Importante malestar en el seno de la Comunidad de Madrid con el Gobierno central en materia migratoria. En Sol conocieron a través de la prensa a principios de mes la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a tramitar la "reagrupación" de los menores extranjeros no acompañados más "conflictivos" que se encuentran acogidos en territorio madrileño. Un gesto que el equipo de Isabel Díaz Ayuso considera un bloqueo que no cumple la legalidad y que podría derivar en una batalla judicial.
En una misiva enviada a la Delegación del Gobierno, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, advierte a Francisco Martín que la Administración madrileña "no permanecerá inmóvil", y que "si continúa incumpliendo sus obligaciones legales", la región "adoptará todas las medidas necesarias dentro de sus competencias". "Actuaremos en consecuencia para exigir las responsabilidades que correspondan", asevera Dávila.
Se trata en concreto de 86 menores que por motivos de "conflictividad" se ha decidido que sean reunificados con sus familias en sus respectivos lugares de origen. Una medida que necesita del visto bueno y tramitación del Gobierno, que se niega a hacerlo apelando al "interés superior del menor".
Una postura que la consejera madrileña de Asuntos Sociales reprocha en su carta, a la que ha tenido acceso este diario. "Su gobierno demuestra, una vez más, que no actúa guiado por el interés superior del menor, sino por el interés superior de Sánchez y por cálculos políticos que nada tienen que ver con la protección efectiva de ningún menor", denuncia Dávila a Martín. "La realidad es que su decisión abandona a estos menores a su suerte y evidencia una preocupante incapacidad para cumplir con las obligaciones que le impone la ley".
"Resulta profundamente preocupante que, pese a conocer la situación de estos menores, la Delegación del Gobierno no haya actuado con la diligencia que le exige la ley. Más aún cuando la selección de estos casos ha sido realizada por la Comisión de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, atendiendo a circunstancias especialmente graves que aconsejan su retorno con su familia o con los servicios de protección de sus países de origen", recuerda Dávila al delegado del Gobierno en el escrito.
Mientras, el propio Martín se reafirmó este martes en la posición del Ejecutivo central: "No expulsaremos menores sin garantías para ellos", respondió a las exigencias de la Comunidad de Madrid, dijo el delegado del Gobierno, que instó a Ayuso a "dejarse de expulsiones".
"Lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades, que son las de dar una tutela efectiva a los menores que están en la Comunidad de Madrid", reprochó el máximo representante del Gobierno en la región en dirección a la presidenta autonómica.