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No es sólo Canarias: España también mantiene litigios con Portugal, Reino Unido y Argelia por las aguas territoriales

No es sólo Canarias: España también mantiene litigios con Portugal, Reino Unido y Argelia por las aguas territoriales
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Marruecos y Argelia disputan aguas españolas y aprueban leyes para explotar recursos en áreas de Canarias y Baleares. Más información: Escala la crisis entre Argelia y Marruecos por el plan de Rabat de confiscar inmuebles y embajadas

El rey de Marruecos y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune. Javier Carbajal

Política No es sólo Canarias: España también mantiene litigios con Portugal, Reino Unido y Argelia por las aguas territoriales

Marruecos y Argelia disputan aguas españolas y aprueban leyes para explotar recursos en áreas de Canarias y Baleares.

Más información: Escala la crisis entre Argelia y Marruecos por el plan de Rabat de confiscar inmuebles y embajadas

Publicada 21 diciembre 2025 03:23h

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España mantiene disputas por la delimitación de aguas territoriales no solo con Marruecos, sino también con Portugal, Reino Unido y Argelia.

Solo existe un acuerdo firme de delimitación marítima con Francia en el Mar Cantábrico; el resto de fronteras marítimas con países vecinos siguen pendientes de negociación.

Las principales zonas de conflicto incluyen Gibraltar con Reino Unido, las Islas Salvajes con Portugal y la extensión de la zona económica exclusiva de Argelia hacia Baleares.

La disputa con Marruecos afecta especialmente a la zona económica exclusiva de Canarias, donde hay intereses por recursos minerales como níquel, cobalto y cobre.

Las negociaciones entre España y Marruecos sobre la delimitación de las fronteras marítimas en el Atlántico dejan al descubierto que no sólo hay un conflicto abierto con el país magrebí, sino también con Portugal, Reino Unido y Argelia.

La titularidad de las aguas está fijada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Este organismo establece que cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, "ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media".

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El caso español es particularmente complejo porque el país está compuesto por territorios continentalese insulares en dos continentes, y tiene fronteras marítimas con seis países: Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Marruecos y Argelia.

Actualmente existen varios espacios marítimos españoles pendientes de delimitar por la falta de acuerdo con un Estado limítrofe.

Los ejemplos más claros son los de la Bahía de Algeciras, con Gibraltar, y especialmente, los de las ciudades, islas y peñones españoles en el norte de África: Ceuta, Melilla, Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera y Perejil.

La reivindicación territorial por parte de Marruecos sobre dichos territorios ha complicado siempre el acuerdo.

En realidad, España solo tiene un acuerdo en firme sobre la delimitación de sus aguas con Francia en el Mar Cantábrico.

Existe un convenio de 1856 entre ambas monarquías que establecieron que la división pasara por el centro de la corriente principal del río Bidasoa, en bajamar. De tal manera que el río Bidasoa, que discurre en Hondarribia y Hendaya, separa los dos países en menos de 12 millas.

Además, existe un convenio bilateral sobre delimitación del mar territorial y de la zona contigua en el Golfo de Vizcaya, hecho en París el 29 de enero de 1974, que regula hasta el límite de 12 millas a partir de las líneas de base francesas y españolas. La línea divisoria está trazada en la carta náutica francesa número 174, actualizada en 1973.

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Sin embargo, "todavía hay que llegar a acuerdos con los países vecinos para dejar bien clara lo que son las aguas que nos pertenecen", explica José Mangas, geólogo y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El mar territorial está fijado en 12 millas náuticas mar adentro desde la costa, excepto en casos como el Estrecho de Gibraltar y en lugares fronterizos con otros países. En esos casos se divide entre ambos. En esa área, el Estado ejerce soberanía plena, pero con derecho de paso a buques extranjeros.

Después se añade una zona contigua de otras 12 millas, en las que el país puede controlar infracciones aduaneras, sanitarias y de inmigración.

Posteriormente se fija la denominada Zona Económica Exclusiva (ZEE), que llega hasta las 200 millas, y ahí el Estado costero tiene derechos soberanos sobre exploración, explotación y conservación de recursos, desde la pesca al petróleo del subsuelo marino.

España tiene conflicto por el norte con Portugal, porque considera suyas las Islas Salvajes, al sur de Madeira.

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"Cuando España ha hecho alguna insinuación de que las Islas Salvajes no están habitadas, solamente las habitan los pajaritos, los peces y algún lagarto, Portugal defendió que son suyas por los tratados entre España y Portugal de la Edad Media. Pero donde tenemos verdaderamente el problema es en Gibraltar porque ya entra Reino Unido, España y Marruecos", añade Mangas.

España no reconoce la soberanía británica sobre las aguas de Gibraltar, excepto las interiores del puerto.

