La anciana desahuciada Maricarmen, este miércoles antes del desalojo. EP
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Maricarmen requiere una solución individual, no una moratoria bumerán Publicada 24 septiembre 2026 17:42h Actualizada 24 septiembre 2026 21:00h SíguenosEn el desahucio de Maricarmen, desalojada de la vivienda del madrileño barrio del Retiro en la que residía desde hacía más de siete décadas, confluyen dos elementos distintos que deben examinarse por separado.
Por un lado, la natural conmoción ante la desgracia de una anciana vulnerable. Y, por otro, el descarado ejercicio de demagogia por parte de cierta izquierda dispuesta a instrumentalizar la tragedia.
Conviene no olvidar que el desahucio ha sido ejecutado en cumplimiento de un mandato judicial y conforme a la legalidad vigente, debido a que la inquilina no cumplía los requisitos para evitar la extinción legal de la segunda subrogación de su contrato de renta antigua.
La dureza de la escena de su traslado, no obstante, desató unas protestas multitudinarias y graves altercados en las calles de la capital.
Es forzoso reconocer que si el caso de Maricarmen ha cobrado tanta envergadura, no es únicamente porque la izquierda radical, y hasta el propio Pedro Sánchez, hayan intentado hipócritamente sacar tajada de un drama del que son en gran medida responsables.
En estos años se ha venido larvando un profundo malestar provocado por el prohibitivo acceso a la vivienda, especialmente entre las capas más jóvenes de la población. Maricarmen ha fungido como símbolo de un movimiento social en ciernes que está buscando su cauce para expresarse.
Esta realidad orgánica convive con la pretensión del Gobierno de aprovechar la coyuntura al servicio de una confrontación con Isabel Díaz Ayuso a cuenta de su polémico ático.
Pero el movimiento obedece en gran medida al pánico que se vive en Moncloa.
Ponerse a la cabeza de las manifestaciones es la fórmula a la que ha echado mano el PSOE para intentar capitalizar un descontento que amenaza con cuajar en una movilización que desborde a Sánchez. Y que, en consecuencia, desbarate su estrategia de apropiarse del voto de la izquierda radical.
En cualquier caso, es una flagrante impostura que el clamor de las manifestaciones se focalice enAyuso y en la genérica figura de los "fondos buitre".
Conviene recordar que es el actual Gobierno de coalición quien lleva ocho años al frente de las competencias estatales de Vivienda. Un largo periodo en el que no sólo ha sido incapaz de paliar el problema, sino que lo ha agravado hasta volverlo crónico.
El manido argumento sobre la urgencia de embridar a los fondos de inversión, además, choca frontalmente con el respeto tanto a la libertad de mercado como al derecho a la propiedad privada.
Porque, al fin y al cabo, la única forma efectiva de impedir que estas firmas hagan negocio con la vivienda sería prohibirles por decreto dicha actividad.
En la misma línea, resulta falaz la acusación de que el origen del drama reside en la negativa de la oposición a aplicar la Ley de Vivienda o en su voto en contra del reciente decreto de los alquileres.
Primero, porque dicha ley, al restringir la oferta, supone justo lo contrario a la solución.
Y segundo, porque aquel decreto no habría cambiado un ápice el destino de Maricarmen. Porque su contrato ya estaba extinguido por una sentencia firme del Tribunal Supremo dictada en base a una ley de 1994, quedando fuera del alcance de cualquier moratoria actual.
Supone también una desvergüenza achacar en exclusiva la culpa de la crisis residencial a la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando los datos del propio Consejo General del Poder Judicial certifican que en esta región se producen muchos menos desahucios que en otras gobernadas por el PSOE como Cataluña.
Todo ello sin olvidar que en la España presidida por Pedro Sánchez se siguen ejecutando más de 25.000 desahucios al año.
Pero nada de esto exime a las autoridades madrileñas de hacer autocrítica: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento podrían haber gestionado este trance de un modo más apropiado en la parte que les correspondía.
Es cierto que las administraciones llegaron a ofrecer alternativas habitacionales que la anciana rechazó de plano.
Pero, con todo y con eso, las autoridades locales y autonómicas podían y debían haber hecho más en el terreno del arbitraje. Se ha echado en falta un esfuerzo de intermediación institucional verdaderamente proactivo para evitar este desenlace.
Es obligado señalar que los primeros que adolecieron de una preocupante falta de visión fueron los responsables de la propia empresa propietaria, que si bien ha ganado la batalla en los tribunales, ha perdido la guerra de la reputación.
Resultaba del todo previsible el formidable escándalo social que iba a desencadenar la expulsión por la fuerza de una octogenaria enferma.
En un sentido parecido, tanto la Comunidad como el Consistorio tendrían que haber prestado mucha más atención a las singularidades de un caso que exigía una respuesta a medida.
Tratándose de una señora de 87 años, la obligación moral pasaba por sentar a las partes, negociar y agotar todas las vías para encontrar una salida pactada.
La estricta aplicación de la norma es perfectamente compatible con el ejercicio de la inteligencia emocional. Y lo cierto es que en esta ocasión no se agotaron las posibilidades de ejercerla.
La seguridad jurídica debe prevalecer siempre como pilar de nuestra sociedad. Pero la legislación debería contemplar condiciones más benévolas para casos tan extremos como el de Maricarmen, ampliando el alcance de los procedimientos de mediación.
La justa protección de los vulnerables en supuestos excepcionales, eso sí, no puede construirse a costa de desproteger, todavía más, a los propietarios.
Es por ello que la solución jamás pasará por la moratoria general que exige el Gobierno.
Una medida de ese calibre actuaría como un bumerán indeseado, sirviendo para blindar por igual a las maricármenes que de verdad lo necesitan y a los aprovechados.
Los desahucios son el síntoma más doloroso de una política de vivienda profundamente errada que se ha obstinado en proteger en exclusiva al arrendatario.
Una política de vivienda acertada exige un equilibrio razonable entre los derechos del inquilino y los del propietario. La balanza se ha inclinado hasta ahora hacia el primero en detrimento del segundo, y existen claros vasos comunicantes entre esa obstaculización al mercado habitacional y la lamentable realidad de los desahucios.
Aplicar ahora una moratoria sólo serviría para reducir aún más la oferta de vivienda y, en definitiva, agravar el problema que se pretende solucionar.
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