- MARCO VICENZINO
- Italia prolonga 15 días más la suspensión de Schengen con España por Ceuta
- Roma reforma Fiumicino para la efeméride de Cristo en 2033
Cuatro años de estabilidad política han demostrado que Italia es capaz de sostener un Gobierno. La oportunidad ahora consiste en transformar esa estabilidad en reformas que reduzcan la complejidad administrativa y refuercen el crecimiento a largo plazo.
Italia ha logrado algo poco frecuente en su historia política contemporánea: un Gobierno que perdura. La oportunidad ahora es aprovechar esa estabilidad para reforzar la capacidad de actuación del Estado. El pasado 3 de septiembre, tras 1.413 días en el poder, el Gobierno de Giorgia Meloni se convirtió en el Ejecutivo italiano con mayor permanencia ininterrumpida desde la Segunda Guerra Mundial, un logro significativo en un sistema político históricamente propenso a gobiernos de corta duración.
Meloni ha mantenido cohesionada su coalición, tranquilizado a los mercados y se ha consolidado como una dirigente europea con credibilidad internacional. Su Gobierno también puede atribuirse más de un millón de empleos adicionales, una tasa de paro inferior al 6%,mayor disciplina presupuestaria y una reducción sustancial de las llegadas irregulares de migrantes. Considerados en conjunto, son logros relevantes.
La estabilidad política no es solo un logro. También constituye la base sobre la que pueden construirse reformas a más largo plazo. Desde esta perspectiva, la próxima etapa del balance de Meloni vendrá determinada por su capacidad para convertir la estabilidad política en transformación estructural. La economía italiana sigue afrontando condicionantes de larga duración. El PIB creció un 0,5% en 2025. El FMI prevé un avance igualmente modesto en 2026 y 2027, y estima que el crecimiento potencial del país a medio plazo se sitúa en torno al 0,6%. La productividad sigue siendo crónicamente débil, la deuda pública rondaba el 137% del PIB al cierre de 2025 y el envejecimiento de la población sigue limitando las perspectivas económicas. Estas condiciones son muy anteriores al actual Gobierno y tienen carácter estructural.
¿Por qué ha resultado tan difícil acometer una transformación estructural, incluso durante un periodo de estabilidad política poco habitual? La respuesta reside, en parte, en la naturaleza del sistema administrativo. Italia es una democracia sólida. Sin embargo, su vida económica y administrativa está condicionada por una densa cultura procedimental: un entramado acumulativo de normas, excepciones, autorizaciones y competencias superpuestas que sobrevive a los cambios de Gobierno.
Dificultad sistémica
La dificultad es sistémica, no intencionada. Surge de la interacción entre instituciones cuyas competencias y procedimientos se solapan con frecuencia. Una sola inversión puede tener que pasar por varias instituciones, cada una de ellas con competencias parciales, mientras la responsabilidad de alcanzar el resultado final acaba diluyéndose. La cuestión, por tanto, tiene menos que ver con el desempeño individual que con los incentivos institucionales.
Un funcionario puede afrontar un riesgo personal o jurídico mayor por autorizar una decisión controvertida que por aplazarla. Los ministerios y las regiones deben preservar sus competencias legítimas, mientras que algunos ayuntamientos carecen de los conocimientos técnicos o del personal necesarios para ejecutar con eficacia los programas nacionales. Los intentos de abordar la complejidad administrativa han recurrido en ocasiones a legislación adicional, lo que puede crear involuntariamente nuevas capas procedimentales. Por ello, la simplificación resulta más eficaz cuando reduce el número de trámites exigidos y aclara quién asume la responsabilidad última de cada decisión.
La magnitud del reto puede medirse. La Comisión Europea informó en junio de que el 41% de las empresas italianas estaba insatisfecho con la Administración, la proporción más elevada de la UE. El 69% de las pymes italianas identificaba la regulación y las cargas administrativas como obstáculos importantes. El 83% de las compañías empleaba personal dedicado específicamente al cumplimiento normativo. Los procedimientos civiles y mercantiles seguían figurando entre los más prolongados de Europa. La carga acumulada representa un coste económico considerable.
El marco regulatorio nacional de Italia resulta, en términos generales, comparable a la media de la OCDE. Las mayores dificultades surgen durante su aplicación, especialmente cuando las competencias pasan a las administraciones regionales y municipales. El reto de Italia no radica únicamente en el volumen de regulación, sino también en la claridad, la coherencia y la rendición de cuentas con que se aplican las normas.
Los costes administrativos y de cumplimiento normativo tampoco afectan por igual a todas las empresas. Las grandes corporaciones pueden contratar abogados y consultores, además de contar con departamentos especializados para desenvolverse entre procedimientos complejos. Las compañías de menor tamaño disponen de menos recursos y, en consecuencia, pueden encontrar mayores dificultades para crecer.
Cuando los costes administrativos desincentivan el crecimiento empresarial, la inversión y la innovación se resienten. La menor productividad limita a su vez los salarios y el crecimiento, lo que dificulta aún más la adopción de nuevas reformas.
