Se trataba solamente de cambiar un guion por una coma, pero es un cambio de calado. La reforma de la Constitución para que la isla balear de Formentera cuente con un senador propio no sólo tiene importancia por ser la cuarta modificación de la Carta Magna en su 47 años y medio de vigencia, sino, también, por su trasfondo político. No ya porque el PSOE y el PP volvieran a votar juntos, sino porque no fue una mera coincidencia: lo consensuaron previamente.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negoció los pormenores del cambio legal con la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. Así lo ha confirmado EL MUNDO a través de fuentes tanto socialistas como populares. «Ha habido conversaciones entre el Gobierno y el PP. Cerramos juntos aspectos como las disposiciones, y es relevante ese entendimiento», explican en el ala socialista de la coalición gubernamental. «El debate fue técnico», constatan en Génova, donde rebajan el alcance de lo consensuado.
Sea como fuere, esto quiere decir que no todos los canales están rotos y, a pesar del choque dialéctico, hay margen para el entendimiento desde la centralidad y la visión de Estado. Aunque sea en modificaciones de cirugía fina, como en este caso.
Parece cosa menor, pero no lo es. «Esto demuestra que, con voluntad y sin hacer ruido, nos podemos entender», aseguran los socialistas consultados. No es la primera vez que Bolaños y Gamarra llegan a un acuerdo. Su sintonía es menos mala que la que tienen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. O Patxi López y Ester Muñoz, portavoces en el Congreso. O María Jesús Montero y Miguel Tellado, números dos respectivos de PSOE y PP.
El cambio de la Constitución que se ha aprobado es puntual: en el artículo 69.3 se establecía que le corresponde un senador a «Ibiza-Formentera» y ahora se ha cambiado por «Ibiza, Formentera», de manera que habrá un escaño para cada una de las dos islas.
La Constitución contempla el derecho a elegir un representante por cada isla que tenga reconocida la autonomía política. Formentera cuenta con un Consejo Insular desde 2007, fecha en la que adquirió el derecho tácito a elegir un senador, pero había que cambiar la Carta Magna y eso se ha materializado 19 años después. En la menor de las pitiusas residen en torno a 12.000 personas de forma fija, aunque en verano la población se dispara de forma exponencial.
En sus conversaciones telefónicas, Gamarra y Bolaños estuvieron de acuerdo sobre la conveniencia de acometer la segunda reforma constitucional de la legislatura y pactaron que se introdujeran una disposición transitoria y una disposición final, según las fuentes. Además, el PSOE aceptó abstenerse para facilitar la aprobación de la enmienda de los populares para que Ibiza no pasara a llamarse «Eivissa» en la Constitución, manteniendo «el texto oficial en castellano».
Por parte del Gobierno, se consultó la reforma con Francina Armengol, pero no como presidenta del Congreso, sino como líder del PSOE balear. En los populares tuvo un papel relevante el diputado José Vicente Marí, presidente del PP de Ibiza, quien defendió que su partido «está con esta Constitución, que nos une a todos», e insistió en que ésta es una reforma puntual.
Esta última acotación hay que resaltarla, porque el único grupo que se opuso a la modificación fue Vox, que cada día asegura que el PP y el PSOE votan juntos en Bruselas y que, en el fondo, «son lo mismo». «El PSOE azul», ha llamado Santiago Abascal a su ex partido. Para el presidente de Vox, ahí radica «la estafa» del PP, en que dialoga y pacta con los socialistas. «Tenemos al lado a dirigentes políticos que a la primera de cambio se ponen de acuerdo con el PSOE», dijo recientemente, en la campaña electoral de Aragón.
Pero lo cierto es que, aunque los puentes no estén del todo demolidos, como ha demostrado la comunicación entre Bolaños y Gamarra -o la llamada del ministro a Ester Muñoz para sondear su apoyo al decreto de rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán-, la relación es mucho más que escasa. Desde luego, nada comparado con los usos y costumbres tradicionales del bipartidismo, que siempre mantuvo cauces de conversación y entendimiento en asuntos de Estado y de política internacional. Cuando menos, en lo relativo a la UE.
La prueba del algodón de esa desconfianza es que Sánchez sigue sin llamar a Feijóo para siquiera comunicarle la política exterior de España en un momento tan delicado como el actual, en el que está en juego el orden mundial tal como lo conocemos en las últimas ocho décadas. Ni siquiera ha habido contacto sobre el cierre del espacio aéreo a los vuelos que participan en la guerra. O sobre el uso de las bases militares de Morón y Rota. «El Gobierno es el primero que con el PP no quiere nada. El muro lo levantaron ellos», subrayan en Génova.
Sánchez no llama a Feijóo desde hace más de un año: la última vez fue el 13 marzo de 2025, cuando lo citó en La Moncloa. El presidente del Gobierno le pidió ayuda para las medidas de apoyo a Ucrania.
El presidente del PP dijo en 2023 que prefería no tener que pactar con Vox y llegar a acuerdos con el PSOE, pero tres años después cree que la «erosión institucional» del «sanchismo» es tal que ya da por imposible todo entendimiento: «No a la guerra y no a usted», sentenció la pasada semana en el Congreso.
Otros cargos de su formación son muy explícitos a la hora de elegir compañero de viaje político y prefieren a Vox. Por ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de Castilla y León, asegura que con el PSOE no hay que ir «ni a la vuelta de la esquina» en términos de gobernabilidad. El aragonés Jorge Azcón añade: «La mano del PSOE es el aguijón del escorpión y si se la cogemos al final nos va a picar». Y María Guardiola descarta un entendimiento con los socialistas porque «lo único que han querido hacer» en Extremadura es «destruir».