Diego Pérez de los Cobos, durante los cursos de verano del CEU | María Cristina, donde habló del peligro de las interferencias orgánicas de la política en las investigaciones judiciales llevadas a cabo por la Policía Judicial. CEU Cedida
España Pérez de los Cobos ve una "letal amenaza" en la presión política a la UCO y teme que el Gobierno cambie la ley para desprotegerlaEl coronel de la Guardia Civil en estado de reserva cree que "el sistema manda el mensaje de que quien no informa hacia arriba puede pagar el precio".
Más información: El ataque de Pérez de los Cobos al Gobierno lleva la polémica a la Guardia Civil: del "apoyo total" al "cruza una línea roja".
David G. Maciejewski San Lorenzo de El Escorial Publicada 14 julio 2026 20:28h Actualizada 14 julio 2026 20:40h Las clavesLas claves Generado con IA
La corrupción que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez entró este martes, el mismo día de la condena a su hermano David a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en los Cursos de Verano del CEU-María Cristina por intermediación del coronel de la Guardia Civil en estado de reserva Diego Pérez de los Cobos.
Durante la conferencia El deber de reserva de la Policía Judicial, celebrada en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Pérez de los Cobos se preguntó quién manda realmente sobre los guardias civiles y los policías que investigan un delito cuando sus pesquisas alcanzan las proximidades del poder.
La cuestión atravesó una conferencia sobre la separación de poderes, pero inevitablemente marcada por el caso Leire, donde el juez Santiago Pedraz investiga una supuesta operación para obtener información contra fiscales y agentes, desacreditar a miembros de la UCO y desestabilizar procedimientos que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente.
La telaraña de Leire Díez: las relaciones de alto nivel de la 'fontanera' del PSOE descartan que fuera un 'Pequeño Nicolás'Con Adolfo Suárez Illana entre los asistentes, Pérez de los Cobos situó el origen de su respuesta en la Constitución de 1978.
El artículo 126 establece que la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal. Pero esa dependencia es funcional: el juez decide qué debe investigarse. La carrera del investigador, sus destinos, ascensos, retribuciones, expedientes y medios continúan en manos de la cadena orgánica y, en última instancia, del Ministerio del Interior.
"Quien dirige la investigación no controla la suerte profesional del investigador, y quien controla esa suerte profesional no dirige ni debe dirigir la investigación", resumió Pérez de los Cobos.
Esa asimetría es, a su juicio, "la grieta por la que se cuela todo el problema" que hoy afecta a unidades como la UCO, avasallada por innumerables presiones políticas.
El coronel Diego Pérez de los Cobos a su llegada al funeral por el vigésimo aniversario del 11-M, en la Catedral de la Almudena, a 11 de marzo de 2024, en Madrid. Europa Press
La Policía Judicial se encuentra así sometida a "dos amos": por una parte, la dirección funcional del juez; por otra, la autoridad orgánica de sus superiores policiales y del poder político.
"Entre esas dos dependencias aparece la tensión", que se vuelve crítica cuando ambos centros de poder desean cosas distintas: el juez ordena mantener una investigación en reserva y el mando orgánico pretende conocer qué se está investigando, contra quién y con qué resultados. Es decir, utiliza su "autoridad orgánica" para "penetrar" en las pesquisas.
"El problema no surge porque la Policía Judicial tenga una doble dependencia. El problema surge cuando una de esas dependencias se utiliza para neutralizar, condicionar, conocer indebidamente o interferir en la otra".
Para Pérez de los Cobos, el deber de mantener en secreto la investigación no es una obligación menor ni una cuestión de cortesía procesal. "Es una garantía institucional al servicio de la independencia de la investigación penal".
Diego Pérez de los Cobos, durante los cursos de verano del CEU | María Cristina, donde habló del peligro de las interferencias orgánicas de la política en las investigaciones judiciales llevadas a cabo por la Policía Judicial. CEU Cedida
No protege únicamente un sumario o una operación policial concreta, sino "la posibilidad de que el delito pueda ser investigado incluso cuando sus responsables estén cerca del poder".
El coronel insistió en que las presiones políticas rara vez se presentan como una orden manifiestamente ilegal. Suelen aparecer envueltas en "argumentos razonables y bien construidos": la obligación de informar a los superiores, la necesidad de coordinar los servicios o el supuesto deber de facilitar datos para que una unidad reciba más medios.
El riesgo, explicó, es que esos argumentos administrativos se conviertan en una "sofisticada coartada" para acceder al contenido de investigaciones judiciales reservadas.
"No hace falta una orden por escrito para condicionar una investigación", advirtió. Puede bastar una llamada, una insinuación sobre la falta de lealtad de un mando o la advertencia implícita de que el silencio tendrá consecuencias profesionales.
Mercedes González, la socialista "con pedigrí" en la Guardia Civil y "amiga" de Leire: encadena 10 cargos desde ZP a SánchezTambién puede utilizarse el control de los recursos: retirar agentes, vehículos, herramientas o tiempo a una unidad que investiga un asunto incómodo.
La presión contra los investigadores resulta todavía más difícil de combatir, añadió, cuando no procede directamente de un cargo político, sino de la propia "cúpula uniformada".
