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Vox ha elevado el precio de su apoyo al PP para formar gobierno en Aragón y en Extremadura.
Las elecciones en Extremadura y Aragón configuran un renovado contexto para la política autonómica en la que PP y Vox parecen condenados a entenderse. En ambos comicios, los votantes han otorgado a estas formaciones más del 55% de los sufragios, haciendo inviable la opción de un gobierno que no se apoye en un entendimiento entre los partidos que lideran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente.
El presidente de los populares asumió ayer sin complejos este escenario, aunque también es verdad que con escaso entusiasmo. Porque las discrepancias entre estas formaciones se han agravado durante la campaña electoral aragonesa, y para llegar a un pacto será imprescindible que las dos partes estén dispuestas a ceder en sus posturas maximalistas.
Los líderes de Vox no parecen demasiado por la labor a las puertas de unas nuevas elecciones, esta vez en Castilla y León el próximo 15 de marzo, donde aspiran a prolongar la tendencia claramente en alza de los apoyos cosechados en las urnas. Cabe recordar, además, que fue la dirección nacional de este partido la que impuso en julio de 2024 la ruptura de los gobiernos de coalición que PP y Vox habían formado en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia tras las autonómicas de 2023 por su rechazo al reparto de los menores migrantes llegados a Canarias que no llegó a concretarse.
Pero los de Abascal optaron por seguir fuera de los ejecutivos regionales en espera de rentabilizar en las urnas el paso a la oposición. La imposibilidad de aprobar los Presupuestos en Extremadura y Aragón precipitó las elecciones que han vuelto a situar a PP y Vox ante la tesitura de volver a entenderse, algo que sí fueron capaces de hacer en Murcia y Valencia. En estas regiones los de Abascal impusieron un viraje de la política medioambiental y la promesa de que no se acogerán más menores extranjeros llegados de forma irregular.
Ahora Vox ha elevado el precio de su apoyo y exige, además de más consejerías en los ejecutivos de Aragón y de Extremadura, que éstas cuenten con un presupuesto equivalente al de su representación parlamentaria, así como poner coto a los megaparques de renovables, bonificar la compra de vivienda, bajar Sucesiones y eliminar los tributos propios y medioambientales. Pero la cuestión clave es si realmente este partido está dispuesto a volver a la institucionalidad y a ejercer tareas de gobierno de forma responsable y leal.
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