Reino Unido defiende que tienen aguas territoriales limitadas de la roca y del istmo, tres millas hacia el este y 1,5 millas hacia el oeste, hacia el interior de la bahía, que es una mediana, como aparece en la carta náutica británica del Almirantazgo con relación a Gibraltar.

El catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Cádiz Alejandro del Valle ha construido una teoría propia según la cual, al no cederse la montaña completa ni la cara de levante del Peñón, las aguas del este serían españolas, mientras que las de la cara oeste de la montaña serían británicas.

Sin embargo, "es un problema porque no hay una coordinación entre autoridades portuarias, es una de las cosas más urgentes".

"Está presente un peligroso riesgo de escalada al producirse continuos incidentes entre patrulleras de la Policía gibraltareña y embarcaciones de la Guardia Civil española", detalla Alejandro del Valle a EL ESPAÑOL.

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No obstante, "quien ejerce jurisdicción de facto, pues hay fondeo de buques en esa zona, es el puerto de Gibraltar, que es quien lo autoriza", afirma este catedrático.

Además, considera que podría llegarse a "algún acuerdo sobre coordinación, medioambiente, cooperación aduanera y en la pesca, porque los pescadores siempre han tenido problemas. En fin, estas cosas que harían la vida un poco más tranquila".

Los recursos de Canarias

En todo caso, la verdadera disputa está en la zona económica exclusiva de la costa Atlántica con Marruecos, donde entran en juego los recursos bióticos y abióticos. Es decir, los animales marinos pero también los recursos minerales.

"En concreto, hay costras de manganeso, tierras raras, sobre todo níquel, cobalto y cobre, pero también hemos encontrado arsénico y pueden aparecer otros metales", especifica el geólogo y catedrático canario José Mangas.

España comenzó la búsqueda de recursos minerales en los montes sumergidos en 2013 y, un año más tarde, solicitó a la Convemar la ampliación a plataforma continental.

"La política de cualquier Estado civilizado es primero investigar y explorar, luego, si merece la pena, explotamos o conservamos. En España estamos en esa fase de búsqueda de aquellos recursos que tenemos y además de ampliación de las aguas hacia lo que sería la plataforma continental. A través de los institutos geológicos y mineros y la Marina estamos realizando una cartografía", explica Mangas.

En 2014, Marruecos reclamó a la Convemar y en 2020 publicó dos leyes en el Boletín Oficialdel Estado firmadas por el rey Mohamed VI que amplían su zona económica (ZEE) y su plataforma continental de manera unilateral.

"Tienen esa política expansionista y a la chita callando siempre están en plan: nos expandimos para el sur y ahora cogemos el Sáhara Occidental, nos expandimos para el sur y si podemos cogemos algo a Mauritania. Y para el norte, sabemos que están Ceuta, Melilla y Perejil. Hay esta problemática y siempre hay que llegar a convenios bilaterales o multilaterales", aclara Mangas.

Para extraer al barco una costra de recursos minerales sumergidos a mil o dos mil metros de profundidad y llevarla a la metalurgia hay que invertir una gran cantidad de dinero.

De momento es más rentable sacar esas tierras raras, cobalto, níquel, cromo, cobre, de minas de Noruega o de Finlandia, o intentar extraerlas de zonas superficiales.

"Ese fondo no lo va a explotar el rey actual ni el rey que venga, tanto de Marruecos como de España. No sabemos si en dos, tres o cuatro generaciones resultará interesante explotarlo. Hay que dejarlo para varias generaciones posteriores, pero un país no puede estar quieto, tiene que estar investigando y es lo que estamos haciendo ahora", afirma Mangas.

Argelia se extiende a Baleares

También en el norte de África, en 2018, Argelia aprobó un decreto por el que extendía su zona económica (ZEE) que se solapa con las aguas territoriales del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera en las Islas Baleares.

Entonces España presentó una nota verbal de protesta, que fue notificada a las Naciones Unidas, a la que siguió una nota verbal de protesta argelina. En ambas se manifiesta la disposición a entablar negociaciones. Dos años más tarde, el Govern balear estableció un expediente administrativo que remitió al Congreso.

"El Gobierno español defenderá́ los intereses de España en esas posibles negociaciones para que ningún acuerdo sea contrario a los mismos. En cualquier caso, y en ausencia de esa delimitación, no existe un vacío legal, pues la Convención de Derecho del Mar establece límites y criterios", respondió el gobierno a una pregunta de Vicenç Vidal Matas, senador por el Parlamento de las Islas Baleares del grupo parlamentario de izquierda confederal.

La cuestión se trató durante el viaje que realizó la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya a Argel en marzo de 2020.

Sin embargo, el diálogo con Argelia, que incluía la delimitación de los espacios marítimos, se paralizó tras el reconocimiento del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022.

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