Pérez de los Cobos alertó de que el Gobierno puede lograr "alinear con sus intereses" con los máximos responsables policiales.
El coronel aludió a las informaciones reservadas abiertas contra mandos de unidades como la UCO o la UDEF mientras investigaban asuntos con consecuencias políticas.
La UCO halló en el despacho del DAO el expediente a los agentes que incluyeron en el 'caso David Sánchez' el correo de BegoñaEn la actualidad, la Audiencia Nacional investiga si se utilizaron mecanismos internos de la Guardia Civil para presionar o intimidar a mandos de la UCO que trabajaban en causas sensibles para el Gobierno y el PSOE.
En esa causa se encuentran investigados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
Las pesquisas analizan también los contactos de González con Leire Díez y las informaciones reservadas abiertas contra miembros de la unidad.
El anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, aparece además señalado en las declaraciones del exjefe de la UCO Rafael Yuste, quien relató las presiones recibidas para que los investigadores "no fueran proactivos" en determinados procedimientos de repercusión política.
Cuando colaborar con la cloaca del PSOE se premia: el destino dorado de Leonardo Marcos en EEUU tras obstaculizar a la UCOPérez de los Cobos evitó pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los afectados. "No juzgo a nadie, y menos en causas abiertas", precisó.
Sin embargo, consideró que la existencia misma de esas investigaciones contra altos mandos de la Guardia Civil demuestra que el conflicto entre la dependencia judicial y la orgánica ha dejado de ser una posibilidad teórica.
"En mis 42 años de experiencia en la Guardia Civil nunca he conocido ninguna información reservada a un coronel mandando una unidad de investigación, ni mucho menos tres en poco tiempo".
El propio cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madridconstituye, según explicó, uno de los precedentes más claros. El coronel fue destituido en mayo de 2020 después de negarse a informar a Interior sobre una investigación judicial relacionada con las manifestaciones del 8-M. La magistrada había ordenado expresamente que la información no se trasladara a la cadena de mando.
Pérez de los Cobos, en una imagen de archivo.El Tribunal Supremo terminó anulando su cese y dándole la razón. Pérez de los Cobos rechazó convertir la conferencia en un ajuste de cuentas personal, pero advirtió del mensaje que aquella decisión pudo transmitir al resto del cuerpo.
"El sistema ha mandado una señal peligrosa: quien no informa hacia arriba, puede pagar el precio".
El coronel rebatió también uno de los argumentos utilizados habitualmente para justificar que la información circule hacia la cúpula política: "Un ministro no puede enterarse por la prensa".
Pérez de los Cobos calificó esa idea de "insólita" y "peligrosísima". Admitió que un ministro puede querer conocer lo que sucede dentro de su departamento, pero sostuvo que esa comodidad política nunca puede situarse por encima de la integridad de una investigación judicial.
El Tribunal Supremo desautoriza a Marlaska y declara ilegal el cese del coronel Pérez de los Cobos"Vale más que un ministro se entere por la prensa de una investigación correctamente reservada a que esa investigación se contamine para evitarle al ministro un sobresalto", sentenció.
"Información de gestión, sí. Información de instrucción reservada, no", zanjó.
Hacia el final de su ponencia, el coronel reservó su advertencia más severa para el borrador del nuevo artículo 539 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que a su juicio introduce "gateras" para el control político.
Pérez de los Cobos desgranó los tres niveles de secreto que hoy protegen una investigación: la discreción ordinaria del funcionario, el secreto de sumario formal y la "reserva específica", que ocurre cuando un juez ordena de manera expresa a la Policía Judicial guardar silencio ante sus propios superiores orgánicos para evitar filtraciones.
Pérez de los Cobos, durante la charla de los cursos de verano del CEU. CEU
El peligro del texto propuesto por el Gobierno, leído durante la conferencia, es que restringe la protección del agente únicamente a las causas bajo decreto de secreto de sumario.
"Los funcionarios policiales deberán guardar secreto sobre las investigaciones que les hayan sido encomendadas, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos. ¡Cuidado! Sin perjuicio de comunicar a sus superiores todo lo relativo a la ordenación de los servicios, control y provisión de medios".
"El deber de secreto no impedirá el intercambio de información para la mejor coordinación y eficacia de los servicios policiales ni la transmisión de información a los centros nacionales e internacionales de coordinación policial, salvo cuando al decretarse el secreto de la investigación se haya prohibido expresamente".
Al eliminar de facto el paraguas legal de la reserva específica, ha argumentado Pérez de los Cobos, los investigadores quedarán desprotegidos frente a las exigencias de información de la cadena de mando en cualquier otro escenario.
"La Policía Judicial sirve a la justicia, no a la conveniencia del poder", recalcó el coronel, alertando que lo contrario, las interferencias, suponen una "amenaza letal" para la separación de poderes.
Para Pérez de los Cobos, el blindaje constitucional es inútil si se permite fiscalizar o contaminar la obtención de los indicios en el eslabón policial.
"De nada sirve tener un Tribunal Supremo con unos magistrados excelentes [...] si quien debe aportar los indicios en los que se van a sustentar las pruebas que condenan o absuelven, ese instrumento previo que es la Policía Judicial, están contaminados por una necesidad de saber o por una injerencia procedente de alguien cercano a quien va a ser enjuiciado".