María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, a la salida de la sesión de control, este miércoles en el Congreso. EP
Política IMPUESTOS María Jesús Montero 'estafa' a los autónomos: les saca 200M al año saltándose una directiva UE que tendrá una multa de 30La Comisión Europea ya ha denunciado a España ante el TJUE por ser el único Estado miembro que no ha incorporado a su ordenamiento la norma que libera del IVA a los pequeños negocios.
El PP prometió hace un año que, en cuanto Feijóo gobierne, los autónomos que facturen menos de 85.000 euros tendrán "IVA cero", aplicando la norma europea que Montero ha bloqueado.
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Alberto D. Prieto Publicada 23 marzo 2026 02:25hLas claves nuevo Generado con IA
María Jesús Montero lleva más de un año incumpliendo la obligación de trasponer la Directiva 2020/285, que obliga a España a crear el marco jurídico para que los autónomos con menos de 85.000 euros de facturación puedan eximirse del cobro del IVA.
Es el llamado régimen de "IVA franquiciado". Ese bloqueo legislativo tiene tres precios. Uno, para el colectivo de pequeños autónomos, que tributan unos 200 millones de más al año en este concepto, que Hacienda ingresa de más.
El dato sale de los cálculos comparados con otros países de la UE que sí han aplicado el régimen. Según sus tablas, el IVA franquiciado les cuesta entre el 0,1% y el 0,3% de los ingresos por IVA al año. Y en España, Hacienda recaudó unos 90.000 millones por este impuesto en 2024, el último con datos consolidados.
Pero esta decisión también tendrá un precio para Montero. La vicepresidenta primera se presenta como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, previstas para el próximo 31 de mayo. Y Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con mayor número de pequeños autónomos.
Frenar una exención fiscal para los emprendedores más vulnerables no es un buen argumento electoral. Menos aún cuando el Partido Popular ya ha hecho bandera de esta promesa, para cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a Moncloa.
Feijóo anuncia un plan integral de autónomos con cuota cero para los nuevos emprendedores y una sola declaración al añoY a ese coste personal se suma un precio más, que pagará el Estado español. La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que imponga sanciones financieras a España.
La multa, si el incumplimiento persiste hasta la sentencia, podría rondar los 30 millones de euros en suma a tanto alzado, más una penalización diaria de entre 50.000 y 100.000 euros mientras dure el incumplimiento.
Es una estimación razonada: entre las 10 mayores multas de la historia del TJUE por este tipo de incumplimientos, sólo hay un precedente reciente de multa mayor en un caso de no trasposición de una directiva. Se trata de una sanción de 34 millones impuesta a Alemania por la Directiva de protección a denunciantes.
# Estado Directiva Año Suma a tanto alzado Multa diaria 1 Hungría* Procedimientos de asilo (2013/32/UE) 2024 200.000.000 € 1.000.000 €/día 2 Alemania Protección de denunciantes (2019/1937) 2025 34.000.000 € — 3 España Protección de datos penal (2016/680) 2021 15.000.000 € 89.000 €/día 4 Polonia Protección de denunciantes (2019/1937) 2024 7.000.000 € 40.000 €/día 5 Rumanía 4ª Directiva antilavado (2015/849) 2020 3.000.000 € — 6 España (previsión) IVA franquiciado (2020/285) + servicios digitales (2022/542) 2027–28 est. ~20–30 M € (est.) ~50.000–100.000 €/día (est.) * El caso de Hungría es atípico: sancionada por incumplimiento reiterado de sentencia previa, con componente político. Fuente: TJUE / Curia Europa.Existe un caso aparte y excepcional con Hungría, que fue sancionada en 2024 con 200 millones por razones de naturaleza política, ya que estuvo más de 11 años sin aplicar la Directiva de asilo, e incumplió reiteradamente una sentencia anterior.
En términos estrictamente comparables, la multa a España nunca sería superior a los 30 millones, y compensaría con creces los 200 millones anuales calculados como ingresos extra para Hacienda.
Denuncia de la Comisión
La Comisión Europea presentó formalmente la denuncia contra España el pasado 11 de marzo de 2026. En el paquete de infracciones de ese mes, el Ejecutivo comunitario señalaba a España como el único Estado miembro que sigue sin transponer las dos directivas de IVA afectadas.
La denuncia incluye, junto a la franquicia para autónomos, la Directiva 2022/542, sobre Tributación de Servicios Digitales y el régimen del IVA para bienes de segunda mano, obras de arte y antigüedades.
Desde Hacienda se ha esgrimido que la exención del IVA para pequeños autónomos "es opcional" para cada Estado miembro.
Y aunque esto es cierto, Bruselas ha respondido con precisión que España sigue estando obligada a trasponer el marco legal. Sin esa trasposición, un autónomo español que trabaje en Francia o en Italia no puede registrarse para acogerse allí a la franquicia.
