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Moreno Ocampo, un fiscal contra la dictadura argentina: "Que yo investigara a Videla fue una traición total para mi familia"

Moreno Ocampo, un fiscal contra la dictadura argentina: "Que yo investigara a Videla fue una traición total para mi familia"
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A 50 años del golpe de 1976, en diálogo con EL ESPAÑOL, el fiscal que puso tras las rejas a los militares recuerda los riesgos que asumió y el juicio histórico. Más información: La exjefa de ETA 'Anboto' podrá abandonar la prisión Martutene de lunes a viernes en un régimen de semilibertad

Luis Moreno Ocampo Cedida

Reportajes Moreno Ocampo, un fiscal contra la dictadura argentina: "Que yo investigara a Videla fue una traición total para mi familia"

A 50 años del golpe de 1976, en diálogo con EL ESPAÑOL, el fiscal que puso tras las rejas a los militares recuerda los riesgos que asumió y el juicio histórico.

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Publicada 22 marzo 2026 01:30h Actualizada 22 marzo 2026 01:55h

"Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡Nunca más!".

Esas palabras resonaron el 18 de septiembre de 1985 en la sala de audiencias en Buenos Aires, Argentina, durante el Juicio a las Juntas. El fiscal Julio César Strassera cerraba su alegato con voz firme, ante un silencio denso que parecía contener la historia reciente de todo un país.

Frente a él estaban los comandantes de la última dictadura militar argentina: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, RobertoEduardo Viola, Leopoldo FortunatoGaltieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo y otros jerarcas.

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Afuera, un país que apenas dos años antes había recuperado la democracia tras siete años de oscuridad; adentro, por primera vez, un tribunal civil juzgaba a quienes habían ejercido el poder absoluto, sin medias tintas ni impunidad.

Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio inicio a aquella dictadura. Medio siglo después, la escena sigue.

Entre los presentes en esa sala histórica estaba Luis Moreno Ocampo, con apenas 33 años. No era el fiscal principal —ese rol correspondía a Strassera—, sino parte de un equipo reducido que impulsó una investigación sin precedentes, contra todo pronóstico.

A su lado se hallaba Strassera. Juntos forjaron el alegato final que se grabó en la memoria colectiva: un cierre que resonó como un grito de ruptura con el pasado.

Strassera y Moreno Ocampo Cedida Cedida

Ese momento —la frase, la condena posterior, la escena misma— no fue inevitable. Tampoco lineal. Para entenderlo, hay que retroceder, remontarse a los días previos al golpe y a las grietas de una sociedad que no supo —o no quiso— detenerlo.

Golpe de Estado

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron una dictadura que desplegó un sistema clandestino de represión: secuestros, torturas, desapariciones forzadas.

Miles de personas fueron detenidas ilegalmente.

Muchas de ellas nunca reaparecieron, convirtiéndose en los miles de desaparecidos que hoy siguen siendo un reclamo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero para Moreno Ocampo, cuando se le pregunta por ese día, no arranca por el movimiento en las calles ni por los comunicados marciales. Su memoria va a lo cotidiano, a lo banal que revela la indiferencia colectiva.

"Recuerdo a la gente desesperada por comprar alimento. Hacían acopio de comida", dice en diálogo con EL ESPAÑOL con esa precisión quirúrgica que lo caracteriza.

"El golpe de 1976 se realizó frente a la indiferencia de los argentinos. Pensaban en comprar comida. No hubo un movimiento global de oposición al golpe. En abril de 1987, cuando hubo un amotinamiento de las caras pintadas, toda la Argentina se movilizó en contra. Eso no ocurrió en 1976".

Esa imagen doméstica —colas en los supermercados, peleas por un paquete de fideos— marca un contraste brutal con la movilización posterior. Entre una escena y otra hay un proceso largo, sinuoso.

La derrota en la guerra de Malvinas, en 1982, debilitó hasta el núcleo a la dictadura, exponiendo su fragilidad. En 1983 se convocaron elecciones y volvió la democracia con Raúl Alfonsín como presidente. Con el nuevo gobierno llegó algo más: un consenso político inédito, que rompió con el silencio impuesto.

