- CEOE exige a la Seguridad Social que la inspección controle las bajas antes del año
- La patronal plantea modificar los complementos salariales de las bajas para mitigar el absentismo
- Airef detecta una "deficiencia estructural" en el control de las bajas laborales
El INSS remite cartas a las patronales para que intermedien con las empresas, y les soliciten que envíen información más prolija sobre el puesto de los empleados para afinar el diagnóstico ante una eventual reincorporación. Un 30% de los partes de baja no se cumplimentan de acuerdo a los mínimos exigidos.
El Gobierno está tratando de explorar todas las vías para mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, y poner así coto al fenómeno de las bajas laborales. El Ministerio de Seguridad Social ha llevado a cabo recientemente una campaña en la que reclama a las empresas más detalles sobre los puestos y labores que desempeñan los trabajadores de baja. El objetivo: que los servicios de salud cuenten con una información más prolija de cara a afinar el diagnóstico ante una eventual reincorporación al puesto de trabajo. Así, con esta información previa disponible los médicos podrán prescribir el alta de los empleados de baja con una mayor concreción, evitando demoras injustificadas y ajustando los tratamientos.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) remitió el pasado mes de marzo una serie de cartas informativas a las patronales solicitando que intermedien con las empresas de los diferentes sectores, reclamando una información más detallada en los partes de baja. Según se explica en una de estas misivas, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, los médicos de atención primaria, médicos de mutuas, inspectores médicos del servicio público de salud e inspectores médicos del INSS no disponen, en muchos casos, de información fiable y detallada sobre el puesto de trabajo desempeñado por el trabajador. Un primer óbice en el proceso de gestión de las bajas que puede resultar en una demora de la reincorporación del trabajador.
Según apuntan fuentes empresariales consultadas por este medio no es la primera campaña que el INSS lleva a cabo en este sentido. Desde enero de 2024, las empresas están obligadas a comunicar al INSS el puesto de trabajo y la descripción de funciones de las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal. Esta información debe remitirse a través del fichero FDI o del servicio Incapacidad Temporal Online del sistema RED. El objetivo de esta medida es facilitar una valoración médica más precisa de la baja y garantizar que el pronunciamiento médico sobre el mantenimiento o el alta médica sea lo más ajustado posible a la realidad del puesto.
Desde la patronal, ven con buenos ojos que la Administración incida en la necesidad de ampliar estas buenas prácticas, ya que aseguran que se pueden agilizar ciertos procesos por el mero conocimiento de los requerimientos de cada puesto de trabajo. Lo que redunda en un menor coste económico y organizativo para las compañías.
Falta de información
Es aquí donde el INSS advierte en las cartas de que en la mayoría de ocasiones la información recibida es demasiado somera. Según el organismo, sólo el 70% de los procesos de incapacidad temporal del pasado año fueron informados por las empresas cumplimentando los campos de "puesto de trabajo" y "descripción de funciones", y, de estos, en numerosas ocasiones la información aportada por el empleador no reúne la calidad requerida, siendo insuficiente y genérica.
"El INSS considera que esta información es esencial para facilitar y optimizar el control de la incapacidad temporal, a través de un correcto diagnóstico por el facultativo médico en cuanto a la limitación o no para el desempeño de cada concreta actividad profesional, más allá de la información general que aporta la clasificación nacional de ocupaciones o el propio trabajador. Lo que redundará, así mismo, en una mejora de la salud del trabajador en relación a la reincorporación a su puesto de trabajo", indica el Instituto en la carta.
El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Social señala en este sentido que existen numerosas empresas que no informan ninguno de los campos, o que consignan descripciones excesivamente genéricas, tales como "las funciones/tareas propias de su puesto".
Duración de las bajas
Todo ello, puede resultar en una demora injustificada de las bajas. Según cifras de las mutuas de accidentes de trabajo, la duración media de los procesos de incapacidad se situó en 2025 en los 42,55 días, ligeramente inferior a la del año anterior pero superior a la registrada hace una década. Lo que sugiere una dificultad de reducir los tiempos de recuperación.
No obstante, las cargas son mayores por el volumen. En 2025 se contabilizaron, según AMAT, un total de 9,16 millones de procesos de baja, experimentando un aumento del 7% respecto al anterior y del 133% respecto a hace una década, es decir, más del doble.
La patronal reclama más controles a los reincidentes
Más allá de que se trate de una campaña de carácter informativo, desde las organizaciones empresariales celebran que el Gobierno esté agudizando las medidas para poner coto a l incremento de la incapacidad temporal y, por ende, al impacto económico que tiene tanto para las empresas como para el Estado. En la mesa de diálogo social abierta en el seno del Ministerio de Seguridad Social, CEOE ha planteado medidas destinadas a embridar los casos más acuciantes. Es decir, los arrogados a los que se denominan como multirreincidentes.
Cabe recordar que el reciente informe de la Airef sobre el sistema de incapacidad temporal en España reveló que los episodios de bajas se encuentran concentrados en un porcentaje reducido de personas, y esta concentración ha aumentado en los últimos años. El 25% de las personas acumulan más de la mitad de los procesos (eran el 51 % en 2017 y ascienden al 55% en 2024). Mientras que el 50% de las personas concentran el 77% de los episodios en 2024, cuatro puntos más que en 2017. Lo que sugiere que un núcleo de beneficiarios concentra una proporción creciente del total de procesos. Sobre estos casos desde la patronal se pide al departamento de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, activar a la Inspección para realizar actuaciones antes de que se cumplan los 365 días de baja -cuando los inspectores médicos pasan a ser los únicos competentes en el proceso- con el propósito de aumentar intensidad de los controles, más allá de los realizados por los servicios de salud y las mutuas.
Cabe recordar en este punto que la factura del absentismo continúa su escalada de manera incesante. El pasado año sumando impacto directo para las empresas y para la Seguridad Social en concepto de prestaciones por incapacidad temporal el coste rondó los 33.000 millones de euros. Las arcas del estado cargaron con algo más 18.500 millones. Y por si fuera poco, en el primer trimestre del año se observa un nuevo avance que proyecta un desembolso récord para el conjunto de 2026. Mientras que desde AMAT apuntan que se está produciendo un aumento de la factura directa para las empresas del 7% entre los meses de enero y marzo (que roza ya los 2.500 millones de euros), la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social arroja un incremento del coste de las prestaciones por incapacidad temporal del 14,4%, superando los 4.600 millones.
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