Crisis abierta, insospechada y de enormes proporciones en el Ministerio del Interior. Mientras el ministro, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repetían una y otra vez que Marruecos no tenía responsabilidad en el asalto a la frontera española de los días 30 y 31 de julio, la Comisaría General de Extranjería preparaba y enviaba a la juez que investiga los hechos por estar de guardia aquellos días, María Tardón, un meticuloso informe sosteniendo lo contrario: que hay pruebas fehacientes de que agentes marroquíes dirigieron a la muchedumbre a El Tarajal, y ejecutaron un plan preconcebido.
Es más, el informe era entregado en el juzgado en la misma mañana, este pasado lunes, en que el propio presidente Sánchez decía en la Cadena Ser, textualmente: "No hay ninguna información ni por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni por parte del CNI, ni por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda acerca de la participación de las autoridades marroquíes".
El informe, realizado por el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras), contiene incluso imágenes de agentes marroquíes dirigiendo a la masa a la frontera y dando órdenes a gendarmes uniformados, y presenta los hechos como un proceso cuidadosamente planificado en orden a colapsar el sistema de control fronterizo español, y en ningún caso la acción de "mafias" ni sombra alguna de "Rusia" o "Israel", como dijo el presidente Sánchez.
Así, en cuanto el contenido del informe se hizo público, en la noche de este martes, fuentes policiales ya auguraban a EL MUNDO, como publicó este diario, un choque institucional de enorme calado. El documento no había pasado por la Dirección General de Policía, que ostenta Francisco Pardo Piqueras, y por tanto Interior había quedado en un insólito fuera de juego, y con él el propio presidente Sánchez.
La respuesta de Interior no se ha hecho esperar. Marlaska se ha dirigido ahora por carta automáticamente a Pardo para pedirle explicaciones, en los siguientes términos, según fuentes oficiales de Interior: el ministro exigía "conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación, esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales".
El ministro se ampara en la Ley de Seguridad Nacional para conocer el contenido del informe, que ha dejado tan en shock al Gobierno que el propio mando único por él nombrado, el ministro Ángel Víctor Torres, no ha sabido qué responder cuando se le ha preguntado por el informe en cuestión en Radio Nacional en la mañana de este miércoles. Torres ha dicho desconocer "si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía". "Si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa", ha acertado a decir el mando único.
Fuentes de Extranjería consultadas por este periódico aseguran no obstante que el documento fue solicitado formalmente por Tardón directamente a la Comisaría General -al igual que la jueza ha pedido otro en semejantes términos a Guardia Civil-, y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que el organismo aludido entregue sus conclusiones directamente a la autoridad judicial. Y agregan, además, que Pardo Piqueras no fue informado de su contenido. La crisis abierta, no obstante, es de consecuencias impredecibles.