La Junta de Castilla-La Mancha ha autorizado la interposición de un recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que supondrían un recorte del agua trasladada al Levante español. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha lamentando el "duro" trance de tener que denunciar en los tribunales "con importantes consecuencias" a un Gobierno "del mismo partido político".
Según el barón socialista más crítico con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la "falta de cumplimiento" de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río que discurre por su comunidad podría entenderse por muchos servicios jurídicos incluso como "delito ecológico". En este sentido ha precisado que han dado "más de un año de margen" para la ejecución de los fallos pero que, finalmente, han tenido que tomar una decisión "práctica y clara".
"Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un Gobierno que es de su mismo partido político", ha reivindicado Page, informa Europa Press. En todo caso, ha confiado en que haya "solución" para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a "retirar el pleito".
Por su parte, el líder del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha censurado que Page "vuelve a demostrar su hipocresía" al "exigir solidaridad territorial mientras la niega con el agua". En mensaje en su cuenta oficial de X, el también delegado autonómico del Gobierno ha asegurado que tiene claro que "por encima de todo" él defenderá los intereses de su comunidad y ha recalcado que el recurso planteado por su compañero de partido "desmonta el cuento" del presidente murciano, el popularFernando López Miras, "sobre el recorte del trasvase".
Según el Gobierno de Page, su demanda se sustenta en el "balance hídrico negativo que se está produciendo" como consecuencia del traslado de agua a la cuenca del Segura y debido a "un daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de Castilla-La Mancha de la Red Natura 2000". También asegura que ha detectado "irregularidades en los volúmenes de agua de caudales ecológicos establecidos para el año 2025".