La trama del caso Zapatero que pudo influir en el expediente Plus Ultra.
Empresas Montero, Ábalos, Escrivá o el propio Sánchez: las cuatro vías posibles de Zapatero para presionar en favor de Plus UltraEl sumario y la instrucción revelarán a qué ministros del Gobierno de Sánchez en 2020 acudió Zapatero a pedir ayuda para Plus Ultra, y quién se la dio.
Más información:El juez Calama acuerda el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente Zapatero a petición de la UDEF.
Fernando Pastor Publicada 22 mayo 2026 02:29h Las clavesLas claves Generado con IA
El auto de la Audiencia Nacional sobre el caso Zapatero deja apuntados los indicios sobre un supuesto tráfico de influencias cometido por el expresidente del Gobierno en favor de la aerolínea Plus Ultra. Pero serán los interrogatorios y los datos posteriores que se obtengan en la instrucción los que concreten cómo se produjo ese posible delito.
Dicho de otro modo, a qué ministros del Gobierno de Sánchez pudo acudir José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2020 para abrir camino a la aprobación del expediente de ayudas por 53 millones a Plus Ultra.
Eran muchas las condiciones a cumplir por el reglamento del Fondo de Solvencia de la SEPI. Para cubrir todos los flecos, todo apunta a tres vías principales: Hacienda, con María Jesús Montero al frente y de la que depende el ente empresarial del Estado; el ministerio de la Seguridad Social, en manos de José Luis Escrivá; o la cartera de Fomento de José Luis Ábalos, de la que depende Aviación Civil.
Claro que también cabe una cuarta vía que aglutina a todas las demás: acudir directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir una ayuda que salvara a una empresa que se calificaba como estratégica por los vuelos que mantenía con Latinoamérica.
"El transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país. En este sentido, Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela)", explicó entonces el Gobierno para justificar las ayudas.
Había un contexto internacional que avalaba esa cuestión: se habían concedido ayudas mucho mayores (mil millonarias a veces) a otras 16 líneas aéreas, la mayor parte europeas, que estaban a punto de quebrar y causar un mal mayor en sus economías locales.
Fuentes conocedoras de aquellas deliberaciones aseguran el escollo del carácter estratégico de la empresa era clave desde el inicio. Pero la situación internacional y la necesidad de recuperar el motor del turismo a cualquier precio jugaron muy a favor de Plus Ultra para obtener esa calificación.
Los informes necesarios para llegar a esa conclusión se encargaron a varias consultoras y se corroboraban por los técnicos de la SEPI encargados de instruir el expediente. Según el auto, la coordinación la llevaba José Ángel Partearroyo Martín, director de Participadas IV de la SEPI.
El PP anuncia una "ofensiva total" en la comisión de la SEPI y pedirá que comparezca Escrivá por el 'caso Plus Ultra'Si era necesario, en las reuniones en las que se trataron las ayudas de hasta seis aerolíneas distintas podía conectarse online o estar presente algún responsable del Ministerio de Fomento, dado que en el consejo rector no contaba con nadie para representarlo.
Las fuentes consultadas aseguran que el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, llegó a conectarse a alguna de esas reuniones, pero no estuvo en la que le otorgó las ayudas a Plus Ultra.
La SEPI estaba controlada entonces (en plena pandemia) por el vicepresidente y director de operaciones, Bartolomé Lora. Pero su dependencia era directa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirigía María Jesús Montero.
El nombre de la ya exministra no aparece en el auto del juez, aunque su ministerio, al que está adscrita la SEPI, fue el que aprobó el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
El expediente del Plus Ultra fue uno de los que más se revisaron por parte del Consejo Gestor del Fondo de Solvencia, a pesar de no ser uno de los de menor cuantía entre todos los que tenían sobre la mesa.
La demanda entonces vigente ante el juzgado de instrucción número 15 de Madrid y las grandes dudas sobre la viabilidad y el carácter estratégico de una línea aérea con muy pocos vuelos a Latam, rodeaban de polémica el caso.
