Playa de Babilonia, en Guardamar de Segura, uno de los litorales en litigio de la Comunitat Valenciana. GVA
Alicante Nuevo pulso a Sánchez desde Valencia: las autonomías costeras se organizan para reescribir la Ley de CostasLa Generalitat reúne el 6 de marzo a las comunidades con litoral para formalizar un grupo de trabajo que impulse una nueva Ley de Costas y exija más competencias en la gestión del dominio público.
Más información: La Comunitat Valenciana exige al Gobierno las competencias en su litoral como reconoce el Estatuto de Autonomía
Héctor Fernández Alicante Publicada 2 marzo 2026 06:20hLas autonomías costeras preparan su segunda gran ofensiva política contra la Ley de Costas de 1988. El próximo viernes 6 de marzo, Valencia será la sede de una nueva reunión de las comunidades, con la Generalitat Valenciana como anfitriona, para consolidar un frente común que exige al Gobierno central abrir de una vez la ley estatal y no limitarse a un retoque exprés de su reglamento.
La hoja de ruta es clara: más competencias reales en la gestión del dominio público marítimo‑terrestre y una nueva arquitectura jurídica que compatibilice la protección ambiental con la supervivencia de los núcleos costeros y de la economía ligada al mar.
La ofensiva autonómica empezó a tomar forma a mediados de febrero, a partir de un movimiento del propio Ejecutivo central. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió entonces la consulta pública previa para reformar el Reglamento General de Costas (que tumbó el Tribunal Supremo), pero solo durante el plazo mínimo de 15 días, con el argumento de evitar una condena de la Comisión Europea por el sistema de concesiones en el dominio público marítimo‑terrestre, los conocidos como chiringuitos playeros.
Boicot de PSPV y Compromís a la comisión para desarrollar la Ley de Costas por haber “tumbado” el PativelEl anuncio incluía compromisos relevantes -generalizar el concurso público, acotar prórrogas y revisar la duración de las concesiones-, pero dejaba intacta la Ley de 1988, lo que encendió las alarmas de las comunidades autónomas, que se sienten orilladas en un proceso que afecta directamente a sus playas, puertos, paseos marítimos y sectores productivos.
El primer gran gesto de respuesta llegó el 18 de febrero en Madrid. Galicia reunió en la Casa de Galicia a otras nueve comunidades autónomas con litoral -entre ellas la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Asturias, Cantabria, Murcia y el País Vasco- para fijar una posición común.
De esa cita salió el compromiso de crear un grupo de trabajo político y técnico que empiece a diseñar «con rigor y de forma coordinada» las bases de una nueva Ley de Costas, con una visión integral que incorpore no solo los criterios ambientales, sino también los impactos sociales, urbanísticos y económicos en la franja litoral.
El Gobierno de Sánchez se abre a modificar el decreto de Costas mientras mantiene bloqueada dos años la reforma de la leyEn paralelo a ese movimiento, el Gobierno central reiteró que su prioridad inmediata es cambiar el reglamento antes del verano para cumplir con Bruselas, sin abrir el melón de la ley de 1988. Esa decisión ha terminado de cohesionar a las autonomías, que temen que Madrid cierre el expediente europeo con un simple apaño reglamentario diseñado desde despachos ministeriales, sin tener en cuenta la diversidad de realidades costeras ni las tensiones que se viven en primera línea de playa.
El malestar es doble. Por un lado la falta de diálogo efectivo. De otro, la sensación de que se relega a un segundo plano el debate de fondo sobre el modelo de gestión del litoral en España.
La Comunitat Valenciana se ha situado desde el principio en la vanguardia de ese frente. El Consell ha reclamado públicamente que se haga efectivo el traspaso de competencias en materia de gestión del litoral que reconoce su Estatuto de Autonomía y ha advertido de que no aceptará una reforma del reglamento estatal que ignore el papel de las comunidades.
Al mismo tiempo, la Generalitat ha acelerado su propia agenda con la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, con la que quiere ordenar el litoral desde parámetros propios y dar respuesta a conflictos enquistados como la playa de la Babilonia en Guardamar o los deslindes de Dénia.
Reuniones
Ese doble tablero -frente autonómico y despliegue de la ley valenciana- explica la relevancia política de la cita del 6 de marzo en València. Será la segunda gran reunión del bloque de comunidades costeras, esta vez con la Generalitat ejerciendo de anfitriona y aspirando a consolidar la estructura del grupo de trabajo pactado en Madrid.
La intención es dar carta de naturaleza a un esquema de coordinación estable, con una parte política -consejerías y responsables autonómicos de Costas- y otra técnica, formada por juristas y expertos en ordenación del litoral encargados de elaborar los primeros documentos de bases para una futura reforma integral de la ley.
Las fuentes consultadas dan por hecho que en la agenda de València figurarán, como mínimo, tres bloques. El primero, un repaso al estado de la tramitación del nuevo Reglamento de Costas que impulsa el Ministerio, con especial atención a la letra pequeña sobre plazos concesionales, concursos y prórrogas, ámbitos en los que la presión de la Comisión Europea es más intensa.
El segundo, la fijación de un calendario de trabajo propio del grupo autonómico para elaborar una propuesta compartida de reforma de la Ley de 1988 que pueda trasladarse al Congreso como posición conjunta del arco litoral. Y el tercero, la estrategia de comunicación y presión política sobre Moncloa para forzar una mesa específica de negociación en la que las comunidades no sean meras convidadas de piedra.
En ese contexto, la Generalitat Valenciana aspira a convertir València en algo más que una simple sede logística. El Consell quiere aprovechar la reunión para reforzar la idea de que la Comunitat no solo reclama más autogobierno en la costa, sino que ya ha puesto sobre la mesa un modelo alternativo a través de su propia ley, en el que se combinan figuras de protección etnológica para barrios marineros con instrumentos de ordenación del territorio y del litoral. Esa experiencia pretende utilizarse como escaparate de que otra forma de regular la costa es posible, con más participación de los ayuntamientos, más seguridad jurídica para vecinos y sectores económicos, y una mayor sintonía con la realidad de cada tramo de litoral.