Nadie en la Guardia Civil duda de que Fernando Grande-Marlaska no hará dimitir a Manuel Llamas tras su imputación en el caso de las cloacas del PSOE. Esta conclusión de los altos mandos del Cuerpo se basa en la experiencia. El ministro del Interior ha dado un apoyo inquebrantable al máximo mando uniformado del Instituto Armado y lo ha hecho en dos momentos críticos y delicados.
Lo ha sostenido tanto cuando se desveló que presionaba a la Unidad Central Operativa (UCO) para que le adelantara informaciones que afectaban a Pedro Sánchez como cuando la Justicia comenzó a poner el foco sobre él. El juez de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz ha imputado también a Mercedes González, la directora general del Cuerpo. Sin embargo, en la Guardia Civil establecen una diferencia rotunda entre la situación judicial de sus máximos representantes por motivos obvios. González es política. Llamas, uno de los suyos.
«Necesitamos instituciones fuertes. No es lo mejor que las personas que nos representan estén sometidos a un procedimiento judicial», razona uno de los altos mandos consultados por este periódico. «No se puede pedir ejemplaridad a los ciudadanos y no dar ese ejemplo desde los escalones más altos de la Guardia Civil», zanja. Pedraz los ha citado a declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados «al existir en la causa indicios de responsabilidad de los mismos en hechos que, prima facie, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa, podrían presentar los caracteres de delito». El magistrado de la Audiencia Nacional -que investiga las maniobras de Leire Díez a sueldo del PSOE para derribar las instituciones del Estado- ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye un delito continuado de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia.
La situación en la que queda el Director Adjunto Operativo (DAO) es especialmente impactante, tal como relata otro de los jefes consultados. «Todos somos guardias civiles y lo que haga un superior tiene repercusión en el Cuerpo y los ciudadanos pueden cuestionarnos», indica. «Es indigno. Tanto el DAO como la directora general han hecho un daño irreparable», añade. «Parece mucho más un comisario político que un general», sentencia otro miembro de la cúpula del Instituto Armado.
Los mandos consultados estaban «a la espera» de que la Justicia actuara sobre Llamas y González aunque conviven con el convencimiento de que «no va a pasar nada». Vaticinan que «todo va a seguir igual» y que Llamas no dimitirá por estas cuestiones.
De hecho, ayer desde Interior se emitió una nota para mostrar el apoyo expreso del ministro a ambos. Fernando Grande-Marlaska, recogía, «mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y en el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera». Sin embargo, dentro del Cuerpo la figura de Llamas está fuertemente cuestionada desde hace más de un año tal como publicó EL MUNDO.
Sus «constantes intromisiones» en las investigaciones que afectan al entorno más íntimo del presidente del Gobierno causaron una enorme tensión en el seno de la Unidad Central Operativa. La situación de tensión entre el DAO de la Guardia Civil y la UCO comenzó con el estallido del caso Koldo en los tribunales. Los informes de la unidad de élite de la Benemérita ya apuntaban entonces escenarios comprometidos para el PSOE. El posterior señalamiento de José Luis Ábalos agravó la situación. Las «intrusiones» denunciadas se incrementaron con el avance de la instrucción sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; el caso del hermanísimo y el anuncio del demoledor informe sobre Cerdán.
El «interés» de Llamas en seguir el desarrollo y las novedades de las investigaciones fue «una constante» y fueron el entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, y Antonio Balas - el teniente coronel al frente del Departamento de Delincuencia Económica- quienes más sufrieron su comportamiento. Pero, sobre todo, lo que más sorprendió fue su «empeño» en conocer de manera anticipada el contenido de los dossiers que estaban en marcha. La respuesta a estas «injerencias» por parte de la unidad fue el silencio. Incluso se le llegó a recordar que los agentes que trabajan en la UCO deben velar por el secreto de las actuaciones en los casos de corrupción. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es un grupo de policía judicial con una dependencia orgánica y operativa. Es decir, fundamentalmente se debe a los magistrados que la designa como su fuerza actuante.
«En la Dirección General era un secreto a voces que el teniente general ha realizado injerencias para que le den información y trasladarla a quien se la haya pedido», revela otro de los mando. «Ningún otro [antecesor en el cargo] se ha metido tanto en las investigaciones como él. El problema que tiene es que con Balas pinchó en hueso».