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Marlaska defiende la baliza V-16 como «el fin de la sangría de atropellos»

Marlaska defiende la baliza V-16 como «el fin de la sangría de atropellos»
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Según el ministro de Interior cien mil activaciones reales validan la fiabilidad de la baliza V-16 frente a la oposición política

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Para el titular de Interior, la implantación de la Baliza V-16 es una herramienta imprescindible para frenar los atropellos en carretera F. P. Marlaska defiende la baliza V-16 como «el fin de la sangría de atropellos»

Según el ministro de Interior cien mil activaciones reales validan la fiabilidad de la baliza V-16 frente a la oposición política

Patxi Fernández

Madrid

Miércoles, 25 de febrero 2026, 17:51 | Actualizado 18:08h.

... la baliza de señalización de emergencia V-16 en España.

El PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que «acrediten la eficacia y viabilidad del uso de la señal V-16 »como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras«. Desde esta formación califican el proceso de implantación de la baliza como caótico y cuestionan la exclusividad tecnológica de España en el marco europeo.

Para el titular de Interior, la implantación de la Baliza V-16 es una herramienta imprescindible para frenar los atropellos en carretera, una de las causas de mortalidad más altas en nuestro país. Con 103 peatones fallecidos en 2025, el ministro destacó que el dispositivo evita bajar del coche, ofrece visibilidad a 1 km y geolocalización en tiempo real vía DGT 3.0. «España es pionera en movilidad conectada», afirmó ante las críticas, subrayando que el sistema es clave para proteger a colectivos vulnerables. Ante esta realidad, Marlaska fue tajante: la apuesta por la baliza busca poner «el fin de la sangría de atropellos» en nuestras carreteras.

Marlaska recordó que caminar por el arcén en vías de alta capacidad, con altas intensidades de tráfico y velocidades elevadas, es una actividad de riesgo extremo. Por ello, España sigue la estela de países como Reino Unido (donde están prohibidos en autopistas) o Francia (donde su uso es discrecional). Desde el 1 de julio de 2023, en España ya no es obligatorio colocar los triángulos en autopistas y autovías, pero la llegada de la V-16 supone el paso definitivo hacia la movilidad conectada.

A pesar de las críticas de la oposición, a las que el ministro tildó de «negacionismo» tras recordar que ambos grupos habían apoyado previamente la medida, Marlaska subrayó que España es pionera. Hasta el 15 de febrero de 2026, ya se han registrado más de 100.000 activaciones reales de estas balizas (unas 2.300 al día), demostrando su fiabilidad.

El ministro concluyó garantizando que todos los modelos a la venta cuentan con certificaciones estrictas de laboratorios acreditados, asegurando que esta transición tecnológica no es una «medida improvisada», sino un paso meditado hacia el objetivo de cero víctimas en carretera.

El portavoz del Partido Popular, Ángel Ibáñez Hernando, ha calificado durante su intervención la implantación del dispositivo como un proceso sumido en el «caos» y el «desorden» que afecta a 28 millones de conductores españoles. El grupo popular no cuestiona la tecnología, sino la «opacidad y falta de información» de un Gobierno al que acusan de ningunear sistemáticamente a la Comisión de Seguridad Vial.

El PP cuestiona la baliza V-16 por caos y falta de información y alerta sobre riesgos legales

El portavoz del PP planteó las dudas jurídicas sobre una posible responsabilidad civil directa ante la falta de señalización homologada, lo que según el PP permitiría a las aseguradoras excluir coberturas alegando «negligencia grave». A esta preocupación se sumó la denuncia de una creciente inseguridad ciudadana debido al auge de las «grúas pirata», las cuales aprovecharían la geolocalización de la plataforma DGT 3.0 para acudir a los accidentes antes que los servicios oficiales y estafar a los conductores.

También puso bajo sospecha la recaudación, cuestionando el destino de los 300 millones de euros que generará el IVA por la compra obligatoria de las balizas, sugiriendo que estos fondos podrían emplearse para el pago de favores en lugar de destinarse íntegramente a la mejora de la seguridad vial.

El PP concluyó exigiendo al ministro que deje de «generar incertidumbre» y asuma su responsabilidad por una normativa que, según el grupo, incumple directrices europeas al no haber sido notificada correctamente a Bruselas. La «vía conectada» de Marlaska parece haber chocado frontalmente con una oposición que promete no dejar pasar ni una sola «incidencia» en su aplicación.

Indefensión de los usuarios

El portavoz de VOX, Ignacio Gil Lázaro, ha denunciado una serie de presuntas irregularidades en el proceso de certificación y comercialización de estos dispositivos, calificando la gestión del Ministerio del Interior como un proceso carente de transparencia. Desde esta formación han puesto el foco en la existencia de balizas en el mercado que, según el partido, no cumplen con los requisitos técnicos exigidos. El diputado denunció que se están comercializando dispositivos con certificados de laboratorio que no se ajustan a la normativa de la DGT, lo que genera una situación de indefensión para el usuario y una competencia desleal hacia los fabricantes que sí han cumplido estrictamente con los protocolos.

Fèlix Alonso Cantorné, representante de Sumar, ha mostrado una postura favorable a la baliza V-16, aunque centrando su discurso en la sostenibilidad, la protección de los trabajadores y el rechazo a lo que considera una campaña de desinformación por parte de la derecha.

En el punto de mira de Europa

Mientras, la Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno de España no notificó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, lo que podría tener consecuencias jurídicas, aunque reconoce que corresponde a los Estados miembro evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.

Desde Europa la Comisión recuerda que si un país del club comunitario no cumple con la obligación de comunicar un reglamento técnico cuando proceda, puede «aplicar medidas» en virtud de lo establecido en los Tratados de la UE, que contemplan la posibilidad de actuar frente a posibles incumplimientos nacionales.

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Fuente original: Leer en Diario Sur - Ultima hora
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