Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno cada español tiene que trabajar de media casi dos meses más al año -en concreto 53 días- para hacer frente a sus obligaciones con Hacienda.
España no soporta más presión fiscal que la mayoría de los países europeos; sin embargo, el esfuerzo fiscal medio de los españoles, que relaciona la carga tributaria con la renta disponible, está entre los mayores de Europa solo superado por Grecia, Irlanda y Austria. En concreto, los españoles trabajan 231 días al año -hasta aproximadamente el 20 de agosto- solo para cumplir con sus obligaciones tributarias.
Entre las razones que explican ese mayor esfuerzo fiscal en relación a los socios europeos están la existencia de un menor número de contribuyentes por ocupado, debido fundamentalmente a las altas tasas de paro que soporta la economía española, y a un mayor peso de la economía sumergida.
El mayor esfuerzo fiscal reduce la renta disponible de los ciudadanos para consumir o ahorrar, al tiempo que desincentiva tanto el trabajo como la inversión y el emprendimiento.
Además, provoca un incremento del fraude. En principio ese esfuerzo fiscal debería servir para mejorar los servicios públicos, articular políticas redistributivas o una mayor estabilidad presupuestaria, pero los ciudadanos no perciben esa esperada compensación.
En todas las encuestas los españoles valoran mayoritariamente los servicios públicos, pero no han notado que estos hayan mejorado en los últimos años como inicialmente cabría esperar por ese incremento de su esfuerzo fiscal.
Algunos servicios como la Justicia están hoy tan mal valorados como hace ocho años, mientras otros como la Sanidad son claramente peor percibidos, aunque en esto puede haber influido también la pandemia de Covid. En concreto en 2019, según el Barómetro Sanitario, el 72,1% de los ciudadanos consideraba que el sistema sanitario funcionaba bien o bastante bien, frente al 51,6% del pasado año.
Una mayor contribución fiscal debería en principio contribuir también a financiar el gasto público, reducir déficit y la deuda, cosa que tampoco ha ocurrido, lo que lleva a una buena parte de los españoles a concluir que el Estado no está gastando eficientemente.
En definitiva, la calidad percibida no se corresponde con el esfuerzo fiscal que están soportando los ciudadanos, lo que traslada la idea de despilfarro, fraude o desigualdad de trato.
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