El Gobierno siempre ha asegurado que, en el momento de la aprobación, se cumplían las trece condiciones exigidas para cada caso, si bien en algunas de ellas se habían pedido ampliaciones a los técnicos.
La parte de Ábalos
Al Consejo llegaba el expediente completado por parte de la Dirección General de Participadas con todos los informes de las consultoras contratadas para ese caso y de los organismos estatales que supervisaban la navegación y la seguridad aérea.
Una de las claves que más vigilaban los miembros del máximo órgano de decisión del FASEE, antes de llegar los expedientes al Consejo de Ministros, era precisamente el carácter de operador aéreo certificado que debería tener Plus Ultra.
El Gobierno y el PSOE temen que el 'caso Zapatero' sea la "bala de plata" que acabe con SánchezEn este caso se exigía el certificado tipo A, que acreditaba que la compañía tenía la suficiente capacidad técnica y profesional, así como el número de aviones necesario para realizar vuelos comerciales de largo recorrido.
El auto de la Audiencia Nacional muestra cómo los responsables de Plus Ultra estaban preocupados, el 24 de enero de 2021 (dos meses antes de lograr las ayudas), por "lo del Certificado de Operador Aéreo (AOC)". Como respuesta, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, les informa de "una reunión con Ábalos para ese tema".
Cuando se abra el sumario del caso y se avance en la instrucción se podrá confirmar si esa reunión tuvo lugar o no. Pero lo que está claro es que a la mesa del Consejo Gestor del Fondo llegó un expediente en el que constaba el informe de la Dirección General de Aviación Civil sobre la certificación.
Es más, el documento judicial asegura que, un mes más tarde, se data el informe realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), solicitado por SEPI sobre la situación económica-financiera de Plus Ultra Líneas Aéreas.
Eran los dos documentos preceptivos que se necesitaban para dar el visto bueno al expediente, apenas un mes más tarde (marzo de 2021) y que los 53 millones llegaran a las arcas de la aerolínea.
Cita con Escrivá
La tercera vía por la que el Grupo Zapatero podía entrar a cubrir un déficit para cumplir con las condiciones del expediente era la deuda con la Seguridad Social. Había cerca de medio millón de euros de impago a finales de 2019 y la penúltima de las trece condiciones básicas a cumplir lo prohibía taxativamente.
Era un tema complicado para la aerolínea, dada su delicada situación financiera. De hecho, el auto revela una reunión entre el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y Zapatero, el 7 de septiembre de 2020, apenas seis días después de haber presentado en la SEPI oficialmente la solicitud inicial del rescate.
Es relevante, además, que sea un mensaje de Koldo García al que entonces era su jefe y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo que haya descubierto este encuentro, confirmado por otra parte desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este mismo jueves.
En este caso se entrecruzan las vías de Fomento y Seguridad Social. El auto refleja incluso cómo "del análisis de las evidencias extraídas de la agenda de Koldo García Izaguirre, se agenda y confirmó la celebración de un almuerzo entre José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero".
El caso es que en el expediente de Plus Ultra se contemplaba un aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social, necesario y suficiente como para solventar esa condición de estar al día en el pago de las cuotas.
Seguridad Social dice que los aplazamientos de Plus Ultra se ajustaron a la ley y niega que se falsificaran certificadosEl propio Ministerio asegura que "la figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la Covid se utilizó de forma más intensiva".
Incluso si vamos al informe de fiscalización de las ayudas del Fondo de Solvencia que hizo el Tribunal de Cuentas, uno de los anexos explica cómo los responsables de dar las ayudas admitían ese tipo de instrumentos menos laxos para ayudar a unas empresas que, de lo contrario, podían desaparecer por el golpe económico de la pandemia.
El interrogatorio a Zapatero del próximo 2 de junio será también esclarecedor de todas las incógnitas que sobre las vías posibles de influencia que pudo utilizar hace cinco años con Plus Ultra. El juez le ha bloqueado las cuentas, lo que indica que faltan muchos datos por conocer.
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