El Gobierno quiere escenificar de manera contundente su intento de acercamiento a Junts. Este martes por la mañana, el presidente Pedro Sánchez anunciaba dos decretos con medidas que llevaban tiempo reclamando los independentistas catalanes sobre finanzas de los ayuntamientos o ayudas a propietarios de viviendas en alquiler. Pocas horas después, el Consejo de Ministros aprobaba esos decretos. Y, aunque legalmente el Ejecutivo tiene un mes para remitir esos paquetes de medidas al Congreso, la Moncloa ha decidido acelerar y forzar que la Cámara Baja se pronuncie sobre su convalidación el jueves de la semana que viene.

La decisión se adoptó este martes en la Junta de Portavoces del Congreso y, aunque es perfectamente legal, lo cierto es que es bastante inhabitual que el Gobierno se dé tanta prisa en llevar a la Cámara Baja los decretos que aprueba para su convalidación. Normalmente, la Moncloa se concede unas semanas para tantear al resto de sus socios parlamentarios y negociar con ellos, si es necesario, su apoyo, algo que en esta ocasión deberá hacer en tiempo récord, puesto que contará tan solo con nueve días para ello.

También es cierto, no obstante, que el calendario deja poco margen, puesto que el de la semana que viene es el último pleno ordinario del año en el Congreso. La semana siguiente, la que comienza el día 15 de diciembre, se ha suspendido la sesión plenaria para que no coincida con la última semana de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Extremadura, una práctica habitual cuando hay comicios. Y las dos semanas siguientes tampoco habrá plenos porque coincidirían con las fiestas navideñas.

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