- C.MORÁN
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El directivo y máximo accionista de la constructora cree que los administradores concursales ya tienen la decisión tomada. "Son incompatibles con el cargo".
Juan Antonio Acedo (Madrid, 1968), presidente y máximo accionista de Urbas, con el 24%, se enfrenta a una delicada situación empresarial y personal. La Audiencia Nacional declaró la semana pasada visto para sentencia el juicio contra él y otros administradores de Urbas por presuntos delitos cometidos en la ampliación de capital de 2015.
La fiscalía pide siete años de cárcel para Acedo cuando, en paralelo, se dirime en los juzgados de lo Mercantil un concurso de acreedores en el que el presidente lucha por impedir la liquidación de la empresa, suspendida de cotización por la CNMV desde abril de 2025. "Los administradores concursales ya tienen una decisión tomada, la de llevar Urbas a liquidación, pero aquí estoy yo para intentar impedirlo", asegura el presidente de Urbas en una entrevista con EXPANSIÓN, en clara referencia a Auren y Kepler, designados por el juez para administrar Urbas.
La empresa, que en 2025 bajó ventas a 75 millones de euros (170 millones en 2024), se encuentra en medio de una tormenta perfecta. A pesar de las circunstancias tan adversas, Acedo no tira la toalla y, por sus palabras, pretende morir con las botas puestas para firmar un convenio con un plan de pagos a tres años sin quita de unos 90 millones de euros respaldado por activos por valor de 350 millones.
"En su día presentamos al juez 12 incompatibilidades para ejercer como administradores, entre ellos, a los que acabó nombrando", dice el directivo. Según su versión, el despacho Kepler trabajó para el fondo Roundshield, el mayor acreedor financiero de Urbas, como experto reestructurador en una de las sociedades que el fondo ejecutó a Urbas por una deuda de 80 millones. "Nombrar a Kepler es equivalente a nombrar a Roundshield porque existen amistades claras", señala.
Acedo indica que esta supuesta falta de independencia de los administradores concursales se manifiesta en acciones como la solicitud de Kepler para volver a nombrar como auditor a A Worldwide, a pesar de que la junta de la empresa había recusado a la firma por falta de independencia y mala praxis.
Pelea con el auditor
A Worldwide, fichado por Urbas para auditar el periodo 2023-2026, "no ha hecho bien su trabajo", sostiene. Este enfrentamiento se recrudece después de que la auditora se negara a firmar las cuentas de 2024 por supuestas operaciones fraudulentas, entre ellas el extravío de la autocartera valorada en unos 15 millones de euros. "Fue una maniobra para limpiar su imagen tras no haber detectado el problema el año anterior. En 2023, el auditor no circularizó correctamente la información", detalla Acedo, que también culpa a Santander de gestión negligente por perder la pista sobre 1.598 millones de acciones propias que, supuestamente, custodiaba desde 2023 la entidad Northern Trust.
Entre las conclusiones de la forensic encargada a Deloitte para rastrear la autocartera figura que "no se han identificado indicios ni evidencias que apunten a la participación de empleados o directivos de Urbas en la operativa de venta de las acciones de la autocartera, además de que tampoco se halló evidencia de que ninguna parte vinculada a Urbas participara en el circuito de las acciones una vez que estas fueron transferidas a la cuenta de valores de Northern Trust", desvela Acedo para defenderse de esta laguna en la empresa.
Urbas recusó a A Worldwide alegando que no puede ser independiente al existir pleitos entre la empresa y la firma auditora. Además, Acedo dice que en "un 99,9% A Worldwide tiene abierto un expediente en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac). Urbas presentará una demanda por daños y perjuicios contra el auditor, que no podrá pagar la indemnización ni en siete generaciones".
La estrategia de Acedo contra Roundshield pasa por probar que el acreedor quiere cobrar dos veces por la misma deuda. El juzgado de instrucción 41 ha admitido a trámite una querella contra Roundshield por presunta estafa procesal. "El fondo ha tratado de engañar al sistema judicial al intentar reclamar una deuda de 189 millones sin deducir el valor de los activos que ya ejecutaron en Luxemburgo". En opinión de Acedo, Roundshield usa un "truco" contable al valorar las sociedades ejecutadas en cero para fingir que no han cobrado nada, a pesar de que los terrenos están tasados en 182 millones.
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