El perjuicio no es sólo doméstico: afecta a la libertad de establecimiento en el mercado único europeo.
El Gobierno ha ido más allá de la omisión. Ha comunicado formalmente a Bruselas que no tiene intención de aplicar la exención. Es una posición que convierte el incumplimiento en deliberado y que ha acelerado el proceso judicial.
Fecha Hito 18 feb. 2020 Aprobación de la Directiva (UE) 2020/285 por el Consejo de la UE 31 dic. 2024 Plazo límite de trasposición para los 27 Estados miembros. España no actúa 31 ene. 2025 La Comisión abre procedimiento de infracción contra España Dic. 2025 ATA denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea por el mismo incumplimiento 17 jul. 2025 La Comisión emite dictamen motivado exigiendo trasposición urgente 11 mar. 2026 La Comisión denuncia a España ante el TJUE y pide sanciones financieras 2027–2028 (est.) Previsión de sentencia del TJUE, con posible multa de ~20–30 M€ + penalización diariaLa Comisión advirtió reiteradamente a España, al lanzar el procedimiento de infracción el 31 de enero de 2025. Después, envió un dictamen motivado el 17 de julio de ese mismo año y, ante la ausencia de respuesta, decidió acudir al TJUE.
Baza electoral para el PP
El PP lleva más de un año explotando políticamente este flanco, por "convencimiento" y conveniencia electoral.
En octubre de 2025, ante la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Feijóo prometió el "IVA cero para todos los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales".
Presentó la medida como una de las "estrellas" de su plan integral para el colectivo de emprendedores. Según el propio PP, beneficiaría a 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia, alrededor de la mitad de los que hay actualmente en España.
Feijóo basó la propuesta directamente en la directiva europea que el Gobierno de Sánchez, dijo, ha rechazado aplicar "por puro afán recaudatorio".
La principal organización de autónomos de España, ATA, había interpuesto en diciembre de 2025 una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno español.
Su presidente, Lorenzo Amor, lo resumió con dureza: "Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros". La denuncia de ATA aceleró la presión sobre Bruselas y contribuyó al expediente que hoy instruye el TJUE.
Causas y consecuencias
La Directiva 2020/285 fue aprobada por el Consejo de la UE en febrero de 2020. Su objetivo era "modernizar el régimen del IVA para pequeñas empresas" en todo el mercado único: "reducir cargas administrativas, eliminar distorsiones de competencia entre Estados y no penalizar el crecimiento de los negocios más pequeños".
Los 27 países miembros debían haberla traspuesto antes del 31 de diciembre de 2024. Veintiséis lo hicieron. España no.
El procedimiento ante el TJUE sigue ahora su curso. La Comisión ha pedido dos tipos de sanción: una suma a tanto alzado, que penaliza el pasado, y una multa coercitiva diaria, que presiona para corregir el incumplimiento futuro.
Año Materia / Directiva Tipo de incumplimiento Base TFUE Suma a tanto alzado Multa periódica 2021 Protección de datos en el ámbito penal (Dir. 2016/680) No trasposición ni notificación en plazo Art. 260.3 15.000.000 € 89.000 €/día hasta cumplir 2018 / 2025 Aguas residuales urbanas (Dir. 91/271/CEE) Incumplimiento prolongado de sentencia previa (falta de depuración en varias aglomeraciones) Art. 260.2 12.000.000 € 10,95 M€ por semestre de retraso 2027–28 (est.) IVA franquiciado (Dir. 2020/285) + IVA servicios digitales (Dir. 2022/542) No trasposición deliberada. Única en declararse intencional Art. 260.3 ~20–30 M€ (est.) ~50.000–100.000 €/día (est.) Varios años Diversas directivas (servicios, medio ambiente, mercado interior) Retrasos de trasposición o ejecución corregidos in extremis Arts. 258 / 260 Sin multa final No aplica Fuentes: TJUE / Curia Europa, Consejo General de la Abogacía, El País, CDE Universidad de Almería. Las cifras del caso IVA son estimaciones basadas en precedentes; no hay sentencia.El Tribunal no está obligado a aceptar las cifras que proponga la Comisión, pero en la práctica los fallos suelen alinearse con ellas. Una sentencia en casos de este tipo tarda habitualmente entre año y medio y dos años desde la remisión, lo que situaría un fallo previsible en 2027 o 2028.
El historial de España ante la justicia europea no invita al optimismo. España es el Estado miembro de la UE con mayor número de procedimientos de infracción abiertos y uno de los más multados de los Veintisiete.
En 2021, el TJUE ya condenó a España a pagar 15 millones de euros de suma a tanto alzado y 89.000 euros diarios por no haber traspuesto la Directiva de protección de datos en el ámbito penal.
Aquel caso, como este, arrancó con un retraso en la notificación de medidas de trasposición. La diferencia es que entonces el incumplimiento no fue declarado como intencional.
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