- EXPANSIÓN
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La inédita huelga general convocada por las centrales UGT y CCOO de la mano del autodenominado sindicato de inquilinas –la organización impulsora de las acampadas y las manifestaciones por la crisis de la vivienda– contra el rechazo de los dos decretos para intervenir más el mercado inmobiliario la semana pasada por parte del Congreso de los Diputados ha provocado gran indignación entre el empresariado.
Utilizar una herramienta lícita de protesta laboral con fines políticos, como resulta evidente en la convocatoria de la movilización que se celebrará en medio de la campaña electoral pese a que se vayan a incluir también reivindicaciones como la mejora de los salarios para cumplir los requisitos legales, supone tomar a las empresas como rehenes de una causa partidista.
Es evidente que la protesta convocada por estas tres organizaciones sirve para respaldar el relato político de PSOE y Sumar sobre la presunta urgencia de intervenir aún más en el mercado inmobiliario para hacer frente a los denominados fondos buitre –cuyo peso en el mercado es reducido– y a la supuesta especulación de los propietarios que alquilan sus pisos. Más aún después de que la líder del PSOE andaluz y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, verbalizara que la huelga general “se ha convocado contra la oposición”.
La protesta carece de utilidad práctica después de que el Ejecutivo haya orquestado un subterfugio jurídico para ratificar por la puerta de atrás en la diputación permanente del Congreso dos decretos casi idénticos a los que fueron rechazados la semana pasada por la mayoría de la Cámara.
En vista de que la finalidad de la protesta es favorecer la campaña electoral de los partidos de izquierda que han promovido esta regulación ultraintervencionista, las organizaciones empresariales consideran inadmisible que se pueda autorizar la protesta como una huelga general.
Ésta acarrea importantes costes financieros para las compañías cuyos trabajadores decidan secundarla, así como enormes dificultades logísticas y organizativas los días en que tenga lugar, cuando las verdaderas causas de la movilización son ajenas a las empresas.
Cabe recordar que Sánchez despenalizó en 2021 las acciones violentas de los piquetes durante las huelgas y ha disparado las subvenciones que reciben unos sindicatos que han permanecido sospechosamente silentes durante los últimos ocho años de gobiernos “progresistas”.
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