El Gobierno de Meloni ya ha realizado avances significativos. Más de 260 procedimientos han sido simplificados o digitalizados en el marco del plan de recuperación. La Zona Económica Especial Única para el sur de Italia redujo de más de 98 a menos de 54 días el plazo medio necesario para obtener autorizaciones de inversión. A finales de 2025, Italia había cumplido casi tres cuartas partes de los hitos de su plan de recuperación y recibido aproximadamente tres cuartas partes de los 194.400 millones de euros disponibles. La OCDE constata avances reales en la Administración pública, la justicia y el entorno empresarial. Estos resultados demuestran que las reformas específicas pueden funcionar. La siguiente tarea consiste en extender esos avances de forma coherente al conjunto del Estado italiano.
La transformación digital produce sus mayores beneficios cuando va acompañada de una simplificación de los procedimientos subyacentes. Los hitos europeos alcanzan su impacto más amplio y duradero cuando se integran en una capacidad administrativa permanente. Las reformas nacionales resultan más eficaces cuando se aplican de manera uniforme en todas las regiones y municipios. El carácter histórico de estos retos implica que la transformación será necesariamente gradual. No obstante, la estabilidad política ofrece a Italia una valiosa oportunidad para acelerar el proceso.
La reforma estructural es políticamente exigente en cualquier democracia porque redistribuye costes y beneficios. La simplificación fiscal afecta a quienes se benefician de determinadas exenciones. La liberalización de los mercados exige que los sectores establecidos se adapten. La reforma de las pensiones tiene importantes consecuencias sociales.
Éxito político de Meloni
El éxito político de Meloni refleja una comprensión clara de esta realidad. Su Gobierno ha ordenado cuidadosamente sus prioridades, preservando la cohesión de la coalición y la credibilidad presupuestaria mientras impulsaba reformas dentro de los condicionantes existentes. Este enfoque ha contribuido tanto a su permanencia como a su proyección internacional. Esa misma estabilidad política puede ahora servir de plataforma para ampliar y profundizar la agenda reformista.
La deuda italiana añade complejidad al desafío. El pago de intereses y el gasto en pensiones absorben recursos que, de otro modo, podrían destinarse a educación, servicios de atención a la infancia, investigación, infraestructuras y modernización administrativa. El Gobierno dispone de una capacidad limitada para compensar los costes de adaptación asociados a las reformas, mientras que cualquier percepción de indisciplina presupuestaria puede elevar rápidamente los costes de financiación.
La regulación europea también forma parte de este contexto, aunque buena parte de sus efectos cotidianos depende de su aplicación en el ámbito nacional. Una mejor coordinación entre las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales será esencial para reducir la complejidad sin menoscabar las necesarias garantías jurídicas y sociales.
La siguiente etapa de la reforma estructural se beneficiaría de una estrategia administrativa clara. Esta estrategia podría establecer que cada nueva regulación vaya acompañada de una revisión sistemática de las normas existentes. Las disposiciones podrían incorporar fechas de caducidad o revisión, salvo que se demuestre su utilidad continuada. Las autorizaciones más importantes podrían asignarse a una única autoridad responsable, con plazos claros y una aplicación coherente del silencio administrativo positivo.
Los funcionarios deberían contar con respaldo cuando adopten decisiones razonables y de buena fe, concentrando la rendición de cuentas en la obtención de resultados oportunos y eficaces. Deberían revisarse las disposiciones fiscales y regulatorias que desincentivan el crecimiento de las empresas. Las reformas de la justicia civil, la legislación concursal y la contratación pública deben continuar y aplicarse de manera uniforme en todo el país. El progreso podría medirse mediante indicadores prácticos, además de los hitos legislativos: el tiempo necesario para abrir una empresa, obtener una autorización, exigir el cumplimiento de un contrato, concluir un proyecto de infraestructuras o acceder a un servicio público.
Ninguno de estos objetivos pertenece intrínsecamente a la izquierda o a la derecha. Todos ellos forman parte de la base institucional de un Estado moderno y competitivo.
Modernización institucional
El primer mandato de Meloni ha demostrado que Italia es capaz de sostener un Gobierno. Si renueva su mandato, tendrá la oportunidad de convertir la modernización institucional en una prioridad definitoria de la siguiente etapa, consolidando los avances ya logrados mediante el plan de recuperación. Estas reformas exigen una disciplina sostenida dentro de la coalición, capacidad para explicarlas a la opinión pública y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, cualidades que el Ejecutivo ya ha demostrado. El éxito permitiría a Italia transformar la estabilidad política en una mayor productividad, un crecimiento más sólido a largo plazo y unos servicios públicos más eficaces. Meloni ha demostrado que un Gobierno italiano puede perdurar. La oportunidad ahora es demostrar que un Gobierno estable puede transformar esa estabilidad en reformas institucionales duraderas.
La estabilidad ha sido el logro. La transformación estructural podría convertirse en su legado.
Marco Vicenzino | Director de Global Strategy Project
España e Italia, no obstante todoBarcelona, la única ciudad catalana donde la deuda por habitante crece en 10 añosPor qué Estados Unidos e Irán siguen escalando el conflicto Comentar ÚLTIMA HORA