Acampada en la madrileña Puerta del Sol por la vivienda, este fin de semana. EP
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Maricarmen vuelve a casa, que los de Sol pidan elecciones y se presenten Publicada 29 septiembre 2026 02:29h SíguenosLa acampada instalada en la Puerta del Sol después de las manifestaciones de este fin de semana pretende erigirse en el símbolo del descontento social por la crisis del acceso a la vivienda en España.
Pero ni sus impulsores ni sus métodos de protesta son representativos de la mayoría social en cuyo nombre dicen hablar.
La movilización contra el desahucio de Maricarmen derivó en la ocupación del centro neurálgico de la capital promovida por el Sindicato de Inquilinas, para pedir la aprobación urgente del llamado "decreto Maricarmen". Un paquete de medidas que contempla la implantación de contratos de arrendamiento indefinidos, la congelación general de precios, la suspensión total de desahucios y la regulación del alquiler por habitaciones.
Los convocantes han advertido de que no levantarán el campamento hasta que el Consejo de Ministros no apruebe un real decreto ley que asuma íntegramente sus reivindicaciones.
Cabe preguntarse en calidad de qué se erige este Sindicato en portavoz de las demandas transversales de la ciudadanía en materia de vivienda.
Máxime cuando lo que exige la plataforma (y que el Ejecutivo amaga con asumir hoy) es una contraproducente solución intervencionista en abierta discrepancia con el criterio de tantos ciudadanos, analistas y medios. Entre ellos, el de este periódico.
Tampoco goza de excesivo arraigo el marco ideológico del Sindicato contra los "fondos buitre" y los "grandes tenedores", que ignora frontalmente la realidad sociológica española.
España es un país donde el 73,6% de las familias vive en una casa en propiedad y cerca de tres millones de hogares poseen una segunda vivienda.
Es cuanto menos osado presuponer, por tanto, que todos aquellos pequeños propietarios que complementan sus ingresos con el arrendamiento miren con simpatía un discurso que criminaliza de entrada toda forma de rendimiento inmobiliario.
Una asociación autoorganizada al margen de los canales institucionales no tiene autoridad para paralizar la principal plaza del país.
Si el Sindicato de Inquilinas aspira a encarnar los intereses de al menos un sector de la población, debe constituirse en partido político, presentarse a las elecciones y someterse a las urnas.
Lo que no puede pretender es arrogarse una posición de privilegio ni mantener a toda una ciudad a expensas de sus decisiones asamblearias.
La ocupación continuada de la vía pública no es inocua.
Dificulta la normal circulación, genera focos de insalubridad por la falta de infraestructuras básicas, perjudica de forma directa al comercio local y deteriora la imagen internacional, afectando a la actividad turística.
Pero la mayor carga del reproche debe recaer sobre la Delegación del Gobierno y su titular, Francisco Martín.
Su inacción al no ordenar el desalojo inmediato de la plaza constituye una omisión del deber de velar por el cumplimiento de la ley.
La Delegación argumenta que la protesta es pacífica y que la intervención policial debe regirse por la proporcionalidad para no alterar la convivencia. Pero este criterio incurre en un manifiesto agravio comparativo.
A otros grupos que se instalan en la vía pública sin autorización, como los vendedores ambulantes no autorizados, se les aplica sin excepción la ordenanza municipal y se les deniega el permiso.
Nadie tiene derecho a apropiarse indefinidamente del espacio público ni a alterar el orden urbano por el mero hecho de que una concentración sea "pacífica".
Y menos aún cuando la concentración ya no tiene razón de ser, después de que la exitosa mediación del Ayuntamiento de Madrid haya propiciado este lunes un acuerdo entre Urbagestión y los representantes de Maricarmen para que la anciana vuelva a su casa en las mismas condiciones que antes del desahucio.
De modo que si la acampada tenía como meta solucionar el problema de Maricarmen, el objetivo se ha cumplido. Pero si lo que el Sindicato de Inquilinas quiere es en realidad una nueva política de la vivienda, que exijan la convocatoria de elecciones y se presenten a ellas con su programa.
Por lo pronto, deben disolver el asentamiento permanente. De lo contrario, corresponde a la Policía Nacional reponer de inmediato la normalidad en la Puerta del Sol desalojando a los manifestantes.
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