Una vía de agua convertida, al mismo tiempo, en un tablón en medio de una tormenta en el mar. La decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo ante un jurado a Begoña Gómez por cuatro delitos e imponer medidas cautelares a la mujer del presidente del Gobierno, como la retirada del pasaporte y prohibirle salir del país, es un duro varapalo para Pedro Sánchez, para La Moncloa, pero, a la vez, es una ventana de oportunidad para volver a poner sobre la mesa el mensaje de que hay una «persecución» contra el jefe del Ejecutivo y su entorno. Una «campaña» contra el Gobierno en la que «algunos jueces hacen política». Tras la decisión del magistrado, los miembros del gabinete y los dirigentes del PSOE salieron en tromba a denunciar el «atropello». Un auto que complica el futuro judicial de Gómez pero que, en medio del cerco judicial por el caso mascarillas o el caso Zapatero, es una palanca para agitar a la izquierda, muy de capa caída, con la proclama del lawfare -la persecución judicial-. «Es inaudito. Un juez acosando a Pedro y su familia y nadie hace nada, nadie se escandaliza. Nos estamos cargando la democracia», expone un destacado miembro del Ejecutivo.
El enfado, el cabreo en el Gobierno con Peinado y su decisión se mezcló con un «¿veis?». La sensación en el Ejecutivo es que la instrucción de Peinado, esta decisión de impedirla salir del país, así como un auto en el que señala que los escoltas de la mujer de Sánchez podrían colaborar en su fuga, constata su tesis de que hay jueces que forman parte de lo que llaman «el que pueda hacer que haga». Esto es, que al igual que señalan a partidos, pseudosindicatos y medios de comunicación, hay togas interesadas en que el Gobierno caiga. «No deja de ser una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida. Tampoco es casualidad que tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Seguramente el señor Peinado estaba pagando esos favores a la señora Ayuso», verbalizó Diana Morant, ministra de Ciencia.
El cuestionamiento de los escoltas de Gómez propició que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enviara ayer una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la que traslada la «más enérgica queja» por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En el Ejecutivo hay enfado con el Poder Judicial porque no haya actuado y parado los pies a Peinado y, por ejemplo, sí saliera a criticar la ley de amnistía sin siquiera haber leído el texto. «La gran pregunta es por qué la judicatura de este país no hace nada. Vivimos esta persecución con mucha resignación y estoicismo. También el presidente. Pero en un país normal, el CGPJ debería haber actuado hace tiempo».
Dicen que desde el principio ha sido «una causa política»
«Se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos», dicen desde La Moncloa. «Atropello sin precedentes»; «ignonimia»; «delirante»; «juicio político escandaloso»; «desvergüenza»; «persecución vergonzosa, obsesiva»; «es burdo, pero va con ello»; «día nefasto para los que creemos en la Justicia»; «campaña de desgaste»; «decisión injustificable»; «todos sabemos lo que está pasando»; «enorme despropósito»; «en las batallas políticas que debilitan el Estado de Derecho perdemos todos»; «decisión desmedida y desproporcionada, más propia de un juicio político que de un proceso justo»... Todos los ministros socialistas y cargos destacados del partido salieron en tromba en defensa de Gómez y contra Peinado. De hecho, se orquestó una campaña en redes sociales bajo el lema «Yo con Begoña».
Creen que esta «persecución» es un pegamento entre los suyos
Desde el núcleo duro de Sánchez consideran que Peinado da un paso más en «una persecución injusta contra una persona inocente». Creen que lo que ha hecho es usar a Gómez «como arma política contra el presidente del Gobierno. Una persecución que ya ha causado un daño irreparable a Begoña, pero también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia». Los ministros no albergan dudas ante lo que consideran un ejemplo de lawfare: «Demuestra básicamente que su causa ha sido desde el primer momento una causa política».
En un momento en el que el PSOE tiene el estado anímico por los suelos, que existen dudas internas sobre cómo debe afrontarse la investigación a Zapatero, con la próxima condena al ex ministro José Luis Ábalos por corrupción y con el caso Leire en ebullición, decisiones como las de Peinado creen en el PSOE y el Gobierno que sirve de pegamento para los suyos. Que es una llamada a cerrar filas porque «vienen a por nosotros». Una persona cercana a Sánchez lo define con el ejemplo de un abusador en el patio del colegio que, dicen, al principio a algunos lo ignoran o les hace gracia, pero que termina provocando un cierre de filas con la víctimas. Ellos se ven como la víctima y creen que Peinado aúna fuerzas, incluso entre los más críticos. Hasta Emiliano García-Page, la voz más crítica, ha censurado decisiones del juez.