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Begoña Gómez en su comparecencia en la Asamblea de Madrid Efe Peinado hace firme hoy su decisión de llevar a Begoña Gómez ante un juradoEl juez ha citado a las doce de este Miércoles Santo a la mujer de Sánchez para comunicarle su nueva situación, aunque es muy probable que la imputada no aparezca
Miércoles, 1 de abril 2026, 09:32
... los juzgados de Plaza de Castilla a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con el fin de notificarle formalmente su determinación de que un tribunal del jurado sea el encargado de juzgar la causa abierta en su contra. Esta comparecencia, obligatoria según lo estipulado en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se hace extensiva a los otros dos investigados en el procedimiento: su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.Pese a la relevancia que el controvertido instructor quiere dar a este trámite, se prevé que la jornada transcurra sin la presencia física de los investigados en las dependencias de Plaza de Castilla. Siguiendo el precedente de las dos convocatorias anteriores, ni Begoña Gómez ni el resto de encausados tienen previsto acudir al juzgado, delegando la representación en sus letrados.
De hecho, fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que no se ha solicitado ningún dispositivo de seguridad especial para la mañana del miércoles, reforzando la tesis de que la participación de Gómez se limitará a su representación legal, encabezada por el exministro del Interior socialista Antonio Camacho. Las defensas se amparan en una circular de la Fiscalía de 1995 que avala que solo acudan los abogados a este tipo de vistas, entendiendo que el derecho a ser informado no conlleva una obligación de asistencia personal.
Llegada a Moncloa
En el núcleo de la argumentación de Juan Carlos Peinado para transformar las diligencias previas en un procedimiento de jurado se encuentra el análisis de la carrera profesional de Begoña Gómez. El instructor señala como un punto «verdaderamente trascendental» el matrimonio de la investigada con Pedro Sánchez en 2006 y su posterior llegada a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018. Según el magistrado, a partir de ese hito se produjo un cambio «inmediato y significativo en su trayectoria profesional», pasando de una vinculación con el sector privado en el Grupo Inmark a una posición en la que habría existido un «aprovechamiento de su proximidad al presidente del Gobierno para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones».
El auto judicial que ha servido a Peinado para intentar sentar en el banquillo ante un jurado a la esposa del presidente está el argumento de que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid que dirigió la imputada funcionó como el epicentro desde el cual «se habrían urdido el resto de actividades» bajo sospecha. Peinado afirma que existen indicios de que Gómez hizo valer su condición de esposa del jefe del Ejecutivo para mantener una «interlocución singular» con responsables universitarios y patrocinadores. En este esquema, el juez otorga un papel relevante a Juan Carlos Barrabés, quien habría mantenido reuniones con Gómez en el Palacio de la Moncloa, y a la asesora Cristina Álvarez, de quien sospecha que realizó tareas de la «esfera privada» de Gómez mientras percibía un sueldo público como directora de programas de Presidencia.
Frente a la tesis del instructor, la representación de Begoña Gómez interpuso un recurso de reforma en el que solicita el sobreseimiento de la causa y acusa al juez de mantener una «voluntad inquebrantable» de proseguir con la investigación pese a la supuesta ausencia de indicios. El letrado Antonio Camacho calificó de «absolutamente incorrecto» el argumento sobre el giro profesional de 2018, recordando que su representada ya dirigía un máster en la Universidad Complutense desde el año 2014, mucho antes de que su marido fuera presidente.
«Datos falaces»
La defensa reprochó al magistrado el uso de «datos falaces» e interpretaciones forzadas. Así, argumentó que la relación con Barrabés no tuvo trascendencia económica para Gómez, dado que la dirección de la cátedra no era remunerada y los fondos de los patrocinadores se integraban en el patrimonio de la universidad. Respecto a las reuniones en la residencia oficial de Moncloa, el alegato las tildó de «anecdóticas», justificando que los encuentros con el rector de la Complutense se celebraron allí debido a que la Escuela de Gobierno estaba cerrada por las restricciones de la pandemia en julio de 2020.
Asimismo, sobre la imputación por malversación relacionada con la asesora Cristina Álvarez, el recurso advertía que la interpretación del juez «supondría que el personal de servicio de La Moncloa cometería un delito por servir la comida» a la investigada. La defensa concluía que se está vulnerando el derecho al juez imparcial al forzar un juicio ante un jurado popular en un asunto con una altísima carga mediática, lo que a su juicio podría contaminar cualquier veredicto futuro.
Este nuevo paso procesal se produce en un horizonte marcado por la jubilación del magistrado, quien alcanzará los 72 años el próximo mes de septiembre. Dado el volumen de recursos pendientes ante la Audiencia Provincial, cuya resolución suele demorarse varios meses, existe la posibilidad de que la fase de instrucción no esté concluida para cuando Peinado deba abandonar el ejercicio legal.
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