Marruecos dice una cosa en público y hace lo contrario en privado. Oficialmente exige a España que le devuelva a los menores marroquíes que se encuentran en Ceuta desde la avalancha de hace casi un mes, pero administrativamente no colabora para hacer efectivas las repatriaciones.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló ayer que el país vecino retiene 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados antes del 30 de julio. Citando a la fiscal de menores, dijo que Marruecos no ha respondido a esos expedientes que le ha remitido España en los que consta la situación familiar de esos niños y adolescentes.
Fuentes de su ministerio reconocen que la colaboración entre ambos países ha sido complicada, al menos hasta ahora. «Complejidad» fue la palabra usada por Rego para definir la ayuda del reino alauita.
España no ha comenzado aún a remitir a Marruecos los expedientes de los 1.500 niños y adolescentes llegados el 30 y 31 de julio que ya están identificados porque se encuentra «tramitándolos». «Estamos terminando la fase previa de filiación y registro porque la situación de desborde ha sido grande», se excusó Rego.
Cero retornos a África
Pero no está claro que, cuando finalice esta fase, encuentre respuesta de Rabat. La situación es especialmente preocupante porque el «perfil migratorio» ha cambiado: ahora hay más niñas que antes (700; es decir, casi la mitad) y muchos menores de 13 años, tanto niñas como niños.
El problema viene de lejos y no sólo se circunscribe a Marruecos, sino que afecta también a la relación de España con varios países subsaharianos. La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 ya advirtió de que en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados figuraban inscritos, a 31 de diciembre 2024, un total de 16.041 (2.603 niñas y 13.438 niños). La mayoría procedían de Marruecos (4.393), seguidos por Senegal (2.379), Mali (1.794), Ucrania (1.688), Argelia (1.449) y Gambia (1.471). «Pese a esas cifras», decía la Fiscalía en 2025, «cabe señalar que, de conformidad con la legislación nacional e internacional vigente, sólo se han repatriado 8 menores (4 de Colombia, 3 de Rumanía y 1 de Francia)».
La memoria añadía que no había visto ninguna incidencia que mostrara que la Policía había reseñado incorrectamente a los menores o no se realizaron bien los protocolos. Más bien apuntaba a Marruecos, al reflejar un caso en Cuenca donde «se pone de relieve la imposibilidad de llevar a cabo ningún expediente de repatriación relativo a menores marroquíes por falta de contestación de las autoridades de su país».
El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha dicho estos días que su país «reclamará a sus niños por la vía legal y política», pero la Ley de Extranjería española obliga a estudiar previamente las circunstancias de cada caso. «De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos», precisa la ley.
Catorce CCAA que apoyan
«No vamos a aceptar ninguna deportación masiva de niños», dijo Sira Rego ayer tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, donde 14 CCAA -incluidas ocho regiones del PP y Canarias (CC-PP)- votaron a favor de transferir a Ceuta 25 millones de euros para la acogida de los niños inmigrantes llegados en la entrada masiva del 30 de julio.
Castilla y León, Extremadura y Aragón (regiones del PP con consejeros de Infancia de Vox) no acudieron al encuentro y rechazaron por escrito esta ayuda del Gobierno. También se opusieron a acoger a los menores en caso de un eventual reparto por la Península, que no se votó ayer.
Rego dijo que la «prioridad» o «primera opción» es devolver a los niños a sus familias en Marruecos, pero «en muchos casos» no se puede porque no se encuentra a los padres, la vinculación familiar no está clara o son niños que viven en la calle. También ocurre que Rabat no los acepta.
Por eso ofreció a las CCAA hacerse cargo de los menores -y que 500 niñas vayan a recursos privados de las ONG- para que sea en esos territorios donde se hagan las identificaciones y las entrevistas. Igualmente ofreció dos alternativas: obligarlas a acoger por real decreto o que parte de los niños sean acogidos voluntariamente por familias españolas.
Las regiones del PP insistieron en que primero debe explorarse el retorno a Marruecos. Cataluña (PSC) y el País Vasco (PNV) expresaron su «solidaridad» con el Gobierno pero no se han ofrecido a acoger a ningún niño.