A Zeinabu Dah le han negado tres veces el visado para viajar a España. Esta saharaui, universitaria de 30 años, es la coordinadora adjunta del Centro nacional de Oftalmología, situado en Rabuni y financiado en parte por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). Aunque los datos legales de Zeinabu figuran en los archivos de la AECID, dependiente del Ministerio de Exteriores, la tercera vez que no le concedieron el visado le dijeron que su documentación no era fiable. «Siempre nos lo ponen muy difícil a los saharauis», lamenta ella, pero es el sentimiento general de los locales con los que ha hablado EL MUNDO estos días. Ciudadanos que huyeron de su territorio con sus documentos españoles y que ven cómo su descendencia es apátrida.
Más de 200.000 saharauis viven desperdigados en 5 campamentos que Argelia les presta en la hamada del país, quizá la parte más seca, pedregosa y árida de esta franja que cruza el norte de África de Este a Oeste. Desplazados de su territorio tras una descolonización que España tiene pendiente desde 1975 y con un objetivo: recuperar el Sáhara de las manos de Marruecos, país ocupante de la que fue provincia 53 española.
Y en esta situación, el Gobierno pasó de la neutralidad bajo la que se alargaba el desentendimiento de sus obligaciones legales a la «oposición», dicen los saharauis. Hace cuatro años, Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI para abrazar su plan de autonomía y de soberanía sobre el Sáhara. Una decisión insólita que no sorprende a los saharauis: «De los socialistas no puedes esperar nada, siempre nos va mal con ellos», recordaba un habitante de Auserd estos días que celebraban el 50 aniversario de la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Aquí el español es la segunda lengua. Los adultos lo chapurrean, o hablan perfecto, y los niños saludan con un «¡Hola!» a todo extranjero. El sentimiento es de cariño hacia quienes fueron sus compatriotas hace medio siglo. Pero el Gobierno no responde igual que con los lazos históricos de otros países. Mientras se ha amplían los derechos de nacionalización a nietos de españoles que emigraron a Iberoamérica, se aparca con los descendientes de aquellos saharauis con DNI.
Soldados saharauis desfilan en una marcha conmemorativa del 50 aniversario de la República Saharaui.ANTONIO HEREDIAFátima paseaba con su prima Zara junto al desfile militar ayer. La primera, hija de saharauis nacida en Valdepeñas, contaba sobre Zara: «No puede ir a España. No tiene derecho a papeles aunque nuestros abuelos eran españoles y sus padres están allí, como yo ya he cumplido los 18...».
Sumar registró un proyecto de ley elaborado por IU para nacionalizar a los descendientes de los saharauis, una ley que según Enrique Santiago, «puede aprobarse perfectamente esta legislatura». Portavoz adjunto de Sumar, responsable de los temas de Justicia en ese grupo parlamentario y líder del PCE, explica a EL MUNDO: «El proyecto de ley está en la Comisión de Justicia, pendiente de que el PSOE deje de bloquear la constitución de la ponencia. Las enmiendas están presentadas. El PP lo apoya y Vox no se opuso. No tiene sentido que el PSOE se oponga. Si se constituyera la ponencia, en una sesión podría solventarse, porque conocemos todas las enmiendas y las hemos trabajado. Es importante que los saharauis tengan los mismos derechos que cualquier extranjero en nuestro país. El pueblo saharaui es el último territorio que dependió de España».
Santiago ha viajado a las celebraciones que el Frente Polisario ha organizado en los campamentos. Tilda de «incomprensibles» las «posiciones absurdas» del PSOE. Su sentimiento es el de muchos, pues la postura de Sánchez contrasta con otras iniciativas, como en Palestina.
El presidente lideró la defensa de los gazatíes tras la ofensiva de Israel: impulsó el reconocimiento del Estado palestino, impuso sanciones unilaterales a colonos cisjordanos y propuso suspender el acuerdo de asociación con la UE, algo que retomó esta semana. La dejadez sobre el Sáhara contrasta también con la contundencia hoy en la defensa de la legalidad internacional en la guerra contra Irán.
Incluso al ámbito solidario han llegado las críticas a Sánchez. La AECID donó 12,6 millones en 2024 para atender las necesidades de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf. Una cantidad con la que fueron muy críticos los parlamentarios durante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso, pues bastan cuatro días en los campamentos para ver las incontables necesidades entre jaimas, casas de adobe... Un dinero que contabiliza la cooperación descentralizada, pues cuenta cada euro que las CCAA ciudades o municipios destinan a los saharauis.
Además de esta ayuda, no hay ningún otro apoyo tangible del Gobierno, donde se integra Sumar, que mantiene una difícil convivencia en esta cuestión. No hay comentarios sobre los saharauis retenidos en cárceles marroquíes, ni sanciones por esto.
El Gobierno se parapeta en que su responsabilidad sobre el Sáhara no es tal. «España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se estableció para el mismo», suscribió España en 1975, en el Acuerdo de Madrid con Mauritania y Marruecos.Pero también asumió: «La descolonización del Sáhara culminará cuando la opinión saharaui se haya expresado válidamente». Y eso no ha cumplido, con el referéndum bloqueado por Marruecos durante décadas pese al posicionamiento mayoritario en la ONU.
Definitivamente, Sánchez se lavó las manos abrazando la propuesta marroquí de autonomía, no concretada ni siquiera, con una carta enviada a Mohamed VI en 2022. Esa misiva y el cese de la jefa de la diplomacia, Arancha González Laya, fueron la única manera de empezar a resolver la crisis que provocó la acogida de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario saharauí, en Logroño, para tratarse de una enfermedad. Aquello desencadenó el cruce masivo de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta y el cierre de las aduanas. La carta, en la que España abandonaba su neutralidad, provocó una sesión parlamentaria sólo con vagas aclaraciones de Sánchez, que nunca concretó el motivo real de ese giro histórico.
El plan de autonomía de Mohamed VI gana afectos por la diplomacia desplegada por los alauitas. Así, Estados Unidos validó su propuesta en 2020 a cambio de que Marruecos estableciera relaciones con Israel. Francia, otra potencia clave, junto a España, también la han asumido. En 2025, la ONU ya aprobó esa propuesta como la única solución viable. Para Santiago, «el único plan viable es un referéndum». Un horizonte cada vez más lejano en el desierto.