo real, duradero y verificable", evitan mencionar la nacionalidad como criterio de preferencia, y determinan que la medida se aplicará siempre "de acuerdo a la legalidad vigente".

Pero la Moncloa y el PSOE han olido la grieta y han entrado por ella con fuerza.

Pedro Sánchez acusa a PP y Vox de impulsar que haya ciudadanos de primera y segunda. Y advierte de que, si se consuma, recurrirá la "prioridad nacional" ante el Tribunal Constitucional antes de que se extienda a otros colectivos, más allá de los migrantes.

La candidata socialista, María Jesús Montero, está decidida a explotar esa estrategia en Andalucía.

Cada vez que Vox reivindica su eslogan y que un territorio del PP se abre a esa fórmula, la exvicepresidenta borra su pasado de ocho años en el Gobierno central y presenta a Moreno no como un moderado autónomo, sino como parte de "un bloque ultra" que termina importando las recetas de la extrema derecha europea.

Feijóo intenta contener esa imagen fijando el discurso en el arraigo y en la legalidad. De ahí las enmiendas presentadas en el Congreso a la moción de Vox sobre "prioridad nacional", y el voto en contra final del PP cuando los de Santiago Abascal se negaron a aceptarlas, llevando el texto va más allá de lo firmado en las CCAA, al pedir la deportación y repatriación de migrantes irregulares.

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