En diciembre, apenas cinco días después de asumir, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sábato, con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar.

De esta manera se le dio origen al Informe Nunca Más, publicado en septiembre de 1984, que recopiló más de 8.000 casos de torturas y asesinatos, y sirvió de base para la acusación de los fiscales Strassera y Moreno Ocampo contra la Junta militar en el primer juicio por terrorismo de Estado realizado por una democracia.

"Apenas asumió Alfonsín, logró un acuerdo con todos los partidos políticos: había que investigarlos”, recuerda Moreno Ocampo. “Eso fue lo nuevo, que los argentinos se unieran en la idea de investigar el pasado. Fue épico".

La respuesta empezó a construirse en tribunales. El Juicio a las Juntas, que comenzó el 22 de abril de 1985 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, fue la materialización de ese proceso.

Y también, en muchos sentidos, una apuesta improbable, casi un acto de osadía colectiva.

En aquel momento, Moreno Ocampo no era un fiscal experimentado. Era profesor de derecho penal y actuaba como asesor del procurador general en casos de la Corte Suprema vinculados al derecho penal.

Nunca había llevado adelante una investigación, mucho menos de esta magnitud. Cuando Julio César Strassera lo convocó, se lo dijo sin rodeos: "Yo nunca en mi vida hice un juicio penal".

La respuesta de Strassera fue inesperada, casi genial en su audacia. "Mejor —le contestó—, porque si lo hacemos como se hace normalmente, no sale".

El problema era práctico, casi insalvable. Probar un homicidio simple podía llevar seis o siete años en los tribunales argentinos de la época. El juicio requería probar 700 homicidios, cientos de secuestros y torturas en apenas cuatro meses.

"¿Cómo hacemos para probar 700 homicidios? Es imposible", le planteó Moreno Ocampo. La solución fue, en parte, improvisar un método innovador. "Inventate algo parecido a lo que hacen en Estados Unidos", le dijo Strassera, suponiendo que su joven colaborador entendía de técnicas anglosajonas.

"Yo fui su última opción", recuerda Moreno Ocampo con una media sonrisa, evocando cómo Strassera luchaba por armar un equipo en un Poder Judicial traumatizado: “La gente de tribunales recordaba las consecuencias de meterse en temas políticos. Había jueces muertos por los guerrilleros, había funcionarios judiciales que fueron muertos por los militares”.

Ese carácter excepcional atravesaba todo el proceso, no sólo en términos jurídicos. También personales, familiares. En su familia materna, de tradición militar —su abuelo era general—, su participación en el juicio fue vista como una traición imperdonable. "Para ellos el Ejército era la madre. Era sagrado. Fue una traición total", relata.

Un tío suyo, coronel retirado —que no tuvo nada que ver con la represión—, se sintió tan avergonzado que fue a pedirle perdón a Videla. Le juró que no volvería a hablarle a Luis. “Y no me habló más. Era un hombre de palabra. Era divino”.

El riesgo no era abstracto, retórico. Moreno Ocampo lo asumía como parte del trabajo, con una racionalidad fría. "Mientras haya democracia, el gobierno va a controlar a las Fuerzas Armadas y no nos van a matar. Y si hay un golpe de Estado, me voy".

Pero el temor se materializaba en gestos diarios. Cada mañana repetía un ritual aprendido: abría la puerta del coche, arrancaba el motor y recién después se subía. "Me habían dicho que, con la puerta abierta, una bomba en los pies tiene menos impacto. Esa era mi rutina".

La investigación

El resto del tiempo estaba concentrado en una sola cosa: investigar. "Yo vivía obsesivamente pensando cómo probar los hechos: cómo juntar y analizar las pruebas, los datos".

Soñaba con los problemas, con las soluciones, con lo que faltaba por recordar. Coordinaba un equipo de siete jóvenes —de 19 a 26 años— que tomaban declaraciones, organizaban pruebas, reconstruían historias de todo el país.

"Mi trabajo básicamente era coordinar ese equipo. Todos los días mostrar qué teníamos y qué no teníamos. Procurando que fueran casos de todos los años que necesitábamos probar. Y demostrar las conexiones que los vinculaban con el régimen de Videla".

Durante el juicio mismo, el rol cambió. Los testigos declaraban ante los jueces, y el equipo escuchaba, “hacía preguntas clave, veía cómo la prueba presentada se concretaba en la audiencia”.

Moreno Ocampo y Strassera en el histórico Juicio a las Juntas Militares Cedida Cedida

Moreno Ocampo manejó la investigación, colaboró con Strassera en la audiencia y juntos escribieron el alegato final.

Strassera lo empezó hablando de las muertes producidas por la guerrilla: "No es que negábamos la violencia guerrillera, la tomábamos en cuenta, pero el Estado no podía hacer Terrorismo de Estado".

Esa lógica —la de la prueba— también atravesaba la forma en que escuchaban los testimonios. Durante el juicio, el exfiscal no lloró. "Yo estaba buscando pruebas".

La emoción apareció en otro momento, viendo La historia oficial, la película de Luis Puenzo que ganó el Oscar en 1986 y era, en palabras suyas, "muy light". "Ahí lloré todo el tiempo".

Cuenta una escena que condensa esa tensión humana y judicial. Una señora relató el secuestro de su hijo: le devolvieron los restos en una bolsita de plástico, junto con un documento oficial.

Mientras ella lloraba desconsolada, uno de los chicos del equipo reaccionó de otra manera: "Señora, su caso es fantástico". No era crueldad. Era lógica pura.

Nosotros estábamos enloquecidos buscando pruebas. La señora le daba los huesos y encima le daban un documento oficial reconociendo el secuestro. Era una obsesión pura. Lo demás se postergaba”.

El juicio terminó el 9 de diciembre de 1985 con condenas a los principales responsables: cadena perpetua para Videla y Massera, entre otros. Pero el proceso no se cerró ahí.

Avances y retrocesos

Hubo avances y retrocesos, en un vaivén que marcó a los distintos gobiernos. Raúl Alfonsín impulsó el juzgamiento de las juntas militares —inició procesando solo a los comandantes vía Decreto 158/83, logrando consenso político—.

Luego vinieron los levantamientos carapintadas, sublevaciones de sectores del Ejército contra el poder democrático: el de Semana Santa de 1987 y los de 1988. Alfonsín logró desactivarlos con apoyo popular, pero sin resolver por completo el conflicto con las Fuerzas Armadas.

Más tarde, los indultos de Carlos Menem en 1989 y 1990 interrumpieron todo. Años después, Néstor Kirchner reabrió los juicios con la anulación de las leyes de impunidad en 2003.
"Es un diálogo de diferentes actores", dice Moreno Ocampo.

"Alfonsín lo abrió. Menem lo interrumpió para garantizar el control de las fuerzas armadas, que estaban cuestionadas por los amotinados. Kirchner lo reabrió. Y ahora el gobierno de Milei plantea un tema distinto: volver a investigar a los guerrilleros que cometían crímenes, que habían sido investigados en la época de Alfonsín y que Menem perdonó".

Un proceso en disputa permanente, en el que las víctimas tuvieron —y tienen— un rol central. “Se organizaron muy bien y siguen empujando siempre”.

Referencia a España

Desde esa experiencia, mira otros procesos con perspectiva global. España aparece como referencia inevitable. La transición española optó por otro camino: acuerdos políticos que evitaron juzgar penalmente el pasado franquista, priorizando un consenso para el futuro.

"Fue un milagro", dice. No lo plantea como un modelo inferior, sino distinto.

"En España, el rey cumplió un rol clave para frenar el golpe del 23-F —el intento de asalto al Congreso en 1981—, como en Argentina los amotinamientos de 1987 fracasaron por la reacción política y social. Cada país hizo lo mejor que pudo para conseguir la democracia".

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Sobre los llamados "pactos de olvido" —como la Ley de Amnistía española de 1977—, introduce un matiz esencial. Pueden ser injustos —"porque suelen ser pactos en los que se va a respetar a los que tienen más poder"—, pero a veces son necesarios para evitar nuevos ciclos de violencia.

"Si Alfonsín hubiera propuesto investigar todo, no hubiera habido justicia. Estaba todo armado para que volviéramos a la violencia, a un golpe de Estado", desliza.

La memoria, en todo caso, no se fija de una vez y para siempre. "Hay un profesor vietnamita que dice: la guerra ha sucedido dos veces, primero en el campo de batalla y luego en la memoria. La batalla por la memoria es permanente".

Y esa segunda disputa sigue abierta, tanto en Argentina con la dictadura como en España con el franquismo, donde "hay una permanente discusión que se mantiene viva".

La justicia, en ese esquema, cumple una función específica. "Es un momento en que hay una voz autorizada que dice qué pasó". El Juicio a las Juntas permitió establecer un piso común de verdad oficial.

Aun así, no alcanza. "Nunca hay justicia del todo, para todo. La lucha nunca termina". La define como una pelea permanente. "El día que dejás de pelear por la justicia, ahí perdiste".

Esa idea se proyecta hacia el presente, a medio siglo del golpe. En un contexto global donde resurgen discursos que relativizan las dictaduras, advierte un riesgo claro.

Pero señala algo más amplio: la falta de un modelo global. "Argentina y España hicieron la transición a la democracia sabiendo cuál era el modelo a seguir: la democracia. Eso alió al rey, a franquistas, a comunistas y a socialistas. Eso no pasa en el mundo".

"Soluciones globales"

Hoy, dice, los conflictos se gestionan muchas veces con violencia. Menciona decisiones de líderes internacionales —como las de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, reelegido en 2024— que pueden implicar el uso de la fuerza sin mecanismos globales para contrapesarla.

"Cuando Trump decide atacar Irán o Venezuela, él decide y tiene capacidad de mover tropas, y la gente que no está de acuerdo no puede decir que no se haga".

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"Estamos en una transición global, pero no hay un modelo a seguir. La guerra es incompatible con la vida humana. Tenemos comunicación global —me estás llamando por Zoom—, pero sistemas políticos nacionales. No tenemos soluciones globales para el cambio climático, guerras, genocidios", plantea.

En ese escenario, propone pensar nuevas formas de coordinación. Después de su paso como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, trabaja en un proyecto vinculado a la Inteligencia Artificial (IA).

Trabaja desde hace tres años con el departamento de física de la Universidad de San Pablo en el estudio de cómo usamos redes neuronales y ahora con empresarios que manejan software de IA para implementar proyectos concretos.

Su plan: fundar una compañía mundial que utilice Inteligencia Artificial para terminar con los genocidios. "La inteligencia artificial no puede servir para matarnos mejor. Tiene que servir para coordinarnos mejor".

Lo plantea como un nuevo desafío, a sus 73 años. Como si todo lo anterior —desde el juicio hasta su actuación en la Corte Penal Internacional— hubiera sido preparación. "Siento que tengo que volver a hacer. Lo mejor está por hacerse".

Luis Moreno Ocampo a sus 73 años Cedida Cedida

En paralelo, sigue reflexionando sobre la relación entre guerra y justicia —un eje que atraviesa su libro Guerra o justicia, disponible en el país—.

Al final, vuelve a una idea simple, casi íntima.

Cuando terminó el juicio, a los 33 años, sintió que había hecho "la tarea más importante de mi vida". Pensó que ya no tenía nada más que hacer. "Y resultó que fue la imagen de entrenamiento para una cosa más importante".

Hoy, a medio siglo del golpe de 1976, esa historia sigue abierta. La memoria se discute en las calles y las redes. La justicia se redefine en nuevos juicios. Los consensos se tensan con cada generación.

Pero hay una escena que permanece inalterable. La de un fiscal de pie, frente a un tribunal civil, en un país que acababa de salir de una dictadura. La de una frase que no le pertenecía a él, ni a nadie en particular.

"Señores jueces: ¡Nunca más!".

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