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El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. EP Montoro asegura que su patrimonio es «absolutamente normal» y acusa a la fiscal de «fabular»Recurre la prórroga de la investigación del juzgado de Tarragona y las diligencias de Hacienda y niega que «privatizara» como ministro el Poder Legislativo en favor del despacho que fundó
Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo
Miércoles, 11 de marzo 2026, 19:54
... que fundó, ha presentado un recurso para anular los últimos avances de la causa. Las 14 páginas del escrito de apelación ante la Audiencia Provincial rechazan la prórroga de la instrucción y la autorización del juez para que los investigadores recopilen información sobre sus cuentas y bienes societarios.Critican además que el instructor Rubén Rus acordara en enero pasado ampliar seis meses más el plazo la instrucción «en flagrante vulneración, al haberse dictado sin previa audiencia a las partes». «Tras siete años de investigación -durante la práctica totalidad de los cuales la causa ha permanecido declarada secreta-, y contando con la intervención de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y los Mossos d'Esquadra, el resultado no ha sido otro que la más absoluta nada», asegura el recurso.
A su juicio, «no existe un solo indicio que apunte hacia la comisión de los delitos investigados, los cuales permanecen exclusivamente en el plano de las sospechas infundadas del Ministerio Fiscal». Continuar con la investigación abierta «únicamente puede servir», considera, «para perpetuar una instrucción de carácter meramente prospectivo, proscrita por el ordenamiento jurídico».
El «olfato» de Anticorrupción
La defensa de Montoro llega a afirma que el exministro «desconocía» que las reformas aprobadas, que califica de «pequeñas en un conjunto mucho más amplio y ambicioso que se acordaron en esas fechas», hubieran sido propuestas su departamento por la mediación de integrantes del despacho Equipo Económico, que él mismo fundó en 2006. «Sin embargo, con independencia de lo anterior, lo determinante es que, aun cuando aceptásemos a efectos puramente dialécticos -ya hemos dicho que lo negamos tajantemente- que mi representado hubiera tenido conocimiento exacto y puntual de dicha circunstancia, los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal», aseguran los abogados.
Del mismo modo, justifican que es «práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político que asociaciones, grupos empresariales, ciudadanos o colectivos afectados por circunstancias de diversa índole trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados». Propuestas, prosigue, que «en numerosas ocasiones se materializan en la aprobación o modificación de normas que recogen tales intereses, sin que jamás se haya cuestionado que dicha práctica constituya conducta corrupta o criminal ni, en los términos empleados por el Ministerio Fiscal, una privatización del Poder Legislativo».
Desde su punto de vista, lo que «pretende» la fiscal Anticorrupción Carmen García es sostener, «pese a que ningún indicio más allá de su 'olfato' apunta a ello», que el exministro «podría haber percibido comisiones por 'facilitar' la aprobación» de las reformas fiscales para beneficiar a Equipo Económico. Pero «más allá de la fabulación del Ministerio Fiscal, como decíamos, no hay absolutamente nada que respalde tales sospechas». «Antes al contrario, las investigaciones practicadas únicamente han puesto de manifiesto una situación patrimonial absolutamente normal de mi representado y la inexistencia absoluta de elementos que permitan inferir la percepción de comisiones por su parte», afirma.
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