El juez reclama nuevas cuentas y movimientos bancarios después de que la Guardia Civil detectara lagunas millonarias en la información enviada por las autoridades lusas
Regala esta noticia Añádenos en Google Víctor de Aldama, durante una comsión de investigación en el parlamento balear. (EP)Javier Arias Lomo y Melchor Sáiz-Pardo
29/09/2026 a las 07:14h.La investigación judicial sobre la trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el sector de los ... el La Guardia Civil sitúa el entramado empresarial bajo la dirección de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, Víctor de Aldama y María Luisa Rivas Ruiz-Capillas, situando a la firma Villafuel como el eje central de las operaciones en España. La investigación sostiene que la organización articuló dos estructuras plenamente diferenciadas: la primera orientada a la ejecución del fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro del mercado del combustible, y una segunda diseñada específicamente para la posterior transformación y ocultación de las ganancias ilícitas. El perjuicio total causado a las arcas públicas por el fraude del IVA se sitúa, en las estimaciones iniciales vertidas en la causa, en 182,5 millones de euros El perjuicio total causado a las arcas públicas por el fraude del IVA se sitúa, en las estimaciones iniciales vertidas en la causa, en 182,5 millones de euros. En esta operativa de ocultación, Portugal jugó desde el primer momento un papel instrumental relevante. Aunque las primeras estimaciones policiales cifraban en 68,6 millones los montantes desviados al país vecino, el posterior estudio pormenorizado de los flujos bancarios elevó el volumen final identificado por encima de los 78,3 millones de euros. El análisis de la contabilidad revela discrepancias de calado entre los registros españoles y lusos. En el caso de Villafuel, la UCO rastreó envíos desde sus cuentas en España hacia sus propias cuentas en Portugal por un importe de 36.321.675,74 euros. No obstante, las autoridades portuguesas informaron de que en las cuentas receptoras de la compañía en su territorio ingresaron 50.316.663,74 euros. Existe por tanto un desfase de 14 millones de euros en favor de la cuenta portuguesa cuyo origen exacto no consta registrado en la documentación recibida. Los investigadores han acotado dicho descuadre a cinco transferencias específicas: 1 millón de euros el 31 de julio de 2023; 5 millones el 19 de octubre; otros 5 millones al día siguiente, 20 de octubre; 1 millón el 24 de octubre; y 2 millones de euros el 6 de noviembre del mismo año. La Guardia Civil remarca que la entrega incompleta del catálogo de cuentas lusas de Villafuel «imposibilita la plena identificación del origen» de estas transferencias. El segundo gran descuadre detectado afecta a la mercantil EF Iber Combustíveis, calificada por la UCO como una pieza «primordial» del entramado instrumental en territorio portugués El segundo gran descuadre detectado afecta a la mercantil EF Iber Combustíveis, calificada por la UCO como una pieza «primordial» del entramado instrumental en territorio portugués. La sociedad fue constituida originalmente por Claudio Rivas y estuvo administrada desde abril de 2022 por Pedro Antonio Marín Alba, administrador de Villafuel, contando además con la participación como socio de la firma Still Growing, matriz de Villafuel.Los agentes han acreditado que desde Still Growing se emitieron 3,059 millones de euros con destino a EF Iber. Sin embargo, la documentación aportada hasta el momento por Portugal no permite rastrear el destino posterior dado a más de 14 millones de euros que salieron de las cuentas de esta firma. Para salvar este vacío, la Audiencia Nacional ha solicitado expresamente el detalle de los movimientos bancarios que esta compañía mantenía en Banco Santander Totta, Abanca y Novo Banco. Con el objetivo de cerrar estos vacíos de información, la orden tramitada a las autoridades lusas demanda el detalle integral de las cuentas no informadas, incluyendo la identidad de titulares, apoderados, extractos con contrapartidas y el desglose de transferencias nacionales e internacionales. Asimismo, Pedraz reclama información precisa sobre el saldo total bloqueado de forma efectiva. La UCO ya había instado en una orden anterior el embargo preventivo de los activos de la red, pero las autoridades portuguesas no detallaron el alcance final del bloqueo. En el caso de que la inmovilización de bienes no se hubiese materializado, el juez exige que se ejecute de inmediato y se certifique el volumen económico retenido. La orden extiende las pesquisas a posibles alertas bancarias por blanqueo, registros SWIFT, cobros en efectivo superiores a 1.000 euros e historial de banca digital. Los dictámenes de la Guardia Civil indican que Portugal no actuaba como destino final, sino como un eslabón intermedio para dispersar el dinero. Desde allí, parte de los fondos volvía a España, otra parte era convertida en criptoactivos y un tercer bloque continuaba hacia terceros países. Así, constan envíos desde suelo portugués hacia España, Hong Kong, Italia y Alemania. Destaca una transferencia de 500.000 euros realizada desde la cuenta de la sociedad Diálogo Erudito con destino a la mercantil Jiahe Wanji Mining Limited, en Hong Kong. La Fiscalía apunta a que este movimiento buscaba la «deslocalización de los ingresos» para trabar el rastreo policial.En paralelo, se ha documentado el retorno de fondos a España a través de la mercantil portuguesa Agarrobvio Unipessoal, de la que salieron 765.745 euros. Petición de saldos y bloqueos
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