La magistrada, destinada en Nules, llamó a trabajadores "vagos", "gilipollas" o "cara polla" y realizó comentarios vejatorios y de carácter sexual, según la sentencia
- J. F. BORRELL Madrid
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El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2.000 euros impuesta a una jueza que ejerció en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Nules, en Castellón de la Plana, por dirigirse de forma reiterada y despectiva a varios compañeros de su oficina judicial. La magistrada había recurrido la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el alto tribunal ha desestimado su recurso y ha ratificado la multa.
Según los hechos probados recogidos en la resolución, la jueza se dirigió en numerosas ocasiones a funcionarios y otros trabajadores con expresiones ofensivas como "gilipollas", "vagos", "retrasado", "inútil", "inepto" o "cara polla". También llegó a realizar comentarios de carácter sexual a un funcionario, al que preguntó: "¿A ti se te levanta?". La sentencia señala que la magistrada protagonizó diversos episodios de trato desconsiderado entre octubre de 2020 y noviembre de 2022, periodo en el que estuvo al frente del juzgado. En una ocasión reunió a varios trabajadores para recriminarles su labor y les llamó "vagos", advirtiendo además de que "aquí van a rodar cabezas".
Los magistrados también recogen en el relato de hechos otros comentarios despectivos hacia la letrada de la Administración de Justicia, a la que se refirió con frases como "tiene la piel muy fina", "no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo" o "no tiene ni idea de tramitar". En conversaciones privadas con otros compañeros llegó a describir a algunos trabajadores como "ama de casa aburrida" o "trol". En otro episodio, la jueza humilló públicamente a un empleado delante de otros compañeros diciéndole "no vales nada", y en distintas ocasiones lanzó amenazas verbales contra funcionarios, con expresiones como "lo voy a hundir" o "le voy a dar una hostia". Incluso durante una guardia llegó a decir a un detenido que deseaba que fuese condenado.
El comportamiento de la magistrada fue denunciado por ocho funcionarios del juzgado, que trasladaron su malestar a las autoridades competentes. Tras analizar las pruebas y testimonios, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó imponerle una sanción económica de 2.000 euros. En su recurso ante el Tribunal Supremo, la jueza alegó falta de motivación probatoria en la resolución disciplinaria. Sin embargo, el alto tribunal concluye que la decisión del órgano disciplinario está suficientemente fundamentada y la valoración conjunta de las pruebas acredita los hechos imputados. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo respalda la actuación del CGPJ y mantiene la sanción impuesta a la magistrada por su conducta inapropiada hacia los trabajadores de su juzgado.
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