Yolanda Díaz y Antonio Garamendi.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN No hay economía que pueda prosperar con un 6% de absentismo diario Publicada 18 diciembre 2025 02:34hEl discurso económico triunfalista del Gobierno está impidiendo afrontar algunos de los problemas crónicos que lastran nuestro tejido empresarial.
Entre ellos, se ha convertido en uno de los más preocupantes el absentismo laboral, que este año ha alcanzado cifras récord en nuestro país.
Según los datos del INE, las horas perdidas equivalen a una media de 1,2 millones de bajas laborales diarias.
Tanto el Círculo de Empresarios como la Cámara de Comercio de España coinciden en señalar la especial incidencia del "exceso de protección normativa de los trabajadores", señalando que los cambios legales de los últimos años han sido determinantes en el aumento de las bajas laborales no planificadas.
En la encuesta de la Cámara, realizada entre más de 2.000 empresas, el "exceso de protección normativa" se identifica como el factor más relevante para explicar el crecimiento del absentismo. Los datos del Observatorio de Competitividad Empresarial apuntan en la misma dirección: un 33,7% de las empresas reconoce que este problema ha aumentado en el último año.
No resulta, por tanto, caprichosa la conclusión de los empresarios, que lamentan que el actual marco normativo blinde las situaciones de baja laboral sin considerar el contexto social, económico o personal de los casos. A lo que se suma un insuficiente control de los expedientes de incapacidad temporal.
Todo ello configura un sistema de incentivos perverso que contribuye a alargar innecesariamente las ausencias y a fomentar el absentismo.
Ese es uno de los efectos colaterales de un modelo laboral —encarnado por Yolanda Díaz— volcado en la defensa del trabajador, pero concretado a base de una sobrecarga normativa que termina perjudicando a las empresas y, en última instancia, también al propio trabajador que se pretende proteger.
La economía española muestra una productividad estructuralmente estancada, y el absentismo es una de las causas que coadyuva al ensanchamiento de la brecha que separa a España de los principales países europeos.
No en vano, según la AIReF, el absentismo por enfermedad en España es un 68% superior a la media de la UE, debido en parte a la mayor duración media de las bajas médicas, que sitúa a España como el segundo país europeo con mayor tasa de absentismo por enfermedad.
En este contexto, no es de recibo que el Gobierno siga adherido a un enfoque que sólo redunda en la sobrecarga de las empresas.
En lugar de centrarse en la necesaria mejora de la productividad, el Ministerio de Trabajo dedica sus esfuerzos a medidas que ahondan en la desincentivación laboral, como la reducción de la jornada, la ampliación de las causas médicas de incapacidad temporal o la extensión de los permisos retribuidos.
El último ejemplo es el reciente acuerdo con los sindicatos para ampliar de dos a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar cercano, con la habitual exclusión de la patronal del diálogo social.
El Gobierno no puede ignorar la evidencia: el coste agregado del absentismo en España supera los 45.000 millones de euros al año, con un gasto para la Seguridad Social equivalente al 1% del PIB, lo que repercute negativamente en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Además de las pérdidas millonarias que ocasiona en las empresas, este despilfarro resta competitividad al conjunto del país.
En lugar de perseverar en una política demagógica que pretende beneficiar al trabajador a costa del empresario, el Gobierno debería promover la racionalización de la gestión de las bajas laborales, implantando un sistema digitalizado de seguimiento de las ausencias y mecanismos que favorezcan una reincorporación más ágil.
Un buen primer paso sería un gran pacto entre la patronal, los sindicatos y el Estado, tal como propone el Círculo de Empresarios.
El Ejecutivo debe abandonar este planteamiento regulacionista y entender que la mejora del nivel de vida de los trabajadores no se logra mediante una sobreprotección normativa. Centrarse exclusivamente en la redistribución supone olvidar que primero hay que crear una prosperidad que pueda luego ser repartida